Ser trans o gay en un centro de detención para migrantes: “Me dicen marica, maricón, ‘bitch”

Hay guardias terribles, pero también algunos “buenos” en el centro de detención de Krome, en Miami. Uno de esos le alcanzó a Juan Girón una carta a nombre de Kimberly, la chica trans que conoció cuando iba al baño y que le gritó: “Oye, niña, psss, hola”. Ahora podría decirse que él y Kimberly son amigos. Le regaló un escapulario y se emocionan cuando se ven en el patio, durante la hora de sol que les es permitida cada día, o cuando se escriben como si en realidad se conocieran de siempre, con la consciencia de haber tenido la suerte de encontrarse.

En la celda de aislamiento donde está desde hace unos días, Girón recibió la misiva. “Espero que estés bien y que hayas descansado”, le dijo Kimberly, de quien Girón no conoce mucho, pero sí que vino de Colombia por la misma razón que hace tres años él se fue de Nicaragua: por la violencia. Las noticias de la amiga no son buenas. Un policía le cayó a golpes y tuvo que someterse a una cirugía. “Me operaron, porque el policía que me pegó me partió dos costillas y me reventó el pulmón”, escribe Kimberly. No le cuenta mucho más y se despide: “Estoy aquí, pero es muy difícil porque los hombres te tratan muy mal. A veces me deprimo mucho, pero para adelante, la vida sigue”.

Girón le mandó de vuelta unas palabras de consuelo. Tiene un cuaderno que sus psicólogos le han permitido cargar para que se distraiga, pues le han oído decir que quiere suicidarse. Lo han puesto a dormir en la cama baja de la litera por las pesadillas durante la noche. Le han recetado antidepresivos. Girón, de 31 años, logró salir de su país, pero no ha conseguido escapar de la violencia en todos aquellos lugares a los que ha llegado.

Tenía 13 años cuando murió su madre y quedó al cuidado del padre. Iba caminando de noche por un puente cercano al reparto Schick, en Managua, cuando un pandillero lo agarró, le tapó la boca y lo violó. No fue hasta tiempo después que pudo contarle al papá. “Me quedé callado porque el hombre me amenazó con que si decía algo, me mataba. Eso me ha marcado toda la vida”. Siempre fue amanerado. Siempre le dijeron “cosas feas”. Siempre se le rieron en la cara y le gritaron “cochón”. En 2022 salió una noche de su casa, sin dinero. “Temía por mi vida y le dije a mi papá que no aguantaba más”. Empezó su travesía hacia Estados Unidos. Un día, en Honduras, lo violaron en un parque. “Fue terrible. Solo les pedí que no me hicieran daño”. En Tuxtla, México, un desconocido se le acercó en un callejón y abusó de él.

Ahora, en Krome, le gritan “maricón”. Tiene miedo de bañarse, porque un migrante haitiano a cada rato pasa por su lado, lo mira de reojo, lo insulta. “Me amenazó de muerte, me dijo que me quería matar. Yo le dije que no tenía culpa de que me hubiesen traído hasta aquí con ellos. Me dice marica, maricón, bitch. Yo lo ignoraba, hasta un día que le dije que me tenía alto, que parara”. Girón le comunicó la situación a los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) a cargo del centro, quienes hablaron con el haitiano, que hasta ahora está más tranquilo.

Girón no olvida aquella noche del pasado mes de julio en que tuvo una discusión acalorada con su pareja. Fue una vecina de la Pequeña Habana quien avisó a la policía. Los oficiales terminaron arrestándolo a él, indocumentado, y no a su novio, un ciudadano estadounidense. Una vez bajo custodia, lo llevaron a un cuarto y lo tiraron al suelo. “No les bastó y me desnudaron a la fuerza rasgando la ropa con una tijera, eran como treinta oficiales, filmándome con una cámara en la mano. Fue algo traumático”, cuenta Girón.

Luego uno de los agentes le dijo que lo iban a enviar a un lugar mejor. Era el centro de detención de Alligator Alcatraz, un sitio señalado por sus constantes violaciones a los derechos humanos. Fue la primera parada antes de llegar a Krome, el centro donde más muertes han habido este año bajo custodia del ICE.

El maltrato a las personas de la comunidad LGBTIQ+ en centros de detención no comienza con Donald Trump. No obstante, en su primer día como presidente, el mandatario firmó órdenes ejecutivas que han vulnerado aún más a la comunidad. Entre ellas, una que indica a todas las agencias federales eliminar las referencias a la “ideología de género”, por lo que en lo adelante se debía definir a las personas según el sexo asignado al nacer. También revocó el Memorando de Atención a Personas Transgénero de 2015, que abordaba los problemas sistémicos que afectan a las personas trans en detención migratoria.

“Con la rápida expansión de las cárceles de inmigración y la eliminación de los mecanismos de supervisión bajo la administración Trump, este peligroso sistema está empeorando exponencialmente”, declaró a EL PAÍS Bridget Crawford, directora de derecho y políticas de Immigration Equality, la organización nacional de defensa de los derechos de los inmigrantes LGBTIQ+y seropositivos.

A Immigration Equality le fue denegado el acceso al área donde permanecen personas transgénero en un centro de detención de Aurora, Colorado, “supuestamente debido a preocupaciones de seguridad no especificadas“, contó Crawford.

En los últimos meses, en la organización han detectado un “aumento significativo” en las llamadas a su línea directa desde los centros de detención. “Se han denunciado agresiones sexuales que no fueron investigadas ni abordadas seriamente por el personal del centro, agresiones físicas y amenazas de violencia, negación o retraso en la atención médica para el VIH, condiciones insalubres, aislamiento durante períodos prolongados, falta de alimentos, así como dificultad para acceder a asesoramiento legal y preparar sus casos legales”.

Burlado y abusado

En su casa de Táchira, en Venezuela, donde ahora está junto a sus padres, el estilista Andry Hernández Romero recuerda cómo en el centro de detención Otay Mesa, en San Diego, el resto de los detenidos no dejaban de criticarlo por tener sus glúteos operados. “Me decían que tenía el culo grande, que era una mujer, que me pusiera los senos. Usaban eso para discriminarme. Me miraban raro porque yo soy medio amanerado”.

El venezolano entró a Estados Unidos el pasado año a través de una cita programada en la aplicación CBP One, y de inmediato pasó a estar en custodia del ICE. “En todo momento la orientación sexual de la persona es punto focal en un centro de detención o en una cárcel”, cuenta. “Me decían que tenía que comportarme, yo era el único homosexual en una celda de más de 100 personas. Estaba mezclado con verdaderos delincuentes”.

Más de una vez se preguntó qué hacía allí: “Había altos criminales. Yo decía: ¿qué estoy haciendo acá si no he cometido ningún delito?”. Pero para el Gobierno de Estados Unidos, Romero era un miembro de la banda Tren de Aragua, uno de los más de 200 venezolanos a los que envió a mediados de marzo a El Salvador, por encima de la negativa de un juez, invocando la ley de Enemigos Extranjeros de 1798. En el temido Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT, todo fue mucho peor. “Los mismos custodios me decían que me tenía que casar con ellos para tener la nacionalidad salvadoreña. Me discriminaban peor que antes”.

Un mes después de que aterrizara en la megacárcel, fue abusado sexualmente por uno de los guardias, un episodio del que a Romero le cuesta hablar. Aun así, delante de los otros detenidos del CECOT no pudo esconder por tanto tiempo quién era. Les dijo en una ocasión: “Discúlpenme, pero yo necesito mariquear, reírme de cualquier bobada”. Ellos aceptaron y no hubo problemas. “A veces yo los hacía reír, cuando no nos golpeaban. Así se hizo más llevadera la carga, porque estar allí no era fácil”.

Los migrantes más excluídos

El ICE comenzó a excluir desde febrero de sus informes quincenales los datos sobre personas transgénero en los centros de detención. Por tanto, solo se conoce que al menos 47 personas trans estaban en custodia hasta enero, un subregistro si se tiene en cuenta que muchos prefieren ocultar su identidad por protección. Este ha sido parte del esfuerzo de la Administración en su ataque a la comunidad.

En su primer día en la Casa Blanca, Trump ordenó que las personas en centros de detención serían recluidas en instalaciones según el sexo asignado al nacer y no según su identidad de género. Así fue como Shakira Galíndez, una mujer trans venezolana detenida por el ICE en Nueva York, terminó en LaSalle, en Luisiana, un centro de detención de hombres, donde la tratan como uno más.

Llegó a Estados Unidos el pasado año y fue detenida en septiembre por agentes del ICE en Federal Plaza, el edificio que se ha convertido en un hervidero de arrestos a migrantes en Manhattan. “Actualmente, Shakira enfrenta un proceso de juicio expedito”, señala Yonatan Matheus, quien desde Nueva York lleva el caso de la mujer con su organización América Diversa. Matheus asegura que si Galíndez es deportada, “un retorno forzado a Venezuela la expondría a graves violaciones de derechos humanos, dado que el Estado venezolano no garantiza su derecho a la vida, a la integridad personal ni al reconocimiento de su identidad de género”.

Desde Immigration Equality alertan del impacto que han tenido las políticas de la administración en los casos de asilo de personas LGBTIQ+, muchas veces denegados. “Esto ha resultado en la deportación de personas a países donde sus vidas corren peligro”, dice Crawford, quien contó la historia de una de sus clientas trans: “Estaba esperando la tramitación final de su caso de refugiada cuando Trump cerró el programa. Fue asesinada. La posibilidad de solicitar asilo y el estatus de refugiado es verdaderamente una cuestión de vida o muerte para muchas personas LGBTIQ+”.

Tampoco está resultando fácil conseguir abogados que puedan acompañar hoy a los migrantes en detención. La Administración republicana ha reducido los fondos destinados a este tipo de organizaciones, y ha despedido a casi todo el personal de la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles (CRCL) y la Oficina del Defensor del Inmigrante Detenido (OIDO).

Andrei Ushakov y Aleksandr Skitsan, una pareja que llegó de Rusia el pasado año, no cuenta con el dinero suficiente para contratar abogados, algo que les terminaría costando entre 8.000 y 12.000 dólares. Salieron “huyendo” del Gobierno ruso, cuenta Matheus, quien también atiende el caso. “Aleksandr recibió amenazas directas en su lugar de trabajo, lo que los obligó a escapar para proteger sus vidas”.

Ingresaron a Estados Unidos a través de CBP One y fueron arrestados. Estuvieron primero en un centro en Calexico, California. En septiembre, fueron trasladados a otro centro en Arizona, donde solo se les permite comunicarse por 30 minutos una vez a la semana. Jamás han podido permanecer juntos a pesar de estar legalmente casados.

Ushakov, quien padece una enfermedad crónica que prefieren no revelar, ha tenido un acceso limitado a la atención médica y ha tenido que vivir ocultando quién es. “Ha estado escondiéndose; tienen que ocultar su orientación sexual y sus condiciones médicas por lo que implica estar en un lugar como estos”, señala Matheus.

También insiste en que hay “una gran carga de homofobia de Estado” en dichos tratos: “Estas prácticas no deben entenderse como hechos aislados, sino como parte de un sistema que reproduce exclusión, castigo y deshumanización hacia quienes buscan protección”.