Perfiles

Las inquietudes, las dudas y las reflexiones de hoy, las pronunció muchas veces Soledad Cazorla, la primera fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer. Le preocupaba la falta de credibilidad de las víctimas, que no se hiciese suficiente hincapié en la rehabilitación del maltratador, que no se prestase atención a los menores y que bajasen las denuncias porque eso, para ella, significaba que las mujeres no estaban confiando en la Justicia.

Decían de ella que trabajó a destajo siempre. Primero en Girona, en Valladolid y en Madrid, cuando asumió la acusación pública contra Mario Conde en el caso Banesto. Y aún más desde 2005. Entonces, inauguró no solo un cargo, sino una forma de trabajar y una perspectiva: estructuró y dirigió la creación de los juzgados de violencia sobre la mujer y orientó a su personal, casi todo mujeres.

Sus despachos, el oficial y el que tenía en casa, los llenaba de plantas, flores, recuerdos y archivos. Siempre había una carpeta más que mirar, un caso más provocado por lo que ella llamaba “una enfermedad social injustificable”, el machismo. Contó en una ocasión que su abuelo, inspector del Timbre, relataba un episodio que había vivido en una boda. Un amigo decía: “Qué figura de mujer, qué ojos, qué cabello...! ¡Y la piel”. Su abuelo le preguntó: “Bueno, y además de guapa, ¿qué es?”. Lo escuchó a los seis años y aquello se convirtió en carta de batalla para ella. La dio hasta el final, hasta que murió un lunes 4 de mayo de 2015, por un derrame cerebral. Poco después, su familia quiso alargar su trabajo y crearon el Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla Prieto, destinado a los hijos e hijas de las mujeres asesinadas por violencia de género para cubrir gastos relacionados con la educación o el apoyo psicológico.

Fotografía: Samuel Sánchez

La socióloga Soledad Murillo fue la primera persona que tuvo una responsabilidad política en España en el área de Igualdad. En 2004, el entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero la nombró secretaria general de Políticas de Igualdad para luchar contra la violencia de género y establecer la igualdad real entre mujeres y hombres. Ahí sigue de nuevo con dedicación plena, esta vez como Secretaria de Estado de Igualdad, la mano derecha de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, en estos asuntos.

La también profesora de la Universidad de Salamanca fue una de las principales inspiradoras de Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género que puso a España a la vanguardia de la lucha contra los crímenes machistas en 2004: “Lo que se hizo bien fue aprobar una ley específica. Entre las definiciones de violencia de género, optamos por ceñirnos a las parejas y exparejas porque nos parecía que era la situación de máximo riesgo: la del enamoramiento, perdón y pena”, explica.

Tres lustros después es la mayor vigía del cumplimiento y aplicación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que fue aprobado en 2017. Como ella misma admite, salió adelante porque hay supuestos de la ley que nunca se llegaron a poner en marcha. Defiende que hay que trabajar más con los maltratadores “pero no cuando maltratan, sino antes”. La educación fue uno de los aspectos que se quedaron colgados en el desarrollo de la ley.

Murillo se prodiga poco en los medios. Está más volcada en el trabajo interno, pensando en el siguiente paso. Considera que lo que queda pendiente es la aplicación del convenio de Estambul, el primer documento internacional vinculante que crea un marco legal común para prevenir y luchar contra la violencia doméstica, las agresiones de género o los matrimonios forzosos. España lo ratificó en 2014 pero, igual que con la ley contra la violencia de género, faltan temas por aplicar. “Lo más urgente son los cambios sobre la violencia sexual, las violaciones y el consentimiento. Dejarlo claro en el Código Penal para facilitar el trabajo a los jueces”.

Fotografía: Bernardo Pérez

Para entender la evolución de España en el tratamiento y combate de la violencia de género hay un consejo que se repite en las redacciones de los medios de comunicación: “Habla con Ana María”. La madrileña Ana María Pérez del Campo lleva décadas en primera línea de la lucha feminista. Y sigue dando guerra a sus 84 vigorosos años, sin perder ni un gramo de su pasión y lucidez. Hablar con ella ayuda a entender cómo avanzó la emancipación de las españolas y, en concreto, cuáles han sido los pasos clave de la batalla de este país contra la violencia hacia las mujeres.

Criada como una niña bien, en 1961, con dos niños pequeños y embarazada, se marchó del hogar conyugal. “A la vista de la conducta impropia de mi marido, un día hice las maletas, cogí a los niños y me fui a casa de mi madre”, cuenta en su biografía. La mujer que dijo basta, escrita en un mano a mano con la periodista Charo Nogueira y publicada en Libros.com en 2018. La obra recoge de forma minuciosa su recorrido vital en paralelo al camino político hacia una sociedad más igualitaria que ha dado España en 50 años.

En 1974 formó parte del grupo de 13 mujeres que fundó la Asociación Española de Mujeres Separadas Legalmente para arrancar que las separaciones de las parejas casadas quedaran fuera del ámbito eclesiástico. Fundó un centro integral para víctimas de violencia machista en 1991 y participó en la elaboración de la Ley integral contra la violencia de género, aprobada en 2004. En diciembre de 2002 hacía una reflexión en este periódico: “Resulta escalofriante que en los últimos años cada día de Navidad maten a una mujer”. Días después, la noche de Reyes, fue asesinada la primera víctima que entró en el recuento oficial: Diana Yanet Vargas.

Pérez del Campo participó activamente en la elaboración de la ley española contra la violencia machista. Así lo cuenta en el libro de Nogueira: “La ley integral la hicimos mujeres feministas y las militantes del PSOE”.

Fotografía: Victor Sainz

Para él, la realidad llegó de frente. Cuando comenzó a ejercer, en 1988, en su consulta aparecían mujeres con lesiones mucho más graves que las que atendía de reyertas callejeras o peleas vecinales. Al cabo del tiempo se dio cuenta de que todas respondían a un patrón que se condensaba en una frase: “Mi marido me pega lo normal, pero hoy se ha pasado”. Primero el impulso fue científico, después se dio cuenta de que respuesta no estaba en la parte técnica ni tan siquiera la legal, era una cuestión social.

Empezaron a convocarlo desde organizaciones y colectivos feministas y, cuando el Gobierno estaba formando el grupo para impulsar la Ley de Violencia de Género, la socialista Micaela Navarro lo llamó. De aquel trabajo salió una norma que, cuenta, relacionó por primera vez la violencia machista con la cultura, ha servido de ejemplo internacional y todavía no existe otra tan avanzada. Después, cuando se desarrolló el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, compareció en el Congreso y en el Senado; de él se dice que nada sobra, pero que falla en el objetivo. El pacto, alega, ha de ser contra el machismo porque la violencia de género solo es una de sus consecuencias, pero no el problema raíz.

Continúa en la batalla contra el machismo después de tres décadas: en estos años ha pasado por la dirección del Instituto de Medicina Legal de Granada, ha sido coordinador general de los IML de Andalucía, fue director general de asistencia jurídica a víctimas de violencia de la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía y Delegado del Gobierno para la Violencia de Género. Es profesor en la Universidad de Granada y forma parte de consejos asesores, comités de expertos y grupos de análisis… Si se le pregunta si no se cansa a veces dice que sí, pero que no hay lugar para la tregua en esta pelea.

Fotografía:Jaime Villanueva