PSOE y Podemos acercan posturas y pactan congelar el precio del alquiler en zonas tensionadas

PSOE y Unidas Podemos han alcanzado un principio de acuerdo para congelar las rentas del alquiler en las zonas de mercado tensionado durante un plazo mínimo de tres años, según explican fuentes conocedoras. Los precios, de esta forma, no bajarían por la fuerza como propone Podemos, pero tampoco podrían seguir subiendo. Este paso supone un claro avance en las negociaciones para sacar adelante la futura ley de vivienda, que lleva casi cinco meses de retraso y debería llegar al Consejo de Ministros antes de que termine el mes de junio, según el calendario remitido a la Comisión Europea por el Gobierno.

El mecanismo que parece estar acercando posturas, propuesto el pasado mes de marzo por Transportes, funcionaría de la siguiente forma, según explican fuentes del ministerio. Las comunidades autónomas y los ayuntamientos podrían declarar una zona como tensionada durante un plazo máximo de tres años, que podría prolongarse o no en función de la evolución del mercado. Durante ese tiempo, si un inquilino ve cómo su contrato finaliza, tendría derecho a renovarlo en las mismas condiciones durante el tiempo estipulado. Por ejemplo, "si el contrato termina al año de que la zona haya sido declarada tensionada, podría renovarse en las mismas condiciones durante otros dos años", explican estas fuentes.

Lo mismo sucedería con los nuevos contratos. "Si soy un inquilino nuevo, tengo derecho a que mi contrato se vincule como referencia con el anterior si no han pasado más de tres años". Esta medida, recalcan desde el ministerio, no supone que "hayamos renunciado a los incentivos fiscales, que siguen estudiándose".

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha adelantado este miércoles en el Congreso las líneas principales del principio de acuerdo. El objetivo, ha dicho, es "controlar las subidas abusivas de los precios de alquiler declarando zonas tensionadas y limitando su incremento, tratando de congelar esos alquileres", pero sin disuadir a la oferta privada e incrementando la pública.

En Unidas Podemos, por su parte, siguen reclamando una regulación de las rentas que permita que los precios abusivos bajen en las zonas tensionadas y que rechace la posibilidad de bonificar a los propietarios de vivienda. Aunque hay un principio de pacto para congelar los alquileres, explican fuentes de la formación morada, "la regulación que propone el departamento de Ábalos no permitiría bajadas de los precios, tal y como recoge el acuerdo presupuestario entre ambas formaciones, ni daría cobertura a la ley catalana de vivienda, la primera en regular los precios del alquiler en España, y que está logrando importantes resultados en Barcelona y otros municipios".

Por todo ello, aseguran desde Unidas Podemos, "los equipos negociadores continúan trabajando intensamente para lograr un acuerdo, puesto que los más de cuatro meses de retraso son ya injustificables ante la emergencia habitacional que vive nuestro país".

El pasado mes de octubre, en el marco de la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, los dos socios de Gobierno acordaron llevar en un plazo máximo de tres meses la norma al Consejo de Ministros. Han pasado ya casi cinco meses y las negociaciones continúan encalladas debido a la regulación de los alquileres, un punto que pese al principio de acuerdo todavía sigue dividiendo a las dos formaciones.

Siguiendo el calendario enviado por el Gobierno a la Comisión Europea en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, donde se recoge la futura ley de vivienda pese a no contemplar gastos con cargo al fondo comunitario, la futura ley de vivienda debería llegar al Consejo de Ministros antes de que termine el segundo trimestre de 2021. A partir de ahí, tras todos los trámites, se aprobaría en Cortes ya en el tercer trimestre de 2022.