La tarifa regulada del gas se desploma un 12% a partir de abril

La evolución de los precios del gas natural que, en el caso del TTF holandés (el índice que marca la cotización del gas en Europa) se derrumbó más de un 70% en 2023 respecto al año anterior, va a tener consecuencias positivas para los consumidores domésticos acogidos a la Tarifa de Último Recurso (TUR).

Así, según indican con toda fiabilidad los mercados de futuros, en la revisión trimestral que el Gobierno aprobará mediante orden ministerial el próximo 1 de abril la tarifa media del gas descenderá un 12% debido al abaratamiento en un 22% de la materia prima que forma parte de la fórmula con la que se fija la TUR y que pesa aproximadamente un 50%. De ahí que la bajada sea un 12% inferior a la de enero, cuando su precio medio subió un 8%.

La cuestión es que en paralelo esta bajada coincide con la subida del IVA de la factura del gas que pasa del 10% al 21% (tanto para el mercado regulado como el liberalizado) desde el próximo día 1. Así lo estableció el Real Decreto Ley del 27 de diciembre que incluía la recuperación progresiva de los impuestos de la luz (el IVA, el impuesto especial de la electricidad y el 7% a los ingresos de generación) y el gas (el IVA) que el Gobierno había hecho desaparecer prácticamente desde 2021 para aliviar el efecto de las altas cotizaciones de la energía por la crisis energética desencadenada por la guerra de Ucrania.

Tal fue la situación en 2021 que en el mes de septiembre de ese año el Gobierno aprobó un Real Decreto Ley que establecía un tope de subida trimestral para la TUR. Según dicha norma, la primera de las cuatro que se sucederían después para aliviar los efectos de la crisis energética, no se podía trasladar a la tarifa media más de un 15% del precio de la materia prima que resultase para su cálculo. Los desfases, que había que pagar a las comercializadoras de último recurso (CUR), los asumiría el Estado.

Así, en 2023 la Ley de Presupuestos Generales del Estado incluyó una partida de 3.000 millones que se utilizaría para sufragar los déficit del último trimestre de 2021 y los de los años 2022 y 2023.

Fin de la subvención

Precisamente, el próximo 31 de marzo termina también la citada subvención por lo que, a partir de ahora los consumidores deberán pagar los precios reales del gas que, en cualquier caso, están recuperando los niveles “razonables” históricos, opinan fuentes empresariales. En el caso de las comunidades de propietarios la ayuda a la TUR termina el 30 de junio.

De la partida de 3.000 millones de euros el Gobierno solo ha necesitado aportar en todo el tiempo efectivo de la norma 600 millones de euros, lo que incluye el primer trimestre de este año, pues, según fuentes del sector, “se pasó de frenada”. Además, dado que el Gobierno ha anunciado que prorrogará en 2024 la LPGE de 2023, también el Ministerio de Hacienda tiene que prorrogar esa cantidad aunque ya no tendrá que gastarla y se la encontrará el próximo año.

A raíz de que el Gobierno subvencionara la tarifa regulada del gas se produjo una una avalancha se solicitudes de traspaso que puso en jaque a las compañías que la suministran, especialmente a Naturgy, la principal CUR con dos tercios de los clientes. A la TUR tienen derecho los usuarios con un consumo inferior a 50.000 kWh anuales, lo que suman actualmente tres millones de consumidores. Una cantidad que casi duplica la cartera existente antes de la crisis, 1,7 millones de clientes.

La TUR del gas natural se revisa cada trimestre con la variación de los precios de los mercados internacionales a través de una fórmula de cálculo y siempre que aquel experimente un alza o una baja superior al 2% sobre el trimestre anterior. De esta manera los déficit o superávit que se produzcan se compensan en revisiones posteriores.

Los precios del gas natural se sitúan un 5% por debajo de los precios previos a la pandemia de covid, lo que ha provocado, a su vez, un fuerte descenso de los de la electricidad. Precisamente, el IVA de la luz, que subió en enero del 5% al 10% y la previsión del Gobierno era mantenerlo así todo el año, se incrementó de manera automática al 21% en febrero al activarse una cláusula legal que establecía esta subida del impuesto si la luz en el mercado mayorista bajaba de 45 euros MWh de media en el mes previo.

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