AMENAZA DE GUERRA
El presidente mexicano, Vicente Fox, ha esquivado las gestiones de José María Aznar para conseguir que se sume a la posición de Estados Unidos sobre la guerra contra Irak, pero el presidente del Gobierno español quiere seguir en primera línea, con Washington, para forjar un acuerdo internacional que pueda ser asumido por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
El debate en España
El Gobierno rechazó ayer la propuesta de la oposición de convocar un pleno del Congreso para la próxima semana en el que se someta a votación su posición en el Consejo de Seguridad de la ONU. El vicepresidente primero, Mariano Rajoy, argumentó que ningún país ha anticipado su posición para no ir "atado" a esa reunión.
La conmoción causada por el cierre del periódico Egunkaria se trasladó ayer al pleno del Parlamento vasco, que transcurrió atravesada desde el principio por gestos de protesta, insultos -"asesinos" y "fascistas", se dijeron- y momentos de tensión tanto dentro como fuera de la sala.
El Parlamento vasco rechazó ayer las reformas penales puestas en marcha por el Gobierno con el aval del PSOE para endurecer las condiciones de acceso a la libertad provisional y aumentar la pena máxima de 30 a 40 años, porque no tienen nada de "democráticas" y suponen un "hachazo" al sistema de derechos fundamentales y libertades públicas.
JUAN MANUEL PARDELLAS | Santa Cruz de Tenerife
Los 20 inmigrantes de la barca que afirman que estuvo dos semanas a la deriva contactaron tres veces con el 112, pero no pudieron precisar su localización
CATÁSTROFE ECOLÓGICA
MARÍA ANTONIA IGLESIAS | Madrid
La contestación social
El secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, encabezará la delegación del PSOE en la manifestación organizada por Nunca Máis y otros colectivos, y Gaspar Llamazares, la de Izquierda Unida. Los políticos irán en segundo plano, tras las organizaciones sociales.
Un juez de Madrid ha imputado por conspiración para el asesinato a siete personas -entre ellas, el abogado gallego Pablo Vioque- como supuestos miembros de una banda que quería matar al fiscal antidroga de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, y otras tres personas.
La Sala Penal del Tribunal Supremo ha llamado la atención de los poderes ejecutivo y legislativo sobre la "necesidad (...) de una regulación específica y detallada de las escuchas telefónicas que, garantizando los derechos constitucionales y, sobre todo, la intimidad y el derecho de defensa, nos dé unas pautas legales a las que debe ajustarse esta diligencia".