La Administración Trump planea enviar la Patrulla Fronteriza a Charlotte y Nueva Orleans

La Administración de Donald Trump ha puesto otras dos ciudades demócratas en el punto de mira de su ofensiva contra la migración: Charlotte, en Carolina del Norte, y Nueva Orleans, en Luisiana. Para ello, el Gobierno planea enviar agentes de la Patrulla Fronteriza, que desde hace dos meses tienen su mayor despliegue en Chicago (Illinois). Así lo recogen varios medios nacionales que mencionan fuentes anónimas del Departamento de Seguridad Nacional.

Se prevé que el envío de agentes a estas dos ciudades esté dirigido por Gregory Bovino, un alto cargo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), agencia a la que pertenece la Patrulla, que ha liderado la operación en Chicago y se ha ganado el favor del presidente por la agresividad de sus métodos. Bovino es el “tipo duro”, en palabras del propio Gobierno, que ha puesto cara a la violencia de los agentes para detener migrantes y enfrentarse a los ciudadanos que protestan por los abusos cometidos por los funcionarios federales y por las inhumanas condiciones en las que se mantiene a los detenidos en los centros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por las siglas en inglés).

Los planes para las nuevas operaciones aún se están ultimando, según las fuentes, por lo que no se conoce la fecha de inicio de los despliegues, pero está previsto que Bovino abandone Chicago esta misma semana.

Ello no significa que se acabe la llamada Operación Midway Blitz, lanzada en Chicago el 9 de septiembre con el fin de detener migrantes indocumentados, a pesar del rechazo de buena parte de la población de la ciudad y del gobernador de Illinois, el demócrata J. D. Pritzker. Ante las informaciones de que la Patrulla Fronteriza se desplazará a otras ciudades, la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughin, negó que se acabara su labor en Chicago. “No nos vamos”, publicó en la red social X, seguido de unas estadísticas en las que mostraba un descenso de la criminalidad en la ciudad que, a su entender, se justificaba por la presencia de los agentes.

La realidad, no obstante, es que en Chicago, el crimen había caído antes de que comenzara el operativo antimigrante en septiembre de este año. En comparación con el mismo mes de 2024, los homicidios bajaron en agosto un 24%; los tiroteos, un 24%; los robos, un 41%, y los robos de vehículos, un 28%, según datos del Departamento de Policía de Chicago.

“Es estupendo escuchar que la Administración Trump reconoce, como hemos estado diciendo durante meses, que la delincuencia ha disminuido significativamente en Chicago”, dijo el alcalde demócrata de la urbe, Brandon Johnson, en un comunicado el martes.

En cuanto a la salida de Bovino, el alcalde declaró que la ciudad “no le echará de menos”. “Mientras estuvo en Chicago, sus agentes hicieron lo siguiente: desaparecieron a queridos miembros de la comunidad, lanzaron gases lacrimógenos contra nuestros agentes de policía en dos ocasiones distintas, se jactaron de haber disparado cinco veces a un ciudadano estadounidense, dispararon con bolas de pimienta a manifestantes, líderes religiosos y periodistas, mintieron repetidamente ante los tribunales y ante el público, y rociaron con gas pimienta a un niño de un año”, escribió en X.

La actuación de la CBP en Chicago se ha saldado con miles de detenciones y numerosos enfrentamientos con los residentes. Una jueza federal dio cuenta de la brutalidad que los agentes han usado contra los manifestantes, captada en imágenes y videos difundidos en las redes sociales, y les prohibió el uso de “armas antidisturbios” a no ser que hubiera “una amenaza inmediata y grave de daño físico” a los agentes u otras personas. Luego, al comprobar que los agentes no cumplieron sus órdenes, la jueza de distrito de Illinois Sara L. Ellis les exigió que llevaran cámaras corporales durante sus operaciones en Chicago. Ellis, que se pronunció por una demanda que presentaron medios de comunicación y manifestantes, tomó declaraciones a Bovino e incluso le impuso que le informara diariamente de las actividades de la CBP en la ciudad, obligación que un tribunal de apelaciones luego anuló.

Otro juez federal ordenó este miércoles la liberación de cientos de personas arrestadas como parte de la ofensiva migratoria del Gobierno Trump en Chicago. Los abogados del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) argumentaron ante el tribunal de distrito del norte de Illinois que cientos de los migrantes arrestados en Chicago fueron detenidos en violación de un decreto de consentimiento vigente en el Estado, el cual limita las circunstancias en que los agentes de inmigración pueden realizar arrestos sin orden judicial.

En respuesta, el magistrado Jeffrey Cummings ordenó al Gobierno de Trump proporcionar información sobre cuántos de los 615 migrantes representados en la demanda aún se encuentran en el país o tienen antecedentes penales. Aquellos que no representen un riesgo para el público deben ser liberados bajo fianza, dictaminó el juez.

Trump se ha mostrado descontento con el desempeño del ICE y por el ritmo de las detenciones y deportaciones. El presidente tiene como objetivo deportar a un millón de personas en su primer año de mandato; sin embargo, hasta ahora el Gobierno reporta haber expulsado a unas 400.000 personas. El republicano ha celebrado los métodos más agresivos de la CBP y de Bovino. El jefe de la Patrulla Fronteriza, cuya gestión se limitaba a la sección de El Centro, en California, fue elegido por Trump para dirigir el envío de los agentes federales a Los Ángeles a comienzos del verano pasado, y luego el de Chicago.

Trump ha lanzado una ofensiva contra ciudades gobernadas por los demócratas enviando a agentes federales y a tropas de la Guardia Nacional bajo la justificación de combatir una crisis de delincuencia, a pesar de que las estadísticas han mostrado un descenso de los delitos en todo el país. Además de Los Ángeles, Washington D.C. y Memphis han recibido efectivos de la Guardia Nacional.

La Administración no ha conseguido desplegar las tropas en Portland, Oregón, donde la jueza de distrito Karin J. Immergut ha prohibido su actividad. El Gobierno ha apelado la decisión. También un fallo judicial bloqueó el envío de la Guardia Nacional a Chicago y el Gobierno recurrió al Tribunal Supremo, que aún no se ha pronunciado al respecto.