Un juez extiende el bloqueo al plan de Trump para deportar a cientos de niños guatemaltecos

Los niños guatemaltecos que la Administración de Donald Trump quería deportar permanecerán de momento en Estados Unidos. Un juez ha prorrogado el bloqueo a la orden del Gobierno, que quería enviar a su país de origen a 327 niños del país centroamericano que llegaron solos a Estados Unidos.

La decisión de este jueves del juez federal de distrito Timothy J. Kelly, nombrado por Trump, se produce después de que la Administración republicana intentara expulsar a los niños durante el fin de semana festivo por la celebración del Día del Trabajo. Un fallo judicial paró el traslado de los menores, pero se extendía solo hasta el pasado martes. La nueva decisión de Kelly extiende indefinidamente la orden temporal mientras se resuelve el caso. El Gobierno puede aún apelar.

Defensores de la infancia y de los migrantes presentaron una demanda para impedir la expulsión de los niños, argumentando que muchos de ellos huían del abuso o la violencia y que el Gobierno estaba eludiendo los procedimientos legales establecidos desde hace tiempo para protegerlos.

El Gobierno justificó que la deportación formaba parte de un programa de reunificación familiar, pero los defensores de los menores denunciaron que los niños no querían volver a sus países, de donde huyeron y donde podrían enfrentar violencia. El juez puso en duda la afirmación del Gobierno de que los padres habían solicitado su retorno. “Esa explicación se derrumbó como un castillo de naipes aproximadamente una semana después”, escribió Kelly. “No hay pruebas ante el tribunal de que los padres de estos niños buscaran su regreso”.

Los menores llegaron a Estados Unidos no acompañados y vivían en albergues gubernamentales y hogares de acogida. El 30 de agosto, en medio de la noche, el Gobierno notificó a los albergues donde se alojan que los devolverían a Guatemala y que debían tenerlos listos para partir en cuestión de horas. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) recogió a los niños guatemaltecos y los transportó al aeropuerto. 76 lograron abordar aviones en El Paso y Harlingen, Texas, el 31 de agosto y estaban programados para partir hacia Guatemala en lo que el Gobierno describió como una primera fase.

La orden judicial de emergencia frenó el despegue, respondiendo a una petición del National Immigration Law Center.

La Administración ha declarado en documentos judiciales que identificó a 457 niños para su posible deportación a Guatemala, aunque esa lista finalmente se redujo a 327.

Un informe contradice al Gobierno

Un informe presentado al Congreso el martes denuncia que al menos 30 niños “presentan indicadores de ser víctimas de abuso infantil, incluyendo amenazas de muerte, violencia de pandillas, trata de personas o han expresado temor a regresar a Guatemala, incluyendo, en algunos casos, preocupación por daños y amenazas por parte de sus padres”.

El informe, basado en los testimonios de varios empleados federales no identificados familiarizados con los datos, contradice una declaración jurada presentada en una demanda sobre el destino de los niños por Angie Salazar, directora de la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR), brazo del Departamento de Salud que se encarga de su custodia. Salazar afirmó que los niños habían sido examinados adecuadamente y se les había dado el visto bueno para su repatriación.

El informe sostiene que Salazar “sabía o debería haber sabido de las inexactitudes de su declaración”, según los datos disponibles.

Los abogados del Proyecto de Responsabilidad Gubernamental enviaron el informe a los senadores John Cornyn, de Texas, y Alex Padilla, de California, miembros del subcomité de Seguridad Fronteriza e Inmigración del Senado. “Devolver a los niños al peligro es una traición a nuestras obligaciones morales y legales”, declaró Padilla. “Y vamos a exigirles cuentas por poner a los niños en peligro”.

También hay órdenes de restricción temporales en casos separados en Arizona e Illinois, pero esos son mucho más estrechos en el alcance de los niños que cubren, lo que subraya la importancia del caso de Washington.

Las organizaciones de defensa de los migrantes han denunciado las condiciones en que se encuentran los menores no acompañados que llegan a Estados Unidos. En los últimos años, cientos de miles de niños, la mayoría de Centroamérica, han cruzado solos la frontera. Los menores pasan a la custodia de la ORR, donde esperan a que algún familiar o amigo les reclame para ser acogidos.

La Administración de Trump ha endurecido los requisitos para los familiares que los reclaman, que deben presentar su estatus migratorio, lo que ha llevado a que muchos desistan de acogerlos por el miedo a ser detenidos.