La Administración Trump relega a responsables del ICE por no cumplir los objetivos de deportación
El Gobierno dará más poder a la Patrulla Fronteriza para que use sus tácticas agresivas contra los migrantes
La Administración de Donald Trump no está satisfecha con el ritmo de las deportaciones y por ello va a sustituir a algunos de los responsables del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por las siglas en inglés) por funcionarios de la Patrulla Fronteriza (CBP), cuyas tácticas son más agresivas que las ya empleadas por los agentes del ICE.
El Gobierno no ha anunciado los cambios, pero varios medios han reportado que una docena de directores del ICE, que cuenta con 25 oficinas locales en todo el país, serán reasignados en los próximos días. Al menos la mitad de las vacantes serán ocupadas por funcionarios del CBP.
“La mentalidad es que la CBP hace lo que se le dice, y la Administración cree que el ICE no está haciendo su trabajo”, declaró un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del que dependen las dos agencias, a la cadena CBS. “Así que la CBP lo hará”.
Los jefes del ICE en Denver, Los Ángeles, Filadelfia, Phoenix y San Diego ya han sido relevados de sus trabajos y trasladados a otros puestos dentro de la agencia federal, según reportó el Washington Examiner.
Mientras las encuestas más recientes revelan que la mayoría de la población considera demasiado agresiva la campaña de detenciones de migrantes, el Gobierno lleva meses mostrando su frustración por lo contrario. El principal arquitecto de la política de deportación de Trump, el jefe adjunto de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, fijó hace meses un objetivo de 3.000 detenciones por día, pero la media de septiembre, último mes del que hay datos, es de 1.178 arrestos. Al ritmo actual, el ICE no va a poder cumplir con la meta de deportar a un millón de migrantes al año, como la Administración se había propuesto para lograr la mayor deportación de la historia que desea Trump.
El hecho de dar un papel más relevante al CBP prueba que el Ejecutivo apuesta por una campaña más agresiva que la actual. Los agentes fronterizos han protagonizado las escenas más brutales de las detenciones de migrantes en ciudades como Chicago y Los Ángeles.
En Chicago, a principios de octubre, agentes de la Patrulla Fronteriza descendieron en rápel desde un helicóptero Black Hawk hasta un edificio de apartamentos mientras las familias dormían, como parte de la Operación Midway Blitz contra los migrantes. Además, el responsable de la CBP en las operaciones antiinmigración en esa ciudad, Greg Bovino, violó órdenes judiciales que prohibían las tácticas violentas al lanzar una botella de gases lacrimógenos contra los manifestantes que protestaban por las detenciones, como ha quedado registrado en vídeos.
La Operación Midway Blitz resultó en más de 1.800 arrestos y denuncias de uso excesivo de la fuerza. En una denuncia presentada a principios de octubre ante el tribunal de distrito del norte de Illinois, varios medios de comunicación, manifestantes y miembros del clero acusaron a los agentes de inmigración de “un patrón de brutalidad extrema” destinado a “silenciar a la prensa y a los civiles”. A raíz de esa demanda, la jueza Sara Ellis prohibió a los oficiales usar gas lacrimógeno y otros agentes químicos contra una multitud sin antes emitir dos advertencias.
Bovino y otros oficiales hicieron caso omiso a dicha orden. Por ello, la magistrada Ellis pidió este martes que Bovino presente ante el tribunal todos los informes de uso de la fuerza de los agentes de la Patrulla Fronteriza involucrados en el operativo de Chicago desde el 2 de septiembre. Además, la jueza le ordenó que, de ahora en adelante, acuda a la corte al final de cada día laborable para entregarle personalmente un reporte sobre las detenciones y los incidentes de esa jornada.
Bovino, que reporta directamente a la secretaria del DHS, Kristi Noem, ha defendido la violencia con la que los agentes atacaron a los manifestantes en Chicago usando gas lacrimógeno y balas de pimienta y ha calificado su actuación como “ejemplar”. El funcionario del CBP elaboró junto a Corey Lewandowski, asesor de Noem, la lista de los directores del ICE que serán relegados.
De la frontera al resto del país
La CBP tradicionalmente ha actuado solo en un radio de 100 millas (160 km) de la frontera, pero desde que Trump regresó a la Casa Blanca, la agencia ha participado en operaciones contra la migración rebasando esos límites.
La CBP ha desplegado a más de 1.500 agentes para arrestar inmigrantes en ciudades de todo el país y ayudar con las deportaciones, según declaró a NBC News el jefe de la Patrulla Fronteriza, Mike Banks. En comparación, hay 8.500 agentes del ICE trabajando en las operaciones. Una de las ventajas para impulsar las detenciones es que la CBP puede aportar más recursos a la campaña antiinmigración de los que el ICE carece, como los helicópteros Black Hawk.
Además, hay una diferencia de enfoque, al menos en la teoría. El ICE asegura que su objetivo es detener a los delincuentes, a pesar de que una gran mayoría de quienes se encuentran bajo su custodia carece de antecedentes penales. Ese, al menos, fue su propósito durante años. El objetivo de la CBP, sin embargo, es detener a todas las personas que no tienen un estatus legal de residentes. Algunos funcionarios del ICE han criticado que mientras ellos gastan tiempo en investigar a quienes van a detener, los agentes fronterizos acuden a las tiendas como Home Depot para hacer redadas masivas.
La portavoz de la Casa Blanca Abigail Jackson no quiso hacer comentarios sobre los planes de reestructuración que primero adelantó The New York Times, pero dijo en una declaración que “todo el equipo del presidente está trabajando en sintonía para implementar la agenda política del presidente, y los tremendos resultados, desde asegurar la frontera hasta deportar a migrantes ilegales criminales, hablan por sí solos”.
La Administración afirma haber deportado a más de 400.000 personas desde que Trump asumió el cargo y espera deportar a un total de 600.000 para el final de su primer año de mandato. Estos datos, sin embargo, incluyen a las personas cuya entrada al país ha sido rechazada en la frontera, por lo que no son deportaciones como tal.