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Sede de Vivo en São Paulo / REUTERS
Los accionistas de Portugal Telecom (PT) esperan sortear el veto gubernamental del miércoles, y cerrar la venta de Vivo a Telefónica después de la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia, con sede en Luxemburgo, que el próximo 8 de julio declarará ilegal, según todos los indicios, la acción de oro ejercida por el Estado portugués.
Las llamadas acciones de oro son los instrumentos que han empleado muchos Estados para proteger sus empresas públicas tras el proceso de privatización que se inició en Europa a finales de los años ochenta y principios de los noventa. Los Gobiernos pensaban que dada la importancia económica y social de los servicios que prestaban estas empresas no podían dejarse sin protección.
Los españoles que estos días están recibiendo las facturas de la luz, el agua, el teléfono o el gas se han dado de bruces con la tan traída y llevada subida del IVA: el gravamen ha pasado del 16% al 18% en todo recibo emitido a partir de julio, aunque corresponda a consumos de junio, de mayo o antes.
"Inasumible", "inaceptable", "vacía de poder las cajas". En Alicante, en los últimos días, solo se escuchan voces indignadas contra Manuel Menéndez, presidente de Cajastur y futuro consejero delegado del SIP (Sistema de Protección Institucional) que acordó junto con la Caja Mediterráneo (CAM) más las de Extremadura y Cantabria a finales del pasado mes de mayo.
Rodrigo Rato y José Luis Olivas, presidentes de Caja Madrid y Bancaja, acudieron juntos ayer al Palau de la Generalitat, en Valencia, en la primera visita institucional de los siete presidentes de las cajas implicadas en la fusión fría que han constituido con las cajas de ahorros de Canarias, Segovia, Ávila, La Rioja y Caixa Laietana. Rato invitó a Olivas a pasar por delante.
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