Donald Trump revocará el martes el estatus legal de medio millón de inmigrantes de Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua
La Administración republicana cancelará el ‘parole’ humanitario, un programa puesto en marcha por Biden que blindaba contra las deportaciones por dos años
La ofensiva antimigrante de Donald Trump no tiene fin. El Gobierno de Estados Unidos cancelará el martes el estatus legal en el país y las visas de trabajo de miles de inmigrantes llegados de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití durante la Administración de Joe Biden. La medida dejará sin protección contra la deportación a unas 530.000 personas, los beneficiarios y sus familiares inmediatos, quienes deberán autoexpulsarse del país en las próximas semanas. Trump ya había puesto en pausa este programa, conocido como parole humanitario. Ahora lo desaparece.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS por las siglas en inglés) señala que el programa humanitario finalizará a finales de abril, 30 días después de que la normativa sea publicada en el Federal Register, el diario oficial. Esto ocurrirá, al parecer, el martes 25 de marzo. “Aquellos que no tengan un fundamento legal para quedarse en Estados Unidos tras la eliminación de este programa tendrán que abandonar el país antes de la fecha en que termina su permiso”, señala el documento, que hasta este viernes continúa siendo extraoficial.
La maniobra acorta los permisos de dos años que miles de personas comenzaron a recibir en 2022. Estos permitían a los migrantes cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses trabajar y mantener una estancia legal en Estados Unidos que los blindaba contra la deportación. La mayoría podía tramitar una extensión del permiso cuando vencía. La llegada de Trump al poder evaporó la posibilidad. El Gobierno federal había emitido un memorando que comunicaba la suspensión de las renovaciones y la cancelación de nuevos permisos, como hizo también el trumpismo con el Estatus de Protección Temporal, eliminado por una de las órdenes ejecutivas del mandatario.
La orden deja en un limbo a miles de personas. El propio documento asegura que unas 532.000 personas “inadmisibles” fueron beneficiadas por el programa hasta el pasado 22 de enero. “La justificación (del Gobierno de Biden) de estos permisos discrecionales era que iban a fortalecer la seguridad de la frontera (...) porque el proceso mitigaría futuros incrementos de la inmigración ilegal”, señala el documento. “Estos incentivos no se tradujeron en una mejora suficiente y constante de la seguridad fronteriza”, explica la dependencia a cargo de Kristi Noem, quien se ha sumado a las operaciones de cacería de inmigrantes.
La propia dependencia, sin embargo, admite que la medida adoptada por la Administración previa sí redujo la migración desde Cuba, Venezuela, Haití y Nicaragua. Los nacionales de estos países detenidos en la frontera pasaron de 600.000 en 2022 a 183.000 en 2024. Ahora señala que la libertad condicionada humanitaria ya no es necesario, pues se registran menos de 6.000 detenciones mensuales de ciudadanos de estas naciones desde junio del año pasado. Enero de este año, ya con el programa pausado, fueron detenidos 3.400 migrantes de los países citados. “Las necesidades de este tipo de programas en la frontera son muy distintas ahora”, indica el texto.
Biden había iniciado el programa en octubre de 2022 para ofrecer una vía legal a los miles de venezolanos que estaban llegando a Estados Unidos en los meses de la crisis migratoria. El programa no garantizaba la residencia permanente, la famosa tarjeta verde, ni hacía más fácil el tortuoso camino a la ciudadanía. Atrajo a pesar de esto a más de 117.000 personas llegadas de Venezuela. En enero de 2023, la medida se amplió para beneficiar a otros grupos que estaban llegando en cifras récord. Hoy hay 210.000 haitianos, 110.000 cubanos y 93.000 nicaragüenses.
Para el fin del Gobierno demócrata, no obstante, la situación era muy diferente. En plena campaña rumbo a las elecciones de 2024 y con el tema de la seguridad fronteriza como una de las prioridades para los votantes, Biden metió freno a la medida. En octubre, justo un mes antes de la cita electoral, el entonces presidente anunció la cancelación de la prórroga para los venezolanos desde finales de 2024 y para enero de 2025 al resto de nacionalidades. Aún así, la libertad condicional de los migrantes se mantenía vigente mientras no expirase el plazo. Eso se ha terminado.
La duda es si Trump ahora hará lo mismo con los ucranios, otro gran grupo que llegó a Estados Unidos a partir del conflicto armado con Rusia. Seguridad Nacional estima que unas 240.000 personas del país europeo llegaron a suelo estadounidense. El presidente republicano, quien prometió en campaña llevar a cabo la mayor operación de repatriaciones de la historia del país, prometió una decisión “muy pronto” a inicios de marzo. Reuters afirma que los ucranios quedarán sin protección contra la deportación antes de abril.