Dos años de la matanza de Uvalde: las familias buscan justicia ante el desastre de la respuesta policial

Los aniversarios de las tragedias siempre traen de vuelta los fantasmas. La tarde de este jueves, solo horas antes de que la matanza de Uvalde cumpla dos años, Brett Cross recordaba las últimas horas de su hijo, Uziyah Garcia, de 10 años. “Le dije que se fuera a la cama. Estaba sentado en la mesa de la cocina, viendo YouTube en su teléfono. Lo abracé y lo despeiné”, contaba Cross, quien se ha convertido en un rabioso activista en contra de las armas de fuego después de que un rifle AR-15 rompiera su familia dentro de las aulas ...

Los aniversarios de las tragedias siempre traen de vuelta los fantasmas. La tarde de este jueves, solo horas antes de que la matanza de Uvalde cumpla dos años, Brett Cross recordaba las últimas horas de su hijo, Uziyah Garcia, de 10 años. “Le dije que se fuera a la cama. Estaba sentado en la mesa de la cocina, viendo YouTube en su teléfono. Lo abracé y lo despeiné”, contaba Cross, quien se ha convertido en un rabioso activista en contra de las armas de fuego después de que un rifle AR-15 rompiera su familia dentro de las aulas de la escuela primaria Robb.

Las familias de los 19 estudiantes de cuarto grado y dos maestras asesinadas la mañana del 24 de mayo de 2022 siguen buscando justicia. Esta semana han dado a conocer un acuerdo con el Gobierno de Uvalde. El monto de la indemnización es pequeño comparado con la magnitud de una de las peores tragedias de la violencia armada en el país. El dinero representa la cifra del seguro de la ciudad. Este es solo el punto de partida a una larga batalla judicial que apunta directamente a la desastrosa respuesta de múltiples corporaciones policiales.

Los agentes llegaron a la escuela pocos minutos después de que el tirador, Salvador Ramos, de 18 años, entrara con un rifle de alto poder a la escuela primaria de la comunidad, de mayoría hispana. En total, 376 agentes armados respondieron al llamado de emergencia hecho desde el interior del centro educativo.

“¿Cuál era esa batalla que se estaba librando en esta escuela?”, preguntó el miércoles el abogado de las familias, Josh Koskoff. “Debió haber sido un adversario enorme y muy numeroso, de mucha fuerza. No lo fue. Era un adolescente menudo. 376 contra 1. En el papel no quedan dudas de quién debió vencer aquella mañana”, aseguró.

Rodeado de madres, padres y hermanos, Koskoff ha explicado que a dos años de los hechos no se ha llevado a cabo ninguna acción disciplinaria contra los cientos de uniformados que formaron parte de la respuesta armada. Allí estuvieron policías de la ciudad, del condado, del Departamento de Seguridad Interior, de la Patrulla Fronteriza, del Estado de Texas, los marshalls y hasta la DEA. “Literalmente, si puedes nombrar una fuerza de seguridad, estaba allí”, aseguró el abogado.

La terrible coordinación entre las corporaciones permitió que Ramos estuviera dentro de la escuela con un rifle de alto poder por 77 minutos y ante niños indefensos. Un durísimo reporte del Departamento de Justicia, hecho público en enero, subraya los numerosos errores de los agentes. Varios de ellos no siguieron el entrenamiento de cómo responder a un tirador activo en una escuela. El coordinador de la operación, por ejemplo, olvidó su radio e intentó dar respuesta a la emergencia por teléfono celular.

Esto ha llevado a los familiares de las víctimas a presentar una demanda federal contra 92 policías estatales que formaron parte del inmenso despliegue. La acción judicial tiene como objetivo ganar 500 millones de dólares como compensación ante los errores de los tres niveles de Gobierno.

Koskoff tiene experiencia litigando este tipo de casos. Es el abogado que representó a las familias de la matanza escolar de Sandy Hook, Connecticut, donde fallecieron 20 menores y seis adultos el 14 de diciembre de 2012. Una década más tarde, el letrado consiguió para las familias una histórica compensación de 73 millones de dólares de parte de Remington, el fabricante del arma con la que se perpetró la masacre. El caso se convirtió en un parteaguas para la lucha por la regulación de armas en Estados Unidos.

La demanda dirigida a las autoridades de Texas es también un pulso con el Gobierno local, comandado por el ultraconservador Greg Abbott. “Este, a lo largo de dos años, se ha encargado de culpar a los demás”, aseguró el abogado, quien apuntó a un encubrimiento del poder estatal.

En su acuerdo con las familias, la ciudad se ha comprometido también a establecer mejores estándares en el entrenamiento de sus policías, mejor coordinación y que la carga en eventos de violencia armada recaiga sobre las autoridades y no sobre las víctimas. También se creará un monumento a los menores y a las maestras en una de las plazas centrales del pueblo. Las familias han subrayado la cooperación de las autoridades de Uvalde en un proceso de “restauración de justicia” que no tiene que ver con dinero y que muestra “compasión y respeto” a las víctimas.

La tragedia ha cambiado profundamente a Uvalde. Los familiares de los menores se han convertido en activistas y ha hecho que otros entren en política. Hace algunos días, Jesse Rizo, el tío de Jackie Cazares, una niña de nueve años que falleció, asumió un cargo en la Junta Escolar del distrito. Fue elegido con la promesa de velar para que nunca se repita lo ocurrido.

Vigilia y empatía presidencial

La Administración Biden ha enviado este jueves a Uvalde al funcionario encargado de prevenir la violencia armada. Robert Wilcox acompañará a las familias en la vigilia que se celebra en la comunidad para conmemorar el segundo aniversario de los hechos. La presencia de Wilcox es un gesto de compromiso del presidente con la causa de la regulación de armas. En los meses posteriores a la matanza, el mandatario demócrata promulgó la ley que refuerza la verificación de antecedentes cuando los compradores sean menores de 21 años y exige un examen exhaustivo de los registros juveniles a partir de los 16 años, incluidos los de salud mental.

La propuesta original de Biden había sido prohibir las armas de asalto, pero la profunda división que hay en el Congreso sobre la Segunda Enmienda, que avala la compra y portación de armas, llevó a la iniciativa a dormir el sueño de los justos auxiliado por el lobby de las empresas de armas y los políticos republicanos que reciben dinero de este. “Continúo mi llamado al Congreso para prohibir este tipo de armas y los cargadores de alta capacidad”, aseguró Biden en una carta este jueves. “Tenemos un largo camino frente a nosotros, pero la valentía, fuerza y resiliencia que las familias de Uvalde han mostrado enfrentando una pérdida tan grande es lo que nos recuerda que podemos unirnos como país y adoptar acciones de sentido común para salvar vidas”, escribió el presidente.