La Audiencia suspende la sanción de la CNMC al cártel de Defensa para evitar daños económicos

La Audiencia Nacional ha dejado en suspenso la multa de 7,1 millones de euros que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impuso el verano pasado contra cuatro empresas del sector de la industria militar por formar dos cárteles y manipular licitaciones del Ministerio de Defensa. En varios autos, dictados entre los pasados 22 y 26 de diciembre, consultados por este diario, la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha adoptado esta medida cautelar para evitar causar un daño económico “difícilmente reversibles” a las compañías ante una eventual sentencia que anule las sanciones.

La CNMC multó, en julio de 2023, a las empresas Comercial Hernando Moreno Cohemo (Cohemo); Star Defence Logistics & Engineering (SDLE); y Grupo de Ingeniería, Reconstrucción y Recambios (JPG); por manipular, entre enero de 2016 y junio de 2021, varias licitaciones relacionadas con el suministro, mantenimiento y modernización de vehículos militares, como los Centauro, Leopard, Pizarro, BMR, VEC y RG-31. El segundo cártel desmantelado fue el formado por Cohemo y Casli, a quienes el órgano regulador atribuyó la alteración de un acuerdo marco para la compra de contenedores militares entre septiembre de 2019 y noviembre de 2021. Por todas estas maniobras, casi un centenar de contratos, valorados en 60 millones de euros, se vieron afectados.

Las compañías recurrieron ante la Audiencia Nacional dichas sanciones, que iban acompañadas de la remisión del expediente a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado para que determinara la duración y alcance de la prohibición de contratar, y solicitaron la medida cautelar, advirtiendo del perjuicio que puede causar el abono de las cuantías impuestas, como la quiebra, entre otros motivos.

Consecuencias de las sanciones

Cohemo (sancionada con 1.067.944 euros y 450.000 euros, más cuatro multas a dos directivos que suman un total de 105.000 euros y ya han sido satisfechas) argumenta que su situación económica no le permite afrontar un pago de 1,5 millones de euros, por lo que su desembolso, antes de conocer la sentencia, les obligaría a buscar financiación externa para llevarlo a cabo. Otro de los casos es el de Star Defence (sancionada con 3.302.912 euros y 52.000 euros con respecto a su director general), que también asegura que no puede abonar su multa por su “mermada su capacidad económica”, al tiempo que señala que el ingreso le impediría participar en determinadas licitaciones que exigen acreditar el cumplimiento de solvencia.

Estas cuestiones son también resaltadas por JPG (multado 1.304.220 euros y 34.000 euros en relación a un directivo), en cuyo recurso subraya que la posibilidad de presentarse a procesos de licitación ya se ha visto reducida desde que se hizo pública la resolución sancionadora de la CNMC. La compañía además expone que la ejecución de la sanción generaría “una situación de quebranto patrimonial de difícil reversibilidad”, pues supone un “74%” del resultado del último ejercicio. La compañía relata también la situación de su tesorería teniendo en cuenta su nivel de endeudamiento.

La Audiencia Nacional ha asumido estos argumentos y, en base a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, ha aceptado las medidas cautelares, tanto económicas como en relación a la prohibición de contratar, al ver justificado que la actividad empresarial de cada una de las recurrentes tendría dificultades para continuar si se afrontan las multas. Esta decisión no supone un adelanto de las sentencias que resolverán los recursos presentados, pues, al igual que otorga este balón de oxígeno a las compañías mientras dura el procedimiento judicial, les exige la aportación de un aval bancario o garantía para asegurar la indemnidad al erario público en caso de que el pronunciamiento final sea a favor de la CNMC.

Star Defence intentó evitar esta obligación, pues tal y como señaló en su recurso, para cumplir con dicha exigencia tendría que recurrir a otras empresas del grupo, que se verían obligadas a hipotecar naves industriales de su propiedad y provocaría grandes dificultades para renovar las líneas de crédito y de avales con las que cuenta actualmente.

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