ACS pide a Ribera un contraste “científico” antes del cierre irreversible de Castor

A la vista de la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica de proponer hoy al Consejo de Ministros un acuerdo para desmantelar el almacén de gas Castor, la empresa promotora de la planta, Escal (participada por ACS en un 66,7% y por la canadiense del mismo nombre, con el 33,3%) presentó ayer un escrito en el que pide al departamento que dirige Teresa Ribera que recapacite “antes de tomar una decisión irreversible”.

Concretamente, en el texto, al que ha tenido acceso Cinco Días, Escal le pide que valore “la documentación ya existente y realice nuevos estudios” antes del posible cierre definitivo de la planta y que reconozca a la compañía “la condición de interesado en la aprobación de cualquier resolución que afecte al futuro de Castor, notificándole cualquier procedimiento que se abra o resolución que pueda dictarse”.

La carta hace referencia al informe que la propia Escal le entregó en el mes de febrero en el que criticaba y desmontaba el que en su día encargó el exministro de Energía, Álvaro Nadal, a los expertos del Massachussetts Institute of Technology (MIT) y de la Universidad de Harvard y que está sirviendo de base científica para la clausura de Castor.

Como es sabido, la planta, ubicada frente a las costas de la provincia de Castellón, fue parada y posteriormente hibernada tras los seísmos que se produjeron en el otoño del año 2013 durante el primer llenado de gas.

Según recuerda Escal, el informe “oficial” (informe Juanes et al.), encargado en cumplimiento del Real Decreto Ley que supuso el rescate financiero de Castor (13/2014), una planta en la que se invirtieron 1.650 millones de euros, llegaba a unas conclusiones que no estaban “respaldadas por el contenido del propio informe” y contradecía “la versión de muchos grupos científicos que han realizado estudios al respecto”, como el Instituto Geográfico Nacional y el Instituto Geológico y Minero de España.

La compañía insiste en que todos los estudios independientes, al contrario que el informe Juanes et al., determinan que la sismicidad no se produjo en la falla Amposta. De hecho, ese informe oficial, que no excluía la reanudación de la operación de llenado y reconoció que “Escal actuó siempre conforme a los estándares científicos y técnicos vigentes”, era “erróneo, manifiestamente descuidado e inconsistente (con resultados contradictorios o incompatibles). De hecho, valoró el riesgo de la planta cuando el estudio carecía “de cualquier estudio de riesgo”.

Además, Escal explicó en la documentación entregada al Ministerio que los decanos del MIT y la Universidad de Harvard “habían desmentido que sus instituciones hubieran emitido informe oficial alguno sobre Castor, por lo que, aun habiendo participado personal de tales centros, “carecía del rigor adecuado y no había sido sometido a los controles propios de los dictámenes de tan prestigiosas instituciones”.

Ahora, a la vista de la intención del Ministerio de Transición Ecológica de proponer el desmantelamiento del almacén, Escal pide “un debate riguroso con participación de expertos que puedan aportar una visión más completa y fidedigna” y critica el cierre de Castor, “por lo que implica tanto en términos de pérdida de la inversión y el coste del cierre definitivo (más de 250 millones de euros, según Enagás), sin estudiar a fondo otras alternativas”.

La compañía participada por ACS sostiene también que, “en el estado actual de la ciencia, no es posible descartar la reanudación de operaciones, siempre bajo parámetros de máxima seguridad”.

Concretamente, la empresa solicita que se completen los estudios teniendo en cuenta la revisión del informe de Juanes et al., elaborada por el científico Mark D. Zoback, catedrático de Geofísica y director del Centro de Estudios de Sismicidad Inducida de Stanford, que invalida sus conclusiones.

Ni seguridad ni demanda

La propuesta de acuerdo que lleva hoy al Consejo de Ministros la titular de Transición Ecológica para el desmantelamiento de Castor (con el sellado y cierre definitivo de los pozos) se sustenta en el citado informe “oficial”.

El Ministerio ha optado por el desguace a la vista de “la extrema complejidad de definir límites que garanticen la seguridad de las personas, los bienes y el medio ambiente en una eventual reanudación de las operaciones”.

El informe aludía incluso a un mayor riesgo sísmico en el caso de que volviese a operar, con “posibilidad de terremotos de magnitud mayor”, señala el ministerio. Este además explica su decisión en razones económicas: cuando se proyectó el almacenamiento, en la planificación de gas 2008-2016, se estimó una demanda de 650 TWh en 2026, mientras que ese año no superó los 322 TWh y en la actualidad se sitúa en 350 TWh.