Arizona decidirá en noviembre si la policía puede detener inmigrantes

El Congreso de Arizona ha adoptado este martes una propuesta que preguntará a los habitantes del Estado fronterizo si la policía local debe o no detener inmigrantes que crucen desde México. La interrogante estará en la boleta de los comicios del 5 de noviembre, en los que la inmigración irregular se ha convertido en uno de los principales temas para los votantes. De llegar a ser aprobada por la mayoría, la medida daría luz verde a los legisladores para convertir un delito estatal los cruces por cualquier punto que no sea una garita migratoria. Esto a pesar de que los cruces irregulares ya son considerados delitos federales perseguidos por la Patrulla Fronteriza.

La decisión fue aprobada por la Cámara baja de Arizona, controlada por el partido republicano. El resultado de la votación fue 31-29, con los legisladores demócratas en la minoría. Durante la sesión se vivieron momentos de tensión, pues varios oradores a favor y en contra de la propuesta se enfrentaron desde la tribuna. Los republicanos mandaron a cerrar una de las galerías del recinto para evitar que grupos de defensores interrumpieran el proceso legislativo. En sesiones anteriores, algunos activistas habían gritado a los congresistas “¡alto al odio! ¡alto al odio!”.

El texto de la propuesta convierte en un delito menor el ingreso irregular a Arizona. Este sería penado con seis meses de prisión a quien lo cometa por primera vez. También contempla la expulsión de ciudadanos extranjeros tras un periodo no determinado en una cárcel o estación migratoria.

“Ustedes no han ido a la frontera a percatarse de la tragedia humana que allí hay ahí a pesar de la fortuna que se gasta”, espetó a los demócratas el congresista local republicano John Gillette. Los de su partido han pedido actuar para atender lo que llaman “una crisis” migratoria creada por el presidente Joe Biden. El legislador afirmó que unas 274.000 personas cruzaron ilegalmente desde México el año pasado. Casi 300 inmigrantes figuraban en las listas de organizaciones terroristas elaboradas por las fuerzas de seguridad.

Si Arizona adopta la medida en las urnas, se sumaría a otros Estados que han adoptado leyes antiinmigrantes, como Texas. A diferencia de esta entidad, Arizona es gobernada por Katie Hobbs, una política demócrata. La mandataria local vetó en marzo una ley similar y se opone a la medida. Al llevar la pregunta al electorado, los republicanos evitan que la decisión pase por el escritorio de Hobbs para que la promulgue.

De forma similar a la texana SB4, la medida republicana de Arizona busca que las autoridades locales tengan funciones de policía migratoria. La legislación de Texas se encuentra en tribunales que deben determinar su legalidad. La Carta Magna solo da estas facultades al Poder Ejecutivo federal y no a los poderes locales. A pesar de esto, la medida aprobada esta mañana también permite a los jueces estatales decidir sobre la repatriación a sus países de origen a las personas que hayan cruzado de forma irregular.

La propuesta ha hecho que varios recuerden el pasado reciente y antiinmigrante de Arizona. En 2010, el Congreso local adoptó la ley SB1070, que se convertía en una arma de persecución para los latinos y las personas de piel café o negra, quienes podían ser detenidos en cualquier momento bajo sospecha de ser inmigrantes irregulares. La ley fue objetivo de varios litigios que poco a poco le fueron restando poder hasta dejarla en la obsolescencia.

“Arizona quiere volver el tiempo atrás”, dijo desde la tribuna este martes la legisladora Consuelo Hernández, de Tucson, quien citó en su discurso la polémica ley promovida por la exgobernadora Jan Brewer. No fue la única, la congresista Junelle Cavero, de Phoenix, recordó que cuando la norma estuvo vigente fue detenida por las autoridades sin motivo alguno. “Esto no es una solución. Es politiquería electoral”, dijo Mariana Sandoval, otra legisladora del bloque demócrata.

La medida de Arizona llega el mismo día en que el presidente Biden ha anunciado una orden ejecutiva que cierra la frontera una vez que se supera un número determinado de cruces ilegales o de solicitantes de asilo. La medida no afecta a las decenas de miles de personas que ya siguen su proceso en suelo estadounidense, pero retoma ciertas herramientas legales empleadas por Donald Trump. El decreto, considerado una medida para la campaña electoral, ha sido rotundamente rechazado por los sectores progresistas del partido demócrata y por los grupos pro derechos de los migrantes que apoyaron al presidente para que llegara a la Casa Blanca hace casi cuatro años.