El Gobierno de Trump se ensaña con los albergues para migrantes y congela su financiación

Era solo cuestión de tiempo. Entre los primeros decretos que el presidente Donald Trump firmó horas después de jurar el cargo el 20 de enero figuraba uno que ordenaba revisar la financiación federal de todas las organizaciones sin ánimo de lucro para determinar si facilitaban la migración irregular. Casi dos meses después, su Administración ha iniciado esa revisión, poniendo bajo la lupa a aquellas ONG y gobiernos locales que proporcionen refugio, comida u otros servicios a inmigrantes y sugiriendo que podrían haber violado una ley utilizada para procesar a contrabandistas.

La revisión se centrará en las organizaciones y municipios que reciben financiación federal de la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés). En una carta en la que anunciaba la investigación, el administrador en funciones de la FEMA, Cameron Hamilton, escribió que el Departamento de Seguridad Nacional tiene “preocupaciones significativas” de que los beneficiarios de las subvenciones de esta agencia “puedan ser culpables de alentar o inducir a un extranjero a venir, entrar o residir en Estados Unidos”, violando así las leyes de inmigración, según informó AP.

En la misiva, fechada el martes, Hamilton pide a las entidades que reciban financiamiento del Programa de Refugios y Servicios (SSP) de la FEMA que respondan en un plazo de 30 días con una lista de los nombres e información de contacto de los inmigrantes a los que han ayudado, además de “una lista detallada y descriptiva de los servicios específicos prestados”. La carta añade que su financiación será retenida durante la revisión y que, de ahora en adelante, la FEMA exigirá una declaración jurada en la que se afirme que nadie dentro de estas organizaciones o gobiernos locales tiene conocimiento o sospecha de que sus actividades hayan infringido la ley contra el contrabando.

Aunque, por ahora, la carta no amenaza explícitamente con acciones penales, suscita la preocupación de que los beneficiarios de estas ayudas puedan haber infringido el artículo 1324 del Código Penal estadounidense, que tipifica como delito grave la introducción ilegal de personas a través de la frontera o su transporte dentro de Estados Unidos.

En el año fiscal 2024, bajo la presidencia de Joe Biden, el Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa la FEMA, concedió 641 millones de dólares en subvenciones vía el SSP a entidades sin ánimo de lucro y municipios “para compensar los costes incurridos por los servicios asociados a la llegada de inmigrantes”, de acuerdo con la página web de la FEMA.

Estos fondos no van directamente a los inmigrantes, sino que van a “organismos no federales” que ayudan a los extranjeros que ya hayan sido procesados por las autoridades migratorias. La intención del SSP, detalla el sitio web de propio programa, es proveer financiamiento para que estas ONG puedan “proporcionar alojamiento y actividades relacionadas con los inmigrantes”, con el fin de “apoyar” a los funcionarios de inmigración “en la liberación segura, ordenada y humana de los migrantes no ciudadanos de las instalaciones de detención” del Gobierno federal.

A pesar de esas directrices, Trump lleva tiempo argumentando que las organizaciones y municipios que reciben el financiamiento en realidad gestionan refugios que acogen a delincuentes y facilitan actividades ilegales. En el centro de su cruzada siempre han estado los albergues que la ciudad de Nueva York ha habilitado para acoger a los más de 230.000 inmigrantes que han arribado a la Gran Manzana desde la primavera de 2022, algunos de los cuales son antiguos hoteles y moteles. El presidente ha insistido en que el Ayuntamiento ha utilizado ilegalmente fondos federales para pagar “hoteles de lujo” para “migrantes ilegales”.

Esta semana, su Administración intensificó su batalla contra la ciudad gobernada por el demócrata Eric Adams y el Departamento de Justicia abrió una investigación penal sobre la financiación y gestión de estos hoteles. Fiscales federales entregaron citaciones el pasado miércoles a al menos tres hoteles de la ciudad en busca de los nombres, fechas de nacimiento, nacionalidades y otros datos personales de los inmigrantes alojados en estos refugios.

El Hotel Roosevelt, en el centro de Manhattan, fue uno de los que recibió citaciones. El Gobierno federal había señalado previamente este albergue, que la ciudad convirtió en su principal centro de procesamiento de migrantes en 2023. El mes pasado, la Administración Trump lo describió como un refugio para bandas criminales como la venezolana Tren de Aragua, la cual Estados Unidos recientemente designó como una organización terrorista extranjera. Y la FEMA lo citó como justificación para retirar abruptamente 80 millones de dólares en fondos federales de las cuentas bancarias de la ciudad, que estaban destinados a cubrir gastos asociados con el pago de hoteles para albergar a los migrantes. Poco después, la ciudad anunció que cerraría el Hotel Roosevelt en junio.

El alcalde Adams, quien hasta hace unas semanas se enfrentaba a un caso federal de corrupción hasta que el Departamento de Justicia ordenó su sobreseimiento después de un acercamiento entre el regidor y el presidente, aseguró que su Administración no había sido informada de la investigación federal a los hoteles antes de que se entregaran las citaciones.

“No nos dicen nada. No tenemos autoridad para entrar en sus revisiones sobre inmigración”, dijo el jueves, en declaraciones recogidas por AP. Pero, a la vez, defendió a los trabajadores de los albergues. “Nunca deberían quedar atrapados en la política de esto. A ellos va mi corazón”, añadió el regidor, quien ha recibido presiones por parte de la Administración Trump para que su ciudad, la mayor jurisdicción santuario del país, se alinee más con la agenda migratoria del republicano.