Los afectados impulsan tres vías para lograr el informe sin censurar del cierre de Popular

La extensa, pero a la vez ampliamente censurada, documentación publicada el viernes por la Junta Única de Resolución (JUR) europea sobre el final de Banco Popular está siendo objeto de estudio pormenorizado en los relevantes bufetes de abogados que representan a los distintos afectados por la debacle de la entidad. Se trata de nueve documentos que suman 205 folios entre los que destacan el informe de Deloitte sobre el valor de Popular y la propia decisión de la JUR de resolver el banco.

Tanto los representantes legales de grandes fondos de inversión internacionales, como Pimco o Anchorage, como los de los miles de particulares afectados coinciden en señalar que la nueva documentación aporta munición judicial tanto por lo que revela como por lo que omite. Pero todos avanzan que agotarán cada vía legal posible para hacerse con una copia íntegra de la documentación, sin tachones negros sobre los datos clave. Unos y otros confían en tres caminos para lograrlo.

En primer lugar, una decena de destacados litigantes lo reclamarán al Panel de Recursos de la JUR, que prevé citarles en los próximos días para discutir si la versión publicada les basta. Los letrados consultados alegarán que los datos están injustificadamente incompletos.

“Citan el reglamento de 2001 sobre acceso de ciudadanos a documentación obrante en instituciones de la UE, pero no es de aplicación”, dice Alberto Ruiz Ojeda, catedrático de Derecho Administrativo y socio de Cremades & Calvo Sotelo, que defiende a 7.000 particulares. “Aquel frente al que yo ejerzo mi derecho de defensa no puede limitarlo”, clama.

“El reglamento 806/2014 dice que los afectados por una decisión de resolución tiene derecho a conocer el expediente”, apunta Bernardo M. Cremades. El socio de B. Cremades y Asociados, que representa a inversores, denuncia que la censura no se ciñe como contempla la norma a “información confidencial o a secretos comerciales” que puedan perjudicar a Santander (que se hizo con Popular por un euro tras su resolución en junio) sino que oculta la clave del caso: el agujero de liquidez que llevó a decidir finiquitar la entidad.

Pese que pugnarán porque el Panel vuelva a retorcer el brazo de la JUR (a la que ya hizo publicar una versión no confidencial), hay más esperanza en dos sedes judiciales. Una es el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ante el que los grandes inversores de Popular han recurrido la resolución y al que piden una copia íntegra del informe.

La otra es la Audiencia Nacional. La vía del contencioso administrativo, en la que muchos afectados han cargado contra el brazo ejecutor de la JUR en España, el FROB, no promete. Los magistrados plantearon suspender el caso hasta que se pronuncie la Corte de Luxemburgo y fuentes jurídicas avanzan que si las partes no acceden están dispuestos a elevar una cuestión prejudicial que de facto dejaría esta vía congelada. La fe está puesta en la vía penal. El juez Fernando Andreu ha iniciado ya diligencias para dilucidar la responsabilidad de los exgestores del banco en su colapso y está solicitando toda la información. El FROB le ofreció la copia censurada de los documentos pero sugirió que entregará la íntegra si el juez así lo exige.

“Un juez será el que decida el alcance de la transparencia en este caso”, concluye Fernando Zunzúnegui, profesor de Derecho del mercado financiero en la Universidad Carlos III. Cree que la clave es dilucidar si los accionistas de Popular “han sido tratados de modo peor al que lo habrían sido en un procedimiento concursal”. En este sentido será crucial el informe definitivo que prepara Deloitte, tras su atropellada valoración inicial, y la comparativa que debe hacer entre la resolución y una liquidación al uso. Algunos bufetes confían en que las nuevas valoraciones obliguen a la JUR a ofrecer una compensación a los afectados por mínima que sea.

A la espera, los abogados prevén usar como arma la información parcial revelada el viernes. De un lado por lo que cuenta Deloitte, que admite que hizo su análisis sin tiempo ni datos clave, lo que según todos los bufetes no cumple los principios de “valoración razonable, prudente y realista” del banco que exige la regulación. De otro por lo que oculta, pues los datos publicados no aclaran que la resolución estuviera justificada. La justicia lo dirá.