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El Eurogrupo, incapaz de fijar un plan común, delega la respuesta fiscal a los países

Italia, Francia o España reclamaban una inyección fiscal comunitaria

El presidente del Eurogrupo, Mario Centeno.
El presidente del Eurogrupo, Mario Centeno.EFE
Pablo Sempere

Medidas fiscales por valor del 1% del PIB de la Unión Europea y liquidez por valor del 10%. Todo con posibilidad de ampliarse en un futuro próximo. Lo mismo que sucedía hasta ahora, pero avalado por el Eurogrupo. Dicho de otro modo: nada nuevo. Tras más de una semana de desacuerdos, la Unión intentó mover ficha este lunes para gestionar por fin de forma conjunta las consecuencias derivadas del Covid-19. Por el momento, con estas medidas, los Veintisiete avalan las decisiones tomadas por los Estados y las instituciones europeas hasta la fecha, pero no ofrecen una solución conjunta, si bien dejan la puerta abierta a nuevas medidas en un futuro. Habrá respuestas de choque de ámbito estatal, como ha sucedido hasta el momento, que en conjunto supondrán un esfuerzo fiscal equivalente al 1% del PIB. También habrá un apoyo de 65.000 millones de euros que nacen de la Comisión Europea, así como una inyección de emergencia por parte del Banco Europeo de Inversiones (BEI) que asciende a los 40.000 millones de euros, destinada a unas 150.000 empresas europeas, principalmente entidades bancarias y pymes. Pero nada más.

Los ministros de finanzas de la zona euro se reunieron de forma telemática para discutir la posibilidad de poner en marcha un fondo de emergencia comunitario con el que combatir la pandemia. Sobre la mesa, informó Reuters, estaba dar el visto bueno, y de forma excepcional, al uso del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) para abordar una crisis sanitaria y económica sin precedentes. Esta herramienta, fundada tras la recesión económica de 2008 y con un fondo disponible que asciende a los 700.000 millones, está pensada para ponerse en marcha en momentos de crisis y asegurar la estabilidad financiera de la zona euro. La medida, que en un principio valoraba llegar a los 400.000 millones, tal y como informó la agencia británica, no ha salido adelante.

La vicepresidenta económica del Gobierno de España, Nadia Calviño, anunció previamente que pediría a sus homólogos europeos una respuesta “contundente” para solventar al máximo el impacto de la crisis. En este sentido, la Unión debe utilizar “al máximo” la capacidad de todos los instrumentos de los que dispone para asegurar la estabilización del euro. “Necesitamos una respuesta monetaria y fiscal contundente a nivel nacional y supranacional”, recalcó Calviño. La medida adoptada en la tarde de este lunes por el Eurogrupo supone el visto bueno a la primera parte, pero no dice nada de la segunda.

La postura española es la misma que llevan respaldando desde hace más de una semana países como Francia e Italia, partidarios de una inyección fiscal común. Al otro lado se sitúan Alemania y los países nórdicos, que prefieren medidas coordinadas, pero de ámbito estatal.

El presidente del Eurogrupo, el portugués Mario Centeno, se había mostrado seguro este lunes por la mañana de que los Veintisiete encontrarían una respuesta coordinada y común ante la difícil situación, ya que “las medidas de contención para frenar la pandemia están llevando a las economías europeas a tiempos de guerra”. Según los datos de la Comisión Europea, la crisis sanitaria podría hacer que el Producto Interior Bruto (PIB) de la UE se contraiga en 2,5 puntos este año, con lo que caería un 1% frente al aumento del 1,4% que preveía Bruselas a comienzos de febrero.

Esa respuesta común, a priori, habría incluido según Centeno iniciativas para contener y tratar la enfermedad, para apoyar con liquidez suficiente a las empresas, particularmente a las pequeñas y medianas (pymes), y para apoyar a los trabajadores y a las familias que se vean perjudicados por esta crisis. También se preveía que los ministros diesen el visto bueno a la propuesta de la Comisión Europea, que aseguró la pasada semana que permitirá la flexibilización total de las normas de control del déficit público, para que cada Estado miembro destine el dinero que considere oportuno con el fin de frenar los efectos sociales y económicos del coronavirus.

La pasada semana fue particularmente crítica para la Unión Europea, con choques y conflictos entre varias de las grandes potencias, agravados por las decisiones de Alemania de no enviar productos médicos a Italia, el estado europeo más castigado por la epidemia con más de 25.000 personas contagiadas y más de 2.000 fallecidas. Italia, de hecho, se ha visto obligado a pedir ayuda sanitaria a países como China, Cuba o Venezuela. Tampoco han ayudado los cierres de fronteras decididos de manera unilateral. Desde Bruselas, la Comisión Europea ha intentado poner fin a esta toma de decisiones descoordinadas. Sin embargo, en temas de salud y de interior, las competencias son nacionales, por lo que el margen de maniobra de Europa ha sido prácticamente nulo.

Por el momento, las iniciativas propuestas desde el Consejo y la Comisión europeas no se han visto materializadas. La semana pasada, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propusieron una partida urgente de 7.500 millones de euros, provenientes de los fondos estructurales comunitarios, para que la Unión Europea (UE) pudiese combatir de forma inmediata los efectos derivados de la crisis del coronavirus, tanto a nivel social como económico. A medio plazo, sugirieron, esta cantidad debería ampliarse hasta los 25.000 millones de euros. Finalmente, la Comisión propuso un fondo que ascendería a los 37.000 millones de euros, de los que a España le corresponderían algo más de 4.100 millones. También se propuso adquirir material médico, principalmente mascarillas y respiradores artificiales, de manera conjunta. Por el momento, la iniciativa no ha salido adelante.

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Sobre la firma

Pablo Sempere
Es redactor en la sección de Economía de CINCO DÍAS y EL PAÍS y está especializado en Hacienda. Escribe habitualmente de fiscalidad, finanzas públicas y financiación autonómica. Es graduado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid.

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