Los grandes capos,
impunes e intocables

A principios de 2009, el capo Vicente Zambada Niebla se paseaba tranquilamente en un coche BMW o en un Audi por las calles de la exclusiva zona de Jardines del Pedregal en Ciudad de México. El joven de entonces 33 años era escoltado regularmente por cinco hombres armados que habían logrado pasar desapercibidos, hasta que finalmente llamaron la atención de los vecinos. El 19 de marzo de 2009, el líder criminal fue detenido por militares y policías después de que se recibiera una denuncia anónima. El Vicentillo, como le apodan, es hijo de Ismael Zambada García, alias El Mayo, uno de los fundadores del Cartel de Sinaloa, junto con Joaquín El Chapo Guzmán. El día de su arresto fue exhibido ante los medios de comunicación como un narcotraficante que estaba al mismo nivel jerárquico de El Chapo dentro del Cartel de Sinaloa, la organización más poderosa en la historia del narcotráfico en México.

La imagen del joven vestido con un impecable saco azul de terciopelo dio la vuelta al mundo. El Gobierno mexicano aseguró que su aprehensión era un duro golpe al cartel al detener a uno de sus dirigentes. Pese a su función clave en el cartel durante los años más cruentos de la guerra contra el narco, en México no contaba con órdenes de aprehensión para ser llevado ante un tribunal mexicano y ser juzgado por el daño causado a la seguridad del país. Su aprehensión se dio porque Estados Unidos le había pedido a México su captura a fin de extraditarlo. El 18 de febrero de 2010 fue entregado a las autoridades de aquel país para ser procesado por asociación delictuosa y delitos contra la salud. Apenas en mayo de este año un juez federal en EE UU lo sentenció a 15 años de prisión. En México no se le ha investigado por lavado de dinero.

El caso de El Vicentillo no es el único donde las autoridades no han logrado armar investigaciones sólidas por lavado de dinero. En una revisión hecha por este medio a los cargos fincados por la Fiscalía (en los dos sexenios anteriores) en contra de 20 de los principales líderes de los cárteles mexicanos, se encontró que, hasta diciembre del año pasado, solo a 8 se les había investigado por blanqueo de recursos. En estos casos investigados por lavado, solo se habían conseguido dos sentencias condenatorias, cuatro capos estaban presos y sin sentencia, uno estaba prófugo de la justicia y otro había muerto en un enfrentamiento entre militares y delincuentes.

Desde diciembre de 2006, cuando el expresidente del conservador PAN le declaró la guerra al narcotráfico, se emprendió una persecución en contra de los líderes y miembros de los cárteles para intentar fincarles cargos por delincuencia organizada, posesión de armas exclusivas del Ejército y delitos contra la salud, pero se puso poco énfasis en documentar sus estructuras financieras que aceitaban sus actividades criminales.

Para Angélica Ortiz Dorantes, especialista en prevención de lavado de dinero, las autoridades mexicanas han asumido su incapacidad para armar una investigación sólida y por ello en muchos casos han cedido a entregarlos en extradición. “México ha renunciado en muchos de esos casos a ejercer su soberanía y aplicar sus leyes”, explica. Antes en México las autoridades no extraditaban a sus nacionales, cuenta, su política era juzgarlos en el país, con sus leyes y ejerciendo su soberanía jurídica. “Si se supone que todas esas personas han cometido delitos aquí, entonces México tiene jurisdicción para investigar y juzgarlos, pero ha cambiado su política decidiendo entregarlos a Estados Unidos porque es incapaz de cuidarlos y juzgarlos”, afirma.

Un claro ejemplo de la ineficacia con la que actuó la Fiscalía mexicana para combatir el lavado de dinero es Joaquín Guzmán Loera. El Chapo, quien fue extraditado a Estados Unidos y en febrero pasado fue declarado culpable de múltiples cargos de narcotráfico en un Tribunal de Nueva York, no enfrentó en su país ninguna acusación de lavado. Hasta diciembre pasado, la entonces llamada PGR había abierto contra él una decena de expedientes penales por delitos contra la salud, delincuencia organizada, portación de arma de uso exclusivo del Ejército, asociación delictuosa, daño en propiedad ajena, ataque a las vías de comunicación y cohecho, pero ninguno por operaciones con recursos de procedencia ilícita, de acuerdo a los documentos judiciales consultados.

Abigael González Valencia, líder de Los Cuinis --el brazo armado del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la organización con mayor expansión en los últimos seis años--, fue detenido el 28 de febrero de 2015, pero solo con fines de extradición, porque en México hasta ese momento no se sabía que hubiese otros procesos penales en su contra. Esto, pese a que el Gobierno mexicano destacó el día de su detención que era el “principal operador financiero” del CJNG. El Cuini está en proceso de extradición porque una corte del Distrito de Columbia lo reclama por asociación delictuosa, delitos contra la salud y posesión de armas. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) lo incluyó junto con Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho (el líder máximo del CJNG), en su lista negra. El Mencho, que se ha convertido en el nuevo capo más buscado después de la captura de El Chapo, tampoco había sido requerido para rendir cuentas por ilícitos de lavado de dinero. La Fiscalía lo investigaba hasta finales del año pasado por delincuencia organizada y acopio de armas.

Golpes mediáticos

En el 2009 el Gobierno de Felipe Calderón anunció que había dado un duro golpe a la organización criminal de los Beltrán Leyva. En diversos comunicados anunció la detención de una docena de personas que integraban una célula internacional que transportaba dinero mediante documentos a nombre de empresas fantasma y que contaban con el apoyo de dos policías federales adscritos al Aeropuerto de Ciudad de México. Después se sabría que entre los involucrados estaba Ramón Ricardo Martinelli, exdiputado y primo del entonces presidente de Panamá Ricardo Martinell.

En su sexto informe de gobierno, Calderón presumió este golpe como parte de los resultados de su Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al Lavado de Dinero. “Esto representó un golpe a la organización criminal de los Beltrán Leyva, dando como resultado el aseguramiento de cuatro vehículos y de 10,8 millones de pesos”, se expuso en el documento.

En el expediente judicial obtenido por este medio mediante la ley de transparencia se lee que la investigación comenzó el 18 de noviembre de 2009. Ese día a las 7:30 horas un policía federal contestó una llamada anónima donde un hombre denunció que un día antes había viajado a Panamá un tal Francisco Javier Piñón Meléndez, que era parte de una organización criminal que se dedicaba a llevar dinero al extranjero. El modus operandi era declarar el efectivo ante Aduana apoyándose en documentos de tres empresas que no existían.

Tras recibir la llamada, el policía confirmó con Aduana que un día antes había viajada esa persona a Panamá y había declarado 254.262 dólares de la empresa Factor Elite con domicilio en Puebla. Inmediatamente se solicitó el apoyo de la policía de Puebla para localizar el domicilio de la compañía, pero al llegar al lugar los agentes se percataron que no existía dicha empresa. Al siguiente día Piñón Meléndez fue capturado cuando regresaba de Panamá.

En el interrogatorio policial el hombre de 36 años dijo que había viajado para exportar carne. Se le preguntó si trabajaba para la empresa Factor Elite y respondió que no. Después de varias contradicciones, contó que una persona le había ofrecido transportar dinero de esa empresa y le aseguró que todo se haría de forma legal. Hasta ese momento llevaba tres viajes y había recibido un pago de 500 dólares por cada uno. Antes del viaje, contó, se veía con un hombre en un restaurante de la terminal dos del aeropuerto, quien le entregaba el dinero, los documentos de la empresa y los boletos de avión. Una vez que llegaba a Panamá lo esperaba una persona de una empresa de valores, a quien le entregaba el numerario y después lo llevaban a un hotel.

Efraín Jaime Serna, otro de los detenidos, contó que otra forma de operar era con el apoyo de policías federales. Los agentes adscritos al aeropuerto les entregaban el dinero o se los dejaban en un baño que se encuentra debajo de un restaurante en la terminal dos. “El filtro para abordar el avión también logramos pasarlo porque varios policías federales nos acompañan y a las personas de dicho filtro, les dicen que nos dejen abordar la aeronave sin hacernos revisión alguna”, declaró.

El hombre que se convirtió en testigo protegido de la PGR con la condición de que le brindaran algún beneficio como reducción de la condena, señaló que en una de las conversaciones que tuvo con uno de los reclutadores, este le comentó que el dinero que se transportaba era propiedad del Cartel de los Beltrán Leyva. Jaime Serna explicó que se realizaban alrededor de veinte o treinta viajes al mes.

En uno de los viajes que realizó, contó, lo recogió en el aeropuerto de Panamá un hombre que se identificó como Jorge Luis Álvarez Cummings. Este panameño fue señalado en la indagatoria de la PGR como la cabeza de la célula, quien desempeñaba funciones de dirección, administración y supervisión. Las autoridades lograron identificar su pertenencia en el grupo criminal porque uro de los implicados en la red de lavado y que fue detenido en el aeropuerto mexicano llevaba entre sus pertenencias documentos dirigidos a la empresa Almacenaje de Valores, de la que Álvarez Cummings era el apoderado legal.

Otra prueba recabada en el expediente fue un oficio enviado por la dirección regional de la DEA a las autoridades mexicanas para informarles que desde junio de ese año la oficina de esa institución en Panamá y las autoridades de ese país habían logrado identificar a un grupo de panameños, mexicanos, colombianos y alemanes que se encargaban de transportar dólares desde México a Panamá. “Se refiere que los mensajeros declaraban abiertamente grandes cantidades de dinero en Panamá al pasar los controles aduaneros”, se alertó en el documento. Álvarez Cummings, según el expediente consultado, era el responsable de coordinar el arribo de los portadores de dinero al aeropuerto de Tocumén.

Otra prueba que recabó la Fiscalía General fueron una serie de transcripciones de conversaciones telefónicas realizadas por la Fiscalía de Panamá, donde Álvarez Cummings alista los detalles del viaje a México que realizaría con otras tres personas el 18 de noviembre de 2009, entre ellas Ramón Ricardo Martinelli Corro. En su declaración, Martinelli Corro dijo que su vistita a la Ciudad de México fue para ver el funcionamiento estructural, tamaño y características de buses y los tipos de estaciones del Metrobús para una licitación que se encontraba trabajando, y que por ello fue acompañado de Ávarez Cummings y otras dos personas.

A finales de 2009 y durante 2010 hubo otras detenciones de personas vinculadas a esta célula. El 27 de abril de 2010 fue capturado Jesús Andrés Alfaro Prieto acusado de sacar del país 200.000 dólares.

La Fiscalía no pudo acreditar que los involucrados en la célula de blanqueo pertenecieran y trabajaran para los Beltrán Leyva porque los testimonios que revelaban un vínculo habían sido escuchados por terceras personas y contados por testigos protegidos. La única sentencia que logró la Fiscalía mexicana fue contra Alfaro Prieto en febrero de 2014, condenado a cinco años de prisión por lavado de dinero.

Otro fracaso de la Fiscalía en contra de los cárteles fue la investigación contra Pedro José Jiménez Pérez, un supuesto lavador del cartel del Milenio. La Fiscalía encontró transacciones bancarias que el hombre no pudo justificar. Según la PGR, era uno de los principales operadores financieros del Cártel del Milenio, pero para probar sus vínculos con esa organización criminal presentaron los testimonios de los policías que lo detuvieron. Ellos contaron que para no ser capturado, Jiménez Pérez los había intentado sobornar y luego intimidar diciéndoles que era miembro de una importante organización criminal. El juez desestimó la intención de la Fiscalía de procesarlo por delincuencia organizada y solo lo condenó a seis años y tres meses de prisión por lavado de dinero.