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Los sindicatos de profesores demandan a Trump por las redadas en las escuelas

Los docentes denuncian que el miedo de los padres y alumnos a ser detenidos cuando acuden a los centros está causando abandono escolar

Los sindicatos que representan a millones de educadores y empleados escolares han demandado a la Administración de Donald Trump por su campaña contra la inmigración, que permite las incursiones de los agentes migratorios en las escuelas y sus alrededores. La medida se da, después de que el miedo provocado por las detenciones de padres que llevaban a sus hijos a la escuela han marcado el regreso a las clases de este año, propiciando el absentismo escolar.

Los dos sindicatos de docentes más grandes de Estados Unidos, la Asociación Nacional de Educación y la Federación Estadounidense de Maestros, denuncian que los arrestos cerca de los campus escolares están aterrorizando a los niños y sus maestros, lo que lleva a algunos estudiantes a abandonar los estudios. La demanda incluye testimonios de maestros anónimos que reportan haber observado un aumento de la ansiedad y una disminución de la participación y asistencia de estudiantes migrantes o hijos de migrantes.

Una escuela preescolar de Oregón se unió a la demanda en protesta por la detención de un padre cuando salía de dejar a su hijo. Agentes enmascarados rompieron la ventanilla de su coche y le sacaron a rastras. La llegada de la policía provocó ese día el cierre de la escuela. Los profesores pusieron música para evitar que los niños pudieran oír lo que estaba pasando.

La maestra Lauren Fong, quien enseña al niño cuyo padre fue arrestado ese día, dijo que le preocupó la decisión de que la detención se realizara en el estacionamiento de la escuela, que es propiedad privada.

“¿Por qué en una escuela? ¿Por qué no en otro lugar, en cualquier otro lugar?”, preguntó Fong en una entrevista, según recoge AP. “Fue en el estacionamiento, donde tantos niños pequeños podían presenciarlo”.

Desde que el republicano regresó a la Casa Blanca, las escuelas han perdido la protección que durante décadas las mantenía libres de las operaciones contra migrantes. Un memorando que se ha respetado durante varias Administraciones impedía el acceso de los agentes migratorios a los lugares sensibles, entre los que se incluían las escuelas, los hospitales y los lugares de culto. El Gobierno de Trump eliminó la salvedad y dio luz verde para que el ICE pueda entrar y detener sin restricciones.

Los centros han preparado protocolos para enseñar a los empleados qué hacer en caso de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) quiera acceder en busca de estudiantes indocumentados y ofrecen charlas a los padres preocupados con las detenciones.

Maestros de secundaria en Pensilvania y Virginia declararon que algunos estudiantes dejaron de asistir en primavera por temor a ser arrestados en el campus. Una logopeda de una escuela primaria de California comentó que los padres inmigrantes se mostraban reacios a inscribir a sus hijos en servicios de educación especial porque eso implicaría dar más información a la escuela. También una maestra de secundaria de Texas para estudiantes que aprenden inglés señaló que la matrícula en sus clases ha disminuido drásticamente.

Los educadores se unieron a una demanda interpuesta en abril por un sindicato de trabajadores agrícolas de Oregón y un grupo de iglesias, que impugna la decisión de la Administración Trump de abrir también los lugares de culto a las autoridades migratorias. La demanda se presentó el martes ante un tribunal federal en Eugene, en el Estado de Oregón.

‘Los medios mienten’, dice el Gobierno

El Departamento de Seguridad Nacional lanzó un comunicado este martes negando que se estén produciendo incursiones del ICE en las escuelas. “Lamentablemente, los medios de comunicación intentan crear un clima de miedo y desprestigiar a las fuerzas del orden. Estas difamaciones contribuyen a que nuestros agentes del ICE se enfrenten a un aumento del 1000 % en las agresiones en su contra. El ICE no está realizando operativos policiales en las escuelas ni allanando escuelas. El ICE no va a las escuelas a arrestar a menores.”, declaró la subsecretaria Tricia McLaughlin.

La funcionaria justificó, sin embargo, que los agentes pueden acceder en caso de que lo consideren necesario. “La Administración Trump no les atará las manos a nuestras valientes fuerzas del orden y, en cambio, confía en que usen el sentido común. Si un delincuente extranjero ilegal peligroso se refugiara en una escuela, o si un delincuente sexual infantil trabajara como empleado, podría darse el caso de que se realice un arresto para proteger la seguridad pública. Pero esto no ha sucedido”, agregó.

La decisión del Tribunal Supremo de este lunes de permitir que los agentes migratorios arresten en las calles de California a personas basándose en su perfil racial ha aumentado la preocupación entre los progenitores y estudiantes hispanos.

En los meses pasados, los condados tuvieron que improvisar protocolos para enviar a las escuelas y que supieran cómo reaccionar en caso de que los agentes del ICE irrumpieran. No permitir la entrada sin una orden judicial y no facilitar datos de sus alumnos fueron algunas de las directrices que se enviaron a los centros para asegurar el bienestar de los alumnos.

La ley federal impide que los centros recaben datos de estatus migratorio de sus alumnos y desde el caso de Plyler contra Doe, en 1982, todos los niños tienen el derecho de recibir educación en los centros públicos. Algunos Estados gobernados por republicanos, como Tennessee y Texas, han impulsado leyes para excluir a los menores indocumentados.

Según datos de 2021 recopilados por FWD.us, hay unos 620.00 estudiantes indocumentados en primaria y secundaria (K-12) en Estados Unidos, aunque se estima que ese número sea ahora mayor. La mayoría de los Estados tienen al menos 1.000 estudiantes sin papeles en sus escuelas, aunque esta cifra es significativamente mayor en Texas (111.000), Florida (74.000) y California (72.000).

Además, se estima que hay 3,9 millones de estudiantes que son ciudadanos estadounidenses pero que corren riesgo de separación familiar porque alguno de sus padres es indocumentado.

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