La presión migratoria

Sus sueños se esfumaron a las 7.40. Ocurrió en una fría mañana en la que, tras horas caminando a la intemperie, decenas de inmigrantes se lanzaron al mar para alcanzar el mundo que anhelaban. Se entregaron al Mediterráneo aunque algunos ni siquiera supieran nadar. Aunque resonaran los disparos y volaran las pelotas de goma. Aunque a sus espaldas fueran cayendo los compañeros. Muertos. Ahogados a las puertas de Europa. Uno tras otro. Hasta sumar 15. La tragedia se incrustó el pasado 6 de febrero en la pedregosa arena de la playa ceutí de Tarajal, donde 15 subsaharianos perdieron la vista ante la mirada de la Guardia Civil. En el episodio que marcó un punto de inflexión en la historia migratoria del país y que definió la política del Gobierno en la materia para todo 2014.

Porque hubo un antes. Un Tarajal. Y un después. Porque los perímetros fronterizos de España se convirtieron de nuevo en una tumba. Y es cierto que en 2005, cuando se produjo la primera crisis de las vallas de Ceuta y Melilla y se sucedieron los primeros saltos masivos, ocho sin papeles fallecieron —cinco, tiroteados—. Pero entonces los tiros vinieron de Marruecos. Este febrero, en cambio, los supervivientes responsabilizaron a los agentes del instituto armado. Para ellos, nunca hubo dudas. “Los españoles los mataron”, afirmaban quienes permanecieron, tras la tragedia, guarecidos en las montañas que rodean Ceuta. Allí relataron cómo los agentes utilizaron material antidisturbios cuando estaban en el agua. Una versión que negaron el delegado del Gobierno y el director de la Guardia Civil, pero que terminó admitiendo en el Congreso el propio ministro del Interior. Sin que nadie asumiera responsabilidades políticas.

Eso sí, los efectivos desplegados en las vallas cesaron en el uso de material antidisturbios. Y todo cambió un poco. La presión migratoria se trasladó a Melilla, donde se disparó la entrada de sin papeles a través de la verja: más de 2.000 la han saltado en lo que va de año, frente a los 830 de 2013. Las imágenes de subsaharianos encaramados a las alambradas se hicieron cotidianas. El CETI se desbordó. Y Fernández Díaz se desplazó hasta ambos enclaves norteafricanos para evidenciar —ante las cámaras— su apoyo a la Guardia Civil y a las autoridades locales —que pidieron legalizar las devoluciones en caliente—. Sin embargo, el ministro optó solo por aumentar la inversión para blindar las fronteras, declarando la situación “de emergencia” como una “cuestión de Estado”, pese a que apenas un 5% de los españoles concebía esos días la inmigración como un problema. Y llegaron las mallas antitrepa, que solo frenaron los saltos por un tiempo.

Los perímetros fronterizos de España se convirtieron de nuevo en una tumba

Porque los inmigrantes, que se tiran años en el Gurugú, volverían a intentar superar las vallas. Y sería, en verano y otoño, cuando la ONG Prodein enseñara las vergüenzas de la frontera sur: golpes y más golpes. De los agentes marroquíes y de los españoles, como muestran los vídeos difundidos por el colectivo, que propiciaron la apertura de una investigación judicial. Esta, de momento, se ha saldado con la imputación del máximo responsable de la Guardia Civil en Melilla. No por las agresiones, sino por las devoluciones en caliente ocurridas esos días —que el Gobierno califica como “rechazo en frontera” y considera legales, pese al criterio contrario de Bruselas, el Defensor del Pueblo, las ONG y un nutrido grupo de juristas—. Fue, a raíz de esta decisión judicial, cuando el Gobierno usó la Ley de Seguridad ciudadana para dar cobertura a esta práctica.

Esto ocurrió en una orilla del Estrecho. A la otra, mientras tanto, llegaba Princesa, la bebé que viajó en una de las 130 barcas de juguete que, con 1.219 subsaharianos, alcanzaron Tarifa en apenas 48 horas de agosto. La mayor oleada de pateras de la historia de España, que ocurrió por las “disfunciones” de vigilancia que admitió Marruecos. Princesa arribó a Europa. Otros siete bebés no lo lograron, en cambio, el 5 de diciembre; cuando se los tragó el Mediterráneo. Salvamento Marítimo rescató 29 subsaharianos en una embarcación a la deriva, pero en ella faltaba una treintena, los siete menores incluidos, que habían caído al mar por la noche. El dolor de sus madres, también a bordo, desgarró el puerto de Almería cuando desembarcaron.

Casi un año ha pasado desde aquella mañana en la que 15 personas murieron en el hall de la Europa de los derechos. A los supervivientes, dos días después, tan solo les quedaba fuerzas para denunciar lo ocurrido. Querían que se supiera todo. Y en las montañas, el costamarfileño Moimed insistía así a sus compañeros para que detallaran cada recuerdo de ese 6 de febrero: “Tiene que saberse la verdad. Porque es Europa, la Europa de las libertades”.