Las agresiones a políticos se disparan e igualan las registradas en el mismo periodo de la campaña de 2018

Unos 234 candidatos han pedido protección y se han abierto investigaciones en 92 casos

Escena del lugar donde fue asesinada a tiros Ivonne Gallegos, precandidata para alcaldesa de Ocotlán de Morelos, en Oaxaca, el pasado 20 de marzo.Daniel Ricárdez (EFE)

Los ataques y asesinatos a políticos sitúan ya esta campaña electoral en la segunda más violenta desde el año 2000, con 79 víctimas mortales hasta finales de abril, 13 más que el mes anterior. Y las agresiones han pasado de 262 a 476 en el mismo periodo, lo que supone un 64% más que en la convocatoria de 2017 y 2018, cuando se registraron 152 decesos. Son cifras del cuarto informe de Etellekt Consultores tomando como fecha de partida el 7 de septiembre del 2020 y con datos cerrados a finales de abril de este año. Es por el número de agresiones, donde se incluyen no solo homicidios, sino amenaz...

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Los ataques y asesinatos a políticos sitúan ya esta campaña electoral en la segunda más violenta desde el año 2000, con 79 víctimas mortales hasta finales de abril, 13 más que el mes anterior. Y las agresiones han pasado de 262 a 476 en el mismo periodo, lo que supone un 64% más que en la convocatoria de 2017 y 2018, cuando se registraron 152 decesos. Son cifras del cuarto informe de Etellekt Consultores tomando como fecha de partida el 7 de septiembre del 2020 y con datos cerrados a finales de abril de este año. Es por el número de agresiones, donde se incluyen no solo homicidios, sino amenazas, atentados contra familiares, ataques a colaboradores, secuestros, extorsiones, por lo que la consultora afirma que “la violencia se ha disparado”.

Hace unas semanas, el Gobierno anunció un proyecto para proteger a los candidatos, pero sin grandes detalles. Hablaron de que 234 habían pedido protección y que se abrieron investigaciones en 92 casos. “Eso quiere decir que el resto puede que no tenga protección permanente, solo momentánea para moverse en un momento puntual a un sitio conflictivo. Y también hay que tener en cuenta que muchos no denuncian la situación porque desconfían de las Fiscalías, porque piensan que pueden estar involucradas en estos ataques y no quieren hacerles partícipe de sus itinerarios de campaña, eso pasa mucho en México”, dice Rubén Salazar, director de Etellekt.

Las medidas de protección pueden variar según el análisis de riesgo, desde un botón de pánico a un guardaespaldas permanente, o incluso cambios de domicilio, pero no hay detalles sobre cuántas se han implementado de cada clase. “No podemos saber si estas medidas están o no teniendo efecto, sí sabemos que abril, con todo, ha sido menos letal que el mes precedente, tres víctimas morales frente a 10”, señala Salazar.

Es difícil, por fortuna, que esta campaña alcance los niveles de la de 2018, puesto que aquella duró un mes más. “Quizá las agresiones, que ahora se han superado para el mismo periodo puedan incrementarse e igualarse finalmente a las 774 de aquella convocatoria, pero no creo que las víctimas mortales asciendan tanto como entonces”, se congratula Salazar.

A 33 días de los comicios, sin embargo, los niveles de violencia han dejado no solo un reguero de candidatos o aspirantes muertos, también de funcionarios relacionados con tareas de seguridad u otras, aunque no directamente en el cartel electoral: 91 han sido asesinados. Y los mismo procedimientos violentos han acabado con la vida de 28 familiares y cuatro colaboradores directos de políticos.

Prácticamente la mitad de las víctimas mortales entre los candidatos pertenecen a fuerzas opositoras al Gobierno de turno, siendo el PRI el más afectado con el 19% de las víctimas (15 en total), seguido de Morena, con 13 militantes asesinados. Los partidos aliados contra el Gobierno federal, la alianza entre el PRI, PAN y PRD, aglutinan el 49% de las víctimas. Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Guanajuato, Morelos y Baja California son, en ese orden, donde más políticos han perdido la vida en el intento electoral. Siete Estados de 32 se libran de esta mortífera estadística.

El 35% de los agredidos son mujeres y el 69% de lo que han sido objeto de algún ataque pertenecen al ámbito local, cargos municipales más relacionados con disputas propias del cacicazgo. Las amenazas son el delito más común, con 174 casos, pero el segundo es el homicidio doloso, con 79.

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