Elecciones en México 2024: resumen del 8 de febrero

El magistrado Felipe de la Mata Pizaña aclaró en una rueda de prensa que es posible invalidar las elecciones si se demuestra ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la intervención del crimen organizado. Sin embargo, aclaró que es necesario anticiparse a cualquier incidente y establecer protocolos de protección durante las campañas y jornada electoral. “Tienen que tomarse las decisiones necesarias para que esos eventos no suced...

El magistrado Felipe de la Mata Pizaña aclaró en una rueda de prensa que es posible invalidar las elecciones si se demuestra ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la intervención del crimen organizado. Sin embargo, aclaró que es necesario anticiparse a cualquier incidente y establecer protocolos de protección durante las campañas y jornada electoral. “Tienen que tomarse las decisiones necesarias para que esos eventos no sucedan. Tiene que haber una especie de profilaxis, es decir, identificar la posibilidad de que haya en un determinado lugar un evento de este tipo y que se tomen las decisiones que tengan que tomarse”.

Estas declaraciones surgen como respuesta a la denuncia por parte de la oposición, que considera insuficientes las medidas de seguridad implementadas por el Instituto Nacional Electoral (INE). “No hay cosa que vulnera más un proceso electoral que la intervención del crimen organizado, y por eso es que hoy estoy aquí presente, pidiéndole al INE que tome todas las medidas y además haga responsable al Gobierno federal de cualquier intervención del crimen organizado en este proceso”, dijo el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés. De acuerdo con el magistrado de la Mata, la anulación procedería como último recurso, ya que si llega a ser necesario se habrá “fracasado como organización electoral”.

Un antecedente son las elecciones de Michoacán de 2021, en las que se detectó la presencia de hombres armados presionando a las personas que acudieron a votar. Las casillas de los municipios de Múgica, Gabriel Zamora, La Huacana y Nuevo Urecho fueron inhabilitadas, pero no se anularon las elecciones estatales porque el TEPJF no consideró que hubo “violencia electoral generalizada”.

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