Cuando el narcotraficante Amado Carrillo Fuentes murió en medio de una intervención quirúrgica para modificar su rostro en 1997, su esposa Candelaria Leyva le pidió a su hijo Vicente que peleara por la herencia de su padre. El hijo del extinto líder del Cartel de Juárez, una de las organizaciones criminales más antiguas de México y de las primeras en asociarse con los capos colombianos para traficar droga hacia Estados Unidos, emprendió la tarea de recuperar una decena de casas a nombre de testaferros y el dinero que había quedado escondido en diversas cajas de seguridad. La primera visita la realizó a una casa ubicada en Hermosillo, la capital de Sonora (un Estado fronterizo con Estados Unidos), donde encontró 400.000 dólares guardados en una caja fuerte oculta debajo de unas escaleras.
Al cabo de unos meses, Vicente Carrillo Leyva, hijo del mítico narcotraficante, logró juntar siete millones de dólares que estaban escondidos en diversas casas y departamentos. También obtuvo efectivo de la venta de tres viviendas recuperadas. El dinero lo repartió con su madre y sus hermanos. La parte que le tocó a él, poco más de un millón de dólares, la guardó y luego lo cambió a pesos mexicanos para depositarlos en cuentas bancarias abiertas por él y por su esposa con identidades falsas, según se refleja en el expediente judicial, donde el 23 de diciembre de 2015 se le sentenció por lavado de dinero y que fue consultado por este medio.
Por esa causa, El Ingeniero, como se le conoce a Carrillo Leyva, fue detenido en abril de 2009 y después de seis años de un largo proceso donde enfrentó otros cargos penales, finalmente fue sentenciado a siete años y seis meses de prisión por lavado de dinero. El juez concluyó que Vicente y su esposa depositaron y transfirieron dinero que provenían de una actividad ilícita. “Es evidente que los recursos que fueron depositados en las cuentas tienen su origen en el narcotráfico, lo que se advierte al seguir la ruta del dinero, cuya fuente última se evidencia como el narco”, se lee en la sentencia. En junio de 2018, Vicente dejó la prisión tras haber cumplido su condena.
El caso del heredero del Cartel de Juárez es una de las 12 sentencias que se lograron en México por blanqueo de capitales desde finales de 2006 hasta el 31 de diciembre de 2018 y uno de los cuatro casos más importantes que han llegado a tribunales relacionados con alguna organización del narcotráfico. En el país el lavado de dinero es un delito que no se castiga: solo el 0,2% (12) de los 5.228 expedientes abiertos por la Fiscalía General de la República (FGR) ha culminado en una sentencia irrevocable.
Desde que el expresidente Felipe Calderón le declaró la guerra al narcotráfico en México en diciembre de 2006 y sacó al Ejército a las calles para combatir frontalmente a los criminales, la Fiscalía ha fracasado en la persecución de este delito. Apenas ha logrado que el Poder Judicial sentencie a 16 personas inmersas en los 12 expedientes concluidos. A pesar de que las penas máximas por el ilícito de lavado son de hasta quince años de prisión, quince de los sentenciados obtuvieron penas de entre 5 y 7 años de cárcel y sólo una de ellos acumuló 60 años de prisión por haber reincidido en el ilícito.
Todas las administraciones recientes han reconocido que la mayor amenaza en el lavado de activos proviene de las organizaciones delictivas por el alto volumen de fondos generados con sus actividades ilícitas. Desde el presidente Calderón, pasando por Peña Nieto y ahora con López Obrador, se ha sostenido que capturar a los operadores financieros de los narcos es clave para minar a los carteles, sin embargo, en los hechos —tras revisar decenas de expedientes judiciales— los que terminan en la cárcel pocas veces son los dirigentes criminales, siempre es el eslabón más débil de la cadena criminal.
Los expresidentes Calderón y Peña Nieto dijeron que seguir el dinero para desmantelar las estructuras financieras ayudaría a acabar con la amenaza del narco. “Los criminales se hacen pasar por prósperos hombres de negocios: compran mansiones y vehículos de lujo, constituyen o compran empresas que les sirven de fachada, tanto para el lavado de su dinero como para el trasiego de drogas”, decía Calderón en agosto de 2010, antes de promover una nueva ley enfocada a la prevención y persecución del delito.
“Debemos estar preparados para combatir eficazmente el terrorismo, la delincuencia organizada trasnacional y el narcotráfico, lo mismo que el tráfico ilegal de armas y el lavado de dinero que son combustible de la violencia criminal”, dijo Peña Nieto en una reunión con ministros de defensa en octubre del año pasado. El Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador también se ha sumado a este discurso. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ha dicho que en lo que va de esta administración uno de sus objetivos prioritarios ha sido el combate a los grupos delincuenciales y muestra de ello es que se han congelado cuentas bancarias relacionadas al Cártel Jalisco Nueva Generación, Unión Tepito y Santa Rosa de Lima.
La realidad muestra que en los dos sexenios anteriores ninguna de las estrategias de seguridad logró consolidar un modelo efectivo para debilitar el blanqueo de capitales. La ley en la materia impulsada por Calderón y promulgada en el gobierno de Peña Nieto no estuvo acompañada por un presupuesto sólido para la parte de procuración de justicia, asegura Keyla Vargas Rojas, experta en el tema de prevención de lavado de dinero. La norma fortaleció las capacidades de inteligencia de la Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y las de investigación de la Fiscalía, a través de su unidad especializada, explica, pero a la hora de asignar presupuestos solo la UIF se vio significativamente beneficiada.
A pesar de los esfuerzos que el Estado mexicano ha realizado en los últimos años con el fin de que las organizaciones delictivas no puedan seguir operando, la mayoría subsisten debido a su estructura financiera y a su red de protección. Sin condenas a las cabezas financieras, los resortes económicos del narco siguen intactos. Vargas Rojas coincide en que la corrupción es un gran obstáculo en la persecución del delito, ya que las autoridades pueden llegar a ser laxas en los controles y en la vigilancia.
EL PAÍS solicitó a la Fiscalía información sobre las averiguaciones previas y carpetas de investigación iniciadas, consignadas y judicializadas y las sentencias por lavado de dinero para saber el tamaño de la impunidad. También se solicitaron al Poder Judicial diversos expedientes, como causas penales, apelaciones, amparos, oficios de consignación, pruebas periciales y declaraciones ministeriales, entre otros archivos relacionados a las16 personas condenadas, para analizar qué tipo de casos se han logrado sentenciar por lavado de dinero. También se solicitó información sobre bienes, inmuebles y dinero asegurado por el Gobierno federal y los decomisos emitidos por el Poder Judicial, así como el listado de empresas bajo el resguardo del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).
Tras la revisión de los documentos obtenidos mediante solicitudes de información queda en evidencia que la justicia condena poco y lleva a tribunales, en su mayoría, a quienes realizan los mandados. 12 de los 16 sentenciados se dedicaban a transportar dinero: llevar maletas, fajos, bolsos de un sitio a otro a pedido de algún operador financiero del crimen. Uno de ellos fue descubierto con bultos de billetes ocultos en un transporte de mercancías en un punto de revisión fiscal en el estado de Sonora (norte de México), otros diez fueron detenidos en distintos aeropuertos mexicanos cuando intentaban viajar al exterior o cuando regresaban cargados de dólares o euros.
El otro detenido por transportar recursos fue Manuel González Martínez, un chico que en 2002 cuando fue detenido tenía 23 años y pertenecía al cartel de Tijuana, uno de los grupos más poderosos del narcotráfico en México en la década de los noventa. La Fiscalía comprobó que González Martínez era uno de los encargados de llevar desde Ciudad de México al vecino Estado de Puebla miles de dólares en efectivo a la esposa de Benjamín Arellano Félix, uno de los líderes de la organización y en ese entonces uno de los capos más buscados en México.
A 8 de los 16 sentenciados se les intentó relacionar con el Cartel de Sinaloa, del Milenio, de Tijuana, de Juárez y de los Beltrán Leyva, pero solo cuatro de ellos tenían una posición de liderazgo dentro de alguna organización. El resto dijo no saber que era parte de una red de lavado y no conocer al líder máximo del supuesto cartel al que servían y tampoco aportaron datos que llevaran a la captura de los cerebros de esas operaciones hormiga de traslado de dinero.
Para Keyla Vargas está claro que los sentenciados son, en su mayoría, las personas que están en la estructura más baja, conocidas en México como mulas (transportistas de dinero), pero no se logra identificar quién es el beneficiario real o final porque no existe un canal efectivo de comunicación entre las autoridades de inteligencia financiera (Ministerio de Hacienda) y las de procuración de justicia (Fiscalía general) a fin de que toda la información de inteligencia pueda utilizarse para abrir una carpeta de investigación.
Además de Vicente Carrillo Fuentes, del Cartel de Juárez, los otros tres sentenciados por lavado de dinero y que tenían una posición clave dentro de una organización criminal fueron Ivonne Soto Vega, y Felipe y José Luis Ruelas Martínez, miembros del cartel de Tijuana. A continuación, presentamos un resumen de sus casos.
Vicente Carrillo Leyva, hijo del extinto narcotraficante Amado Carrillo Fuentes (fundador del Cartel de Juárez), se dedicó a blanquear mediante depósitos en diversas cuentas bancarias 15,2 millones de pesos (unos 800.000 dólares) provenientes del narcotráfico. En total enfrentó las acusaciones de ocho delitos, pero solo fue sentenciado por dos. El más contundente era por lavado de dinero. El menos despampanante fue delito electoral: Carrillo Leyva le pagó a alguien para que le fabricara una credencial de elector falsa (usurpando el nombre de alguien más) con la finalidad de contar con un documento para abrir cuentas bancarias. Con ayuda de su defensa, fue librando el resto de los cargos de delincuencia organizada, delitos contra la salud y portación de arma de fuego donde la PGR buscaba responsabilizarlo como el heredero del Cartel de Juárez y uno de los líderes de la organización criminal.
El 12 de junio de 2018 salió de prisión tras cumplir la condena de lavado. En su declaración aseguró que se dedicaba a los bienes raíces con ingresos de entre 25.000 y 50.000 pesos mensuales (entre 1.315 y 2,630 dólares) y que nunca se ha dedicado al tráfico de drogas. “Por el problema legal relacionado con mi padre, no fui aceptado en escuelas ni trabajos por eso tuve que aceptar algunos de los bienes que eran de mi padre y por eso también tuve que cambiar de nombre para no ser rechazado y poder trabajar para sostener a mi familia”, expuso.
De los diez inmuebles que les heredó su padre a él y sus hermanos, entre ranchos y casas distribuidas en Baja California, Sonora, Chihuahua, Jalisco y Ciudad de México solo pudieron recuperar tres, en los cuales también se guardaban fajos de dólares escondidos en cajas fuertes. El dinero, aseguró, provenía de las actividades comerciales de su padre, quien tenía una empresa de empaque de mariscos en Sinaloa y otra de cría de ganado en Sonora. Su padre, declaró, siempre fue relacionado al cartel de Juárez, pero nunca se le pudo comproba nada. Él nunca vio que cometiera algún delito y siempre supo que el dinero que tenía era producto de su trabajo lícito.
En este caso la Fiscalía recurrió al uso de testigos protegidos para señalarlo como uno de los líderes de la organización criminal. Carrillo Leyva aseguró que no conocía a los testigos colaboradores que habían declarado en contra de él. Otra de las pruebas recabadas fueron informes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que dan cuenta de las transacciones realizadas por Carrillo Leyva, así como dictámenes periciales en materia contable.
Ivonne Soto Vega, alias La Pantera, fue detenida el 18 de junio de 2001 en la ciudad fronteriza de Tijuana (Baja California), al norte de México. En ese entonces era considerada la principal lavadora del cártel de los Arellano Félix a través de inmobiliarias y casas de cambio. Se le procesó por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero fue ganando diversas batalles legales hasta esquivar el primero de los ilícitos. Después de una década de pelear ante los tribunales, el 16 de febrero de 2011 se le dictó una sentencia definitiva de siete años y seis meses de prisión por lavado de dinero.
No era una figura menor en la estructura financiera del Cartel de Tijuana. En 2005 el departamento del Tesoro de Estados Unidos estimó que en un periodo de solo tres años, La Pantera lavó 120 millones de dólares provenientes de la venta de drogas, pero en México la Fiscalía solo la multó con 109.600 pesos (unos 6.000 dólares). Según la investigación, Soto Vega mantenía una estrecha relación con los hermanos Arellano Félix y con sus esposas, a quienes acompañaba en sus diferentes viajes dentro y fuera del país. La captura de La Pantera repercutió para que dos años después fuera aprehendido Felipe Ruelas Martínez.
El 21 de julio de 2003, Felipe y su hermano José Luis Ruelas Martínez fueron capturados en Guadalajara (Jalisco) acusados de lavar el dinero ilícito obtenido de las actividades del Cartel de los Arellano Félix a través de unas quince casas de cambio ubicadas en los estados de Jalisco y Baja California. Felipe realizaba funciones de custodia e inversión de diversas cantidades de dinero provenientes de las actividades del narcotráfico, según la Fiscalía.
En noviembre de 2006 fue sentenciado a 15 años de prisión, pero tras diversas apelaciones logró rebajar la pena a cinco años en 2008. La PGR calculó que durante seis años Felipe y su hermano lavaron unos 20 millones de dólares a través de sus cuentas bancarias y sus casas de cambio. Los hermanos habían pasado en menos de cinco años de tener unas máquinas de videojuego a consolidarse como exitosos empresarios de las casas de cambio en Tijuana y Guadalajara.
La defensa de Ruelas aseguró que las declaraciones de los testigos protegidos por la PGR para inculpar a sus clientes se contradecían, algunos habían sido aleccionados y muchos de sus dichos no acreditaban un delito, como uno que declaró que había visto cuando Ruelas recibía dinero, pero el testigo no podía corroborar que esos recursos fueran ilícitos.
Un testigo colaborador dijo que al negocio de telefonía de Ivonne Soto Vega acudían diversos miembros de la organización delictiva de los Arellano Félix, entre ellos los hermanos Ruela. El abogado explicó que no quedó demostrado que acudieran para organizarse a fin de cometer algún ilícito. Otro colaborador contó que Soto se reunía con las esposas de los hermanos Arellano Félix y que en una ocasión él estuvo presente en una cena donde comieron langosta. Un tribunal consideró que el hecho de reunirse a almorzar no representaba ningún delito.
En otra ocasión, según el mismo testigo, Ivonne estuvo presente en una conversación donde trataron asuntos de “bajadas de aviones”. Sin embargo, el juzgador consideró que no se le podía relacionar con alguna actividad ilícita porque el colaborador tampoco dijo si había opinado en dicho tema y tampoco se aclaró que se transportaba en dichas aeronaves.
En los expedientes analizados se encontró que la única sentencia más extensa que ha impuesto un juez federal por lavado de dinero fue contra Luis Felipe Juárez Blanco, condenado a 60 años de prisión por haber transportado 32,6 millones de pesos (unos 2,5 millones de dólares de acuerdo al tipo de cambio de ese entonces) a Panamá y Costa Rica en menos de un año. El 4 de febrero de 2010 fue detenido en el aeropuerto de Ciudad de México cuando intentaba salir del país con 254.340 dólares ocultos en su equipaje. Juárez Blanco declaró que iba a Panamá a realizar una operación de compra venta de playeras que serían vendidas con motivo de las campañas electorales de 2010.
El detenido era gestor mercantil en la empresa Comercializadora Conawiata, que constituyó su hermano Jesús Juárez Blanco, quien fue director de Comunicación Social del Gobierno estatal de San Luis Potosí y después se dedicó a dar asesorías en campañas políticas en diferentes partes del país. “Lo que ganaba lo invertía en publicidad y con eso formó un negocio con su hermano que era de publicidad de playeras para campañas políticas prestando servicios de marketing electoral en Tamaulipas, San Luis Potosí, Estado de México y Jalisco”, contó un allegado a los hermanos.
La esposa de Luis Felipe Juárez Blanco contó que en dos ocasiones vio cómo su cuñado le entregó dinero a su marido, primero dos millones de pesos en efectivo, y posteriormente un millón de pesos que debía guardar. Ese efectivo es el mismo que Luis Felipe llevó en sus viajes al exterior. El juez no le dio validez a lo dicho por la esposa y lo condenó a prisión porque la defensa no pudo comprobar la procedencia legal del dinero. “Los dólares que transportó tienen origen ilícito porque aun cuando el acusado afirmó que estaban destinados a actividades comerciales, lo cierto es que no se tiene noticias de que al momento de regresar trajera consigo mercancía o documentación que corroborara las transacciones comerciales que realizó durante los viajes”, se lee en el expediente.
Las pruebas recabadas en el expediente judicial consisten en fotos, testimonios del personal aeroportuario que encontró el dinero oculto en las maletas y los formularios de declaración de aduanas que fueron llenados por el inculpado. Hay otras pruebas que aportó el ministerio público federal, pero que no fueron tomadas en cuenta por el juez, como los informes elaborados por policías ministeriales que acudieron a vigilar el domicilio de Juárez Blanco, anotando quién entraba y quién salía, o los testimonios que recabaron después de entrevistar a vecinos del acusado, quienes se negaron a dar su verdadero nombre y brindaron sus declaraciones de forma anónima.
