Los militares y policías peinaron durante nueve horas las brechas de un poblado cercano a Culiacán, la capital de Sinaloa, al noroeste de México. Su objetivo aquel 20 de junio de 2000 era capturar a Ismael Zambada García, alias El Mayo, uno de los fundadores del poderoso Cartel de Sinaloa y que nunca ha pisado la cárcel. Las autoridades catearon ranchos y casas sin encontrar al capo, pero emitieron órdenes de aseguramiento despojando al narcotraficante y a su familia de coches y varias propiedades, entre ellas una productora de leche local.
Los inmuebles fueron reclamados por la exesposa e hijos de El Mayo y las autoridades se las regresaron. Ese ha sido el único intento del Gobierno mexicano por despojar al poderoso narcotraficante de su incuantificable riqueza. En los registros oficiales de la Fiscalía General de la República (antes PGR) no hay casas, empresas, dinero en efectivo o cuentas bancarias aseguradas a nombre del capo. Al menos, hasta finales del año pasado, el Gobierno mexicano no había logrado quitarle ni una pistola.
En respuesta a una solicitud de información, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), una instancia de la FGR, informó sobre sus esfuerzos para debilitar las estructuras financieras que mueven el blanqueo de dinero. Entre 2007 y 2017 había asegurado alrededor de 582 millones de dólares relacionados a una investigación por lavado de dinero. La cifra es muy baja si se toma en cuenta que las autoridades de Estados Unidos buscan incautarle tan sólo a Joaquín El Chapo Guzmán, quien fue declarado culpable de múltiples cargos de narcotráfico, al menos 12.600 millones de dólares, cantidad que se calcula es la ganancia que obtuvo de sus actividades ilícitas.
La Fiscalía mexicana ha asegurado también 564 inmuebles, 4 aeronaves y 70 embarcaciones por lavado de dinero entre 2007 y 2017. Una cifra muy menor si se dimensiona el músculo de los carteles y el dinero que se blanquea en México: el cálculo más conservador del Ministerio de Hacienda apuntaba en 2010 que la cifra ascendía a 10.000 millones de dólares al año, mientras que en 1994, la Fiscalía estimaba que obtenía ingresos brutos de 30.000 millones de dólares anuales.
La Fiscalía se ha negado a informar la cantidad de inmuebles, dinero, joyas, objetos, coches y dinero asegurado a cada uno de los carteles del narcotráfico en el país argumentando que no cuenta con los datos a ese nivel de detalle, pero ha brindado información sobre algunos líderes de grupos criminales. En un documento consultado en la plataforma nacional de transparencia, una página de internet oficial donde se puede consultar la respuesta del gobierno a las peticiones de información ciudadanas, se puede leer que a Servando Gómez, La Tuta, líder de la Familia Michoacana –un cártel que invocaba la justicia divina y sometía a sus miembros a una especie de adoctrinamiento donde los incitaba a matar y delinquir para “proteger” a sus familias--, se le aseguraron entre 2001 y 2017 cinco coches y 800 objetos, entre armas, cartuchos, cargadores, explosivos y municiones.
En otro de los oficios se señala que a Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el poderoso cartel que durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se catapultó aprovechando los golpes asestados por las autoridades a su rival: el cartel de Sinaloa, no se le había asegurado ningún bien. A Osiel Cárdenas Guillén, quien fuese líder del Cartel del Golfo, se le habían retenido 21 inmuebles, 43 coches y 37 joyas, así como 34.900 dólares americanos y 18 armas entre 2001 y 2017. A Arturo Beltrán Leyva, del cartel de los hermanos Beltrán (antiguos socios de El Chapo Guzmán), solo le habían quitado cuatro objetos en el mismo periodo.
En otros oficios la entonces PGR informó sobre los aseguramientos a El Chapo Guzmán. En un cuadro estadístico que proporcionó la Dirección General de Aseguramiento Ministeriales se informa que en 1993 se le aseguraron 43 inmuebles distribuidos entre Jalisco, Baja California y Ciudad de México, mientras que en 2016 uno más. Entre 1992 y 2017 se le han confiscado 13 coches, 3 joyas y 186 armas.
Desde 2002, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos comenzó a exhibir a empresas mexicanas que servían a los carteles de la droga mexicanos para blanquear sus activos. Desde enero de ese año a finales de 2018 habían documentado cerca de 300 empresas, pero en México sólo diez fueron aseguradas por la Fiscalía al estar inmersas en una investigación y transferidas al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), un organismo descentralizado que se encarga de resguardar los artículos, inmuebles, y dinero que las autoridades aseguran en una indagatoria mientras se define su destino o hasta que un juez decreta su decomiso mediante una sentencia firme.
Además, de las diez empresas que en México fueron aseguradas, cuatro de ellas fueron devueltas a sus propietarios, en la mayoría de los casos las compañías nunca fueron clausuradas y hasta han prestado servicios al Gobierno federal, administraciones estatales o a los ayuntamientos.
Las primeras compañías mexicanas que exhibió EE UU en su lista negra fueron las del cartel de los Arellano Félix en enero de 2002. En el listado había diez compañías de diversos giros, como tiendas de seguridad electrónica, inmobiliarias y farmacias ubicadas en la fronteriza ciudad de Tijuana, en el Estado de Baja California, la principal zona de operación de la organización delictiva.
La mayor cantidad de empresas mexicanas exhibidas por la OFAC –alrededor de cien-- tienen un vínculo con el cartel de Sinaloa. Las primeras compañías de esa organización en aparecer en el listado fueron señaladas como lavadoras de Ismael El Mayo Zambada. El Departamento de EE UU exhibió en 2007 cinco compañías, entre las que había una comercializadora de leche, una gasolina y una constructora.
Hasta finales de 2018, el SAE tenía 28 empresas bajo resguardo que le había transferido la Fiscalía por estar inmersas en una indagatoria de blanqueo o delincuencia organizada, según la información conseguida mediante la ley de transparencia. El 75% de ellas se habían asegurado como parte de una investigación relacionada al Cartel de Juárez, de Colima, de Tijuana, del Golfo y de Sinaloa.
Uno de los casos más importantes donde ha intervenido el SAE está ligado a Rigoberto Gaxiola Medina, que en la década de los noventas fue señalado como lavador de Amado Carrillo Fuentes (cartel de Juárez), y que años después, en agosto del 2008 fue incluido por el Departamento del Tesoro en su lista negra por ser parte de la red de lavado de dinero del cartel de Sinaloa, pese a que desde el 2003 Gaxiola estaba en prisión.
En México se lava dinero sucio en muchos y diversos ramos: principalmente en casas de cambio, tiendas de ropa, casinos, restaurantes o bares. También en farmacias, salones de fiestas, inmobiliarias, ranchos ganaderos o agrícolas, compañías mineras, constructoras, mensajerías, hoteles, casas naturistas, mudanzas, agencias distribuidoras de autos, empresas de blindaje y centros turísticos, entre otras.
La Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO), una instancia de la Fiscalía, es la encargada de indagar y perseguir los delitos cometidos por miembros de organizaciones delictivas. Para ello la SEIDO cuenta a su vez con áreas específicas. Una de ella es la Unidad especializada en la investigación de operaciones con recursos de procedencia Ilícita, que cuenta con 60 servidores públicos –entre fiscales, ministerios públicos y oficiales investigadores- responsables de la persecución de estos delitos.
Entre 2007 y 2017 la unidad ejerció un presupuesto de 537,4 millones de pesos (unos 28 millones de dólares) para operar. Un presupuesto mucho menor si se compara lo que ha gastado el Gobierno mexicano –a través del Ejército-- para la compra de armamentos y vehículos. Tan solo en 2017 la Secretaría de Defensa gastó unos 790 millones de pesos (unos 35 millones de dólares, de acuerdo al tipo de cambio de ese año) en insumos para hacerle frente al crimen organizado, de acuerdo con información consultada por este medio.
Las fallas por parte de la Fiscalía General en la persecución de los delitos las ha señalado la Auditoría Superior de la Federación. Un informe de 2016 evidencia que los ministerios públicos —que dependen de la Fiscalía— han presentado inconsistencias en la integración de los expedientes y eso retribuye en que el juzgador tenga que devolver los casos. La ASF pidió a la Fiscalía que distribuya equitativamente las cargas de trabajo e inspeccione los pliegos de consignación de los ministerios públicos. El órgano fiscalizador concluyó que la investigación y persecución de estos delitos fueron insuficientes para reducir la impunidad.
Angélica Ortiz Dorantes, quien ha escrito diversos libros sobre el tema de lavado de dinero, señala que en la Fiscalía regularmente hay un desperdicio de personal especializado. “Hay mucha gente que se capacita constantemente, pero que luego en vez de mandarlos al área de investigación de lavado, los envían a otras tareas, y no se aprovechan sus conocimientos del tema”, explica. Entonces, abunda, la persecución del delito quede en manos de personas que no lo entienden porque no lo han estudiado o no tienen la capacitación adecuada.
Otro factor que repercute para que haya pocas sentencias es que es un delito muy extenso y complejo. “Tiene tantos elementos el delito que los propios ministerios públicos no son capaces de integrar todos los elementos ni de entenderlos”, expone. Las pocas sentencias repercuten en que haya pocos decomisos o aseguramientos de bienes. “¿Por qué no se desmantela la estructura criminal de quienes realmente importan y son los cerebros de las organizaciones? Porque no hay una buena investigación y si no hay buena investigación hay pocos decomisos”, resume la experta.
