La Administración Trump, incapaz de justificar la deportación de Kilmar Abrego García a Liberia

La Administración de Donald Trump ha fracasado de nuevo este jueves para dar explicaciones ante un tribunal sobre el destino que tiene planeado para Kilmar Abrego García, el salvadoreño que fue deportado por error en marzo pasado. El alto funcionario enviado a la corte de Maryland para testificar no supo explicar a la jueza de distrito Paula Xinis por qué el Gobierno quiere enviar a Abrego García a Liberia en lugar de Costa Rica, el único país donde el salvadoreño ha aceptado deportarse en caso de tener que hacerlo.

John Cantu, un alto oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por las siglas en inglés), reconoció no entender toda la declaración que había firmado sobre la deportación a Liberia y que le había enviado un abogado del Departamento de Estado. “Ha quedado claro que este testigo no tiene ni idea del contenido de la declaración”, dijo Xinis. En la audiencia anterior, los abogados del Gobierno tampoco supieron justificar los planes que tenían para el salvadoreño. En esa ocasión no sabían ni el país que lo aceptaría.

Xinis declaró que la del jueves será posiblemente la última audiencia que celebre antes de tomar una decisión sobre el caso, para lo que no hay fecha. La magistrada debe pronunciarse sobre si Abrego García, preso en un centro de detención del ICE en Pensilvania, debe o no ser liberado. Además, decidirá si mantiene el bloqueo temporal que ella ha impuesto a su deportación.

A la salida de la corte, el abogado de la defensa, Simon Sandoval-Moshenberg se mostró confiado en que la jueza responda a su petición de hábeas corpus y decida que “no pueden continuar manteniéndolo encerrado innecesariamente”.

Desde agosto, una orden de Xinis impide que el Gobierno de Trump deporte a Abrego García de Estados Unidos. A principios de este mes, la Administración instó a Xinis a revocar dicha orden y permitir su traslado a Liberia, argumentando haber recibido garantías del país africano de que Ábrego García no enfrentaría persecución ni tortura. Con anterioridad, la Administración ya había intentado deportar al salvadoreño a Ghana, Uganda y Esuatini, aunque no pudo llegar a un acuerdo con los Gobiernos de esos países.

Abrego García, un obrero metalúrgico de 30 años, se convirtió en un símbolo de los abusos cometidos por la Administración en su campaña de deportaciones cuando fue enviado por error a El Salvador el 15 de marzo pasado. Desde entonces, el Gobierno le ha presentado como un delincuente y lo ha mantenido detenido, alejado del Estado de Maryland, donde vivía con su familia. Además de su caso de deportación, tiene abierto un caso penal por supuesto tráfico de personas, que se decide en un tribunal de Tennessee y está previsto que se inicie en enero.

En la audiencia de este jueves, Xinis entrevistó a un alto funcionario del ICE, que no supo explicar por qué se elegía Liberia y no Costa Rica, un destino que Abrego García se ha mostrado dispuesto a aceptar en caso de tener que ser deportado y que le ha dado garantías de ser admitido como refugiado.

La defensa ya había rechazado la deportación a los países africanos propuestos por la falta de garantías que ofrecen de respeto a los derechos humanos y Abrego García había declarado su temor a ser enviado allí. Según la ley, el detenido puede rechazar ser deportado a un tercer país si demuestra que puede sufrir persecución en su destino. Los abogados critican que el salvadoreño ya había aceptado la deportación a Costa Rica, un país que dio garantías de aceptarlo como refugiado y que, en un primer momento, el Gobierno ofreció como opción de destino. La oposición de las autoridades a enviarlo al país centroamericano, que se comprometió a respetar sus derechos, prueba, según sus abogados, la intención de castigar a Abrego García por haber denunciado la injusticia de su deportación.

“La táctica de esta Administración ahora es dar un escarmiento a Kilmar y están utilizando nuestro sistema legal penal no solo para desacreditarlo, sino también para asegurarse de que sirva de ejemplo”, expresó el representante de la Asamblea de Maryland Gabriel Acevero a las puertas del tribunal. Como ya es habitual en las audiencias judiciales sobre Abrego García, varias personas se manifestaron portando carteles con la leyenda “Free Kilmar” (Liberen a Kilmar).

La jueza Xinis fue la primera en determinar que la expulsión de Abrego García fue injusta, pues contaba con una protección judicial que prohibía su deportación a El Salvador. De allí había huido cuando tenía 16 años por las amenazas que recibió de la banda criminal Barrio 18. En 2019 un juez le concedió la protección porque entendió que Abrego García sufriría represalias si regresaba. En El Salvador, fue encerrado en la cárcel del Cecot (Centro de Confinamiento del terrorismo), donde fue torturado.

Después de admitir que la deportación de Abrego García fue “un error administrativo”, el Gobierno se empeñó en demostrar que el salvadoreño no era inocente y lo acusó de formar parte de la banda criminal MS-13, algo que él siempre ha negado.

La acusación sobre tráfico de personas solo se anunció cuando el salvadoreño fue devuelto a Estados Unidos en el mes de junio, casi tres meses después de estar preso en El Salvador. La presión social, política y judicial (incluso por parte del Tribunal Supremo, que pidió su regreso) consiguió que, a pesar de su reticencia, el Gobierno retornara a Abrego García.

Nada más pisar suelo estadounidense, sin embargo, fue detenido y trasladado a Tennessee para escuchar los cargos de tráfico de personas de los que se le acusa. La fiscalía usa como prueba el vídeo de una parada de tráfico en 2022. Abrego García conducía un vehículo en el que viajaban otras nueve personas y que el Gobierno asegura que eran miembros del MS-13.

El juez federal de distrito Waverly Crenshaw Jr., que lleva el caso, ha planteado la idea de que el tratamiento dado al salvadoreño no responde a criterios legales sino vengativos, una teoría que ha sustentado la defensa. El magistrado celebrará una audiencia en diciembre para escuchar los argumentos de ambas partes, después de que en una audiencia anterior reconociera que hay “alguna evidencia de que el enjuiciamiento en su contra puede ser vengativo”.

Los acuerdos de deportación del gobierno con los llamados terceros países han sido impugnados en los tribunales por organizaciones de derechos humanos, las cuales han señalado que algunos inmigrantes son enviados a países con un largo historial de abusos. Pero en junio, una Corte Suprema dividida permitió la expulsión inmediata de inmigrantes a países distintos a sus países de origen y con un aviso mínimo.