En los próximos años, las sociedades occidentales tendrán que decidir si se debe seguir permitiendo la libre circulación de personas anónimas en el interior de las zonas urbanas. Los habitantes de las ciudades en la época posindustrial han gozado de dicha libertad. La emoción de perderse entre las masas y explorar, equivocarse o enamorarse a su gusto y a su manera, constituye un antídoto ante la anomia paralizante que también nos impuso la modernidad.

A pesar de las normas legales que protegen el derecho al anonimato, su existencia es, más que nada, un accidente histórico. El sistema socioeconómico ha impulsado exitosamente la invención de todo tipo de tecnología y, sin embargo, siempre ha carecido de la capacidad (o inclusive de la necesidad) de inventar e imponer un sistema para rastrear a todos a todas horas.

La llegada de la covid-19 ha eliminado esos límites. Los argumentos a favor de un monitoreo universal serán más que formidables y serán sobre todo cuantificables: “X” miles de muertes que se evitan, “Y” millones de empleos que se mantienen, y “Z” billones de euros en producto bruto doméstico que no se pierden.

Nuestra capacidad de protestar contra un Gobierno, sin temor a ser vigilados o perseguidos es un elemento inherente a la condición de ciudadano anónimo. Pero tal derecho no suma “valor” alguno a la Bolsa de Valores en Nueva York o Madrid.

Es más: ¿Cómo se mide o cuantifica el encanto de conocer a una o un amante en una rambla desconocida? ¿Que precio lleva la exploración sexual y emocional, desinhibida y fuera del alcance de la autoridad? Solamente cuando reconozcamos que tales exploraciones emocionales o protestas callejeras configuran la dimensión más importante del tejido social de la democracia liberal, podemos empezar a valorar lo que ambas nos proporcionan.