Los sindicatos de inquilinos piden endurecer la limitación de precios y los incentivos a los caseros

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, y el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, se han reunido este viernes con una delegación de los sindicatos de inquilinos de Madrid y Cataluña que ha entregado al Ministerio un documento de enmiendas a la ley de vivienda aprobada recientemente por el Consejo de Ministros. El objetivo de los sindicatos es que en el trámite parlamentario se incluyan una serie de modificaciones a la normativa, como que la limitación de precios se aplique a todos los tenedores, ya sean grandes o pequeños, y que los requisitos para que los caseros accedan a las bonificaciones fiscales sean más exigentes.

Las dos partes han mostrado "buena disposición" en la reunión y la ministra Sánchez se ha comprometido a analizar las propuestas. "El trabajo de la sociedad civil es imprescindible para seguir avanzando", ha señalado la ministra en su cuenta de Twitter, donde ha explicado que se ha reunido con los sindicatos con el objetivo de "conocer de primera mano sus inquietudes y compartir nuestras políticas para garantizar el acceso a una vivienda digna".

El documento de enmiendas que los sindicatos de inquilinos han entregado al Ministerio plantea varias propuestas. Contempla, por ejemplo, un régimen sancionador para castigar a los propietarios que no cumplan y una serie de modificaciones al texto que se debatirá en el Congreso para que la regulación de los precios del alquiler "tenga efectos significativos".

Los sindicatos defienden, por un lado, que la limitación de precios que seguirá a la declaración de una zona como área tensionada se aplique al conjunto de los propietarios. Según el texto aprobado por el Consejo de Ministros, esta regulación solo afectará a los grandes propietarios (más de 10 viviendas) que tengan personalidad jurídica, es decir, que sean una empresa. Con este planteamiento, aseguran los sindicatos, la mayor parte de los caseros quedará fuera de la limitación de precios.

Entre las reivindicaciones también se encuentra el hecho de que la limitación de los precios sea inmediata una vez que la ley se apruebe. Ahora, según el texto validado por el Gobierno, Transportes dispone de un periodo de hasta 18 meses desde la aprobación de la normativa en el Congreso para desarrollar un índice de precios que permita conocer con exactitud cuáles las rentas medias de cada zona. Este periodo de gracia, explican los sindicatos, "provocaría que se firmaran muchos contratos previos con subidas abusivas para esquivar la aplicación del régimen de contención de rentas".

Los sindicatos también reclaman relajar los requisitos para poder declarar una zona como tensionada, un movimiento que dependerá de cada comunidad autónoma. Ahora, el texto contempla que deben cumplirse dos requisitos de forma simultánea: por un lado, que el precio medio de las hipotecas o de los alquileres de la zona, más los gastos y suministros básicos, supere el 30% de los ingresos medios o de la renta media de los hogares. Por otro, que en estas áreas los precios de compra o alquiler hayan subido en cinco años más de cinco puntos por encima del IPC autonómico. En este punto, las organizaciones reclaman que baste con que el crecimiento del precio de la vivienda sea de dos puntos (y no cinco) por encima de la inflación o bien con que la carga media destinada a la vivienda supere el 30% de los ingresos.

En materia fiscal, el documento reclama que las desgravaciones en el IRPF para arrendadores se apliquen solo cuando la renta sea al menos un 15% inferior a la del índice de precios o cuando se trate de una vivienda de alquiler social y que se eliminen los beneficios fiscales de los que disfrutan las Socimis, una medida que en última instancia depende de Hacienda.