Organizaciones civiles denuncian la “desaparición” de 48 detenidos por ICE

La primera semana de marzo, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) llevó a cabo en Nuevo México una operación que duró varios días y se saldó con la detención de 48 personas, como más tarde celebraban sus autores. No se sabe sus nombres, ni su paradero, ni quién los está custodiando, según ha denunciado la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que los considera “desaparecidos”.

“Esto no es solo un problema de procedimiento, sino una grave violación de derechos humanos”, declaró Rebecca Sheff, abogada principal de ACLU de Nuevo México. “Cuando el Gobierno detiene a personas y luego se desconoce su paradero y no se puede contactar con ellas, las exime de la protección de la ley. Las familias quedan sumidas en una incertidumbre agonizante, desesperadas por contactar a sus seres queridos y garantizar su seguridad. Las desapariciones forzadas están prohibidas tanto por nuestra Constitución como por las normas internacionales de derechos humanos”, afirmó.

Las autoridades migratorias señalaron que 20 de los detenidos habían sido arrestados o condenados por “delitos graves”, entre los que enumeraron, además de homicidio y agresión sexual, conducir bajo la influencia del alcohol y el hurto en tiendas. Estos dos últimos no se consideraban motivo de deportación por la Administración anterior, pero Trump firmó la ley Laken Riley, por la que los migrantes indocumentados pueden ser deportados por estas faltas. Los delitos de los 28 detenidos restantes se limitan a haber entrado ilegalmente a Estados Unidos. De los 48 arrestados, 21 contaban con órdenes de deportación, según el ICE.

ACLU, organización de defensa de los derechos de los migrantes y responsable de la mayoría de las demandas judiciales interpuestas contra la política migratoria de la Administración Trump, ha enviado una protesta formal al Departamento de Seguridad Nacional.

“Nos alarma y nos preocupa que estas cuatro docenas de personas de Nuevo México permanezcan sin identificar y que hasta la fecha no haya habido suficiente transparencia, supervisión ni rendición de cuentas con respecto a su paradero y bienestar. Exhortamos a sus oficinas a que ejerzan toda su autoridad para determinar su situación actual y garantizar su seguridad”, recoge la reclamación.

Los arrestos se produjeron en las ciudades de Albuquerque, Santa Fe y Roswell, en Nuevo México, en una operación del ICE en la que también participaron la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el FBI, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos y el Servicio de Marshals.

La web del ICE cuenta con un localizador de detenidos, pero para usarlo es necesario introducir algunos datos identificativos como el nombre o el número de extranjero y el país de origen. Las organizaciones de defensa de los migrantes se muestran preocupadas porque no ha habido nadie que les busque, como suele suceder, para denunciar la detención de familiares. Otra razón, explican, puede ser el miedo desatado por el impulso que Trump ha dado a las deportaciones al invocar la ley del siglo XVIII, formulada para tiempos de guerra y que permite las expulsiones sin garantías judiciales.

Trump invocó la ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportar a El Salvador a cientos de venezolanos que, según el Gobierno, eran presuntos miembros de la pandilla Tren de Aragua. Las deportaciones ocurrieron el pasado fin de semana a pesar de que un juez ordenó que los aviones en vuelo regresaran, lo que ha abierto un frente entre el poder Ejecutivo y el Judicial.

Además de ACLU, New Mexico Immigrant Law Center y Somos Un Pueblo Unido se han unido a la protesta. Los defensores de migrantes piden que se aprueben dos leyes que se debaten en el Senado de Nuevo México que impedirían la colaboración de las fuerzas locales con las autoridades de inmigración.

“El ICE no ha indicado dónde se encuentran detenidas, si tienen acceso a un abogado, en qué condiciones están y ni siquiera qué agencia les mantiene. Estas personas han sido prácticamente desaparecidas de nuestras comunidades”, se explica en la protesta, en la que se pide a las autoridades que investiguen el asunto, garanticen el bienestar físico y psicológico de las personas desaparecidas, no se tomen represalias por la presentación de la denuncia y exijan la rendición de cuentas de todo el personal y los contratistas involucrados.

Estas 48 detenciones en Nuevo México ocurren en un momento crítico, en el que la Administración Trump ha reanudado la detención de familias, incluidos niños pequeños, en centros administrados por CoreCivic y GEO Group, las dos empresas privadas de prisiones más grandes del país.

El director ejecutivo de CoreCivic, Damon Hininger, declaró recientemente en relación con las medidas ejecutivas antiinmigrantes de la Administración Trump, que “este es realmente uno de los períodos más emocionantes de mi carrera en la empresa” y que espera que se produzca “el crecimiento más significativo en la historia de nuestra empresa”.