Algo pasó en la tarde del 5 de febrero de 2012 que hizo cambiar la historia de los desahucios. Hacía tiempo que el tema estaba en la calle. El Gobierno tramitaba un proyecto de ley de medidas urgentes para proteger a los deudores. Al gobierno le preocupaba la imagen que España estaba exportando: familias en la calle, pensionistas que tenían que abandonar las casas en las que habían vivido siempre y gente que se suicidaba en el mismo momento en que la policía aporreaba la puerta para sacarles de su vivienda.
De repente una palabra, pronunciada con rabia, hizo que algunos diputados hicieran crujir sus sillas. Son las 20 horas. Desde hace un rato comparecen en la Comisión de Economía del Congreso de los diputados varios expertos invitados que han dado sus recomendaciones a los diputados. Acaba de abandonar la mesa principal el vicesecretario general de la Asociación Española de la Banca, Javier Rodríguez Pellitero, un hombre con traje azul oscuro, camisa celeste y corbata de color burdeos. Su discurso ha sido el habitual en el sector: entendemos el drama de los desahuciados, reconocemos que hay que aplicar medidas, pero la culpa no es de los bancos sino de la crisis económica.
“El sistema hipotecario español”, concluye Rodríguez Pellitero, “no es tan malo. Al revés, yo creo que cumple sobradamente con los estándares comparables de otros sistemas europeos y en algunos casos los mejora. Y la causa de la pérdida de las viviendas no es la legislación hipotecaria, desafortunadamente es la crisis económica y la situación de desempleo, que es lo que hay que atajar”.
El sistema hipotecario español, concluye Rodríguez Pellitero, no es tan malo
Después de esas palabras sube al estrado Ada Colau, representante de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. No es una desconocida. La catalana lleva años como activista en defensa del derecho a la vivienda y en los últimos tiempos ha aparecido muchas veces en los medios de comunicación para defender a quienes perdían la casa y para denunciar los abusos cometidos durante la burbuja inmobiliaria. Colau repite las mismas ideas que ya ha expuesto una y mil veces en varios foros y pide la dación en pago para resolver el problema de los desahucios. Su discurso es rápido y está pronunciado con contundencia. Pero hay un momento, en el que se aprecia en ella algo más, indignación. La activista recuerda con rabia las palabras de quien le ha precedido y acaba soltando la frase que a partir de esa tarde será rebotada mil veces en las redes sociales y por la que Ada Colau será noticia ese día:
Casi más determinante que esa frase es lo que viene después. El presidente de la Comisión, Santiago Lanzuela, del PP, pide a Colau que se retracte. Le echa una reprimenda como si fuera un profesor que no sabe qué hacer con un alumno revoltoso. La imagen se retransmite en directo por el Canal Parlamento. Ada Colau escucha a Lanzuela pero se niega a retirar sus palabras. No es la primera vez que alguien llama criminales a los banqueros -estos suelen ser la diana de muchas de las protestas que inundan las calles desde que comenzó la crisis económica en España- pero sí es la primera vez que eso ocurre en una institución pública como el Congreso, en un lugar donde eso no suele ocurrir. A los pocos minutos, su mensaje recorre todas las esquinas de Internet.
Twitter convierte el video en viral.
Ese día y en los sucesivos, la historia es recogida en los periódicos y Colau aumenta su popularidad.
Las propuestas de la PAH han llegado al Congreso.
No se sabe si el Gobierno se da cuenta entonces, pero ese día tiene un problema.
“La PAH se creó en 2009 en Barcelona”, relata Colau, “pero recogía el impulso de V de Vivienda, un movimiento surgido de forma espontánea y que desde 2006 venía protestando en la calle para denunciar la dificultad del acceso a la vivienda. V de Vivienda surgió cuando todo estaba aparentemente bien, en el contexto de abundancia, cuando la vivienda era una inversión segura, la mejor inversión que se podía hacer, según las ministras de vivienda del Gobierno socialista... Y en ese contexto de supuesta abundancia y maravilla, los ciudadanos, sobre todo la gente joven, tienen cada vez más problemas para acceder a la vivienda. A través de las redes sociales, miles de personas acudieron a las principales plazas del Estado para protestar. Aquello pilló por sorpresa a todo el mundo, a medios de comunicación y a políticos”.
Aquel movimiento espontáneo sí hizo caso a los analistas que hablaban de una burbuja inmobiliaria. Lo siguiente fue plantearse qué pasaría cuando esta estallara. “Pensamos que iba a haber un problema de desahucios aunque no tan masivo”, comenta Colau. Decidieron entonces crear la plataforma y concretar mucho más su mensaje. Ya no se trataba solamente de señalar el problema de la vivienda sino de afrontar con medidas concretas lo que creían que iba a pasar en España. En febrero de 2009 convocaron una reunión en Barcelona para el día 22. Colgaron carteles en los que se anunciaba un encuentro para informarse y asesorarse ante un posible problema. Dieron con la tecla. Ese domingo aparecieron unas 60 personas. “Constatamos que era un problema real que no se había conocido hasta entonces. Había mucha desinformación. La gente llegaba con mucha ansiedad porque no sabían lo que les iba a pasar”.
Surgía así la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Los activistas querían que la organización no fuera solo un lugar donde se diera asistencia a los afectados. Querían movilizarlos, que conocieran sus derechos y lucharan por ellos. Pero enseguida se dieron cuenta de que los que acudían a las reuniones estaban muy lejos de asumir ese papel. “Esperábamos encontrarnos a mucha gente enfadada porque había habido una estafa, un engaño masivo por parte del Gobierno, de los bancos, pero nos encontramos a gente devastada”, explica Colau, “No podían ni hablar. Sentían culpa, vergüenza”.
¿Quién va a
defender tu caso
mejor que tú mismo? Ni el mejor de
los abogados
Casi sin quererlo, la Plataforma se convirtió en una especie de psicólogo colectivo, una terapia en la que los afectados contaban sus problemas y los compartían con otras personas a las que les había ocurrido lo mismo. El asesoramiento legal se hacía siempre de forma colectiva, por motivos prácticos, pues la Plataforma no tenía capacidad para atender a todos de forma individual. Los afectados veían así que lo que habían firmado estaba redactado en un lenguaje complicado. Se enteraban de lo que era una cláusula suelo, los intereses de demora; sobre la marcha se hacían expertos en la ley hipotecaria. Recuperaban la autoestima. Pasaban de ser afectados a convertirse en activistas. “¿Quién va defender tu caso mejor que tú mismo?”, opina Colau. “Ni el mejor de los abogados. Esa es una de las claves del éxito de la plataforma. Y de ahí que el movimiento se haya expandido por todo el territorio. Muchos afectados crearon su propia plataforma en sus localidades”.
Todo eso fue sucediendo prácticamente en silencio, sin que los casos ocuparan las portadas de los periódicos y sin que las autoridades consideraran el problema un asunto urgente. Pero en 2010 la Plataforma crea la campaña Stop Desahucios. Fue el 3 de noviembre. Ese día unos 30 miembros de la PAH de Barcelona acuden a Bisbal del Penedés para tratar de parar el desahucio de Lluís Martí, un mecánico en la cincuentena con un hijo de 9 años su cargo, sin trabajo y con una prestación social de solo 426 euros.
Lluís no podía pagar la casa y debía unos 100.000 euros a CatalunyaCaixa. Un juzgado había fijado el lanzamiento para ese día. No había más estrategia que resistirse con el apoyo de los compañeros de la plataforma, los mismos a los que veía en las asambleas. El desahucio se paró el primer día y, tras varios intentos posteriores, fue suspendido de forma indefinida. Era la primera victoria pública de la plataforma. Llegaron muchas más, en Cataluña. Poco a poco el asunto iba apareciendo en los medios de comunicación, aunque aún como algo residual; el problema no había adquirido todavía la categoría de fenómeno social.
La Plataforma dio un paso más y en octubre de 2010 impulsó una Iniciativa Legislativa Popular para que se admitiera que los hipotecados dieran la vivienda a los bancos como pago por el resto de la deuda. El procedimiento de la Iniciativa Popular, regulado por una ley orgánica de 1984, permite que la propuesta de unos ciudadanos sea considerada por el Congreso de los Diputados, que decidirá luego si debe debatirla y, en su caso, aprobarla, algo que no suele ocurrir: de las 66 registradas hasta 2011, solo nueve llegaron a superar los trámites y solo una fue incluida en el articulado de otra ley. Para conseguir llevarla al Congreso.
La ley establece que se necesitan al menos
El objetivo se antojaba quimérico, pero los miembros de la Plataforma siguieron adelante. Consiguieron el apoyo de otras organizaciones, entre ellas los sindicatos. Llegaron además las manifestaciones masivas. El 15 de Mayo de 2011 miles de personas se concentraron en ciudades de toda España para expresar su indignación por lo que consideraban un debilitamiento de la democracia.
Protestaban contra la corrupción, los recortes sociales del Gobierno de Zapatero y el modelo económico imperante. Pero muchos de los indignados buscaron reivindicaciones concretas y encontraron a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Algunas asambleas de barrio se sumaron al movimiento Stop desahucios. La Iniciativa Popular de la Plataforma continuaba encontrando seguidores.
La propuesta se encontró con todo tipo de obstáculos burocráticos en el Congreso. Primero con el PSOE en el poder y luego con el PP. Es bajo el Gobierno de Rajoy cuando se celebra la Comisión de Economía del Congreso en la que Colau llama criminales a los bancos.
Un mes después de aquella comparecencia, la Plataforma empezó a recoger firmas en la calle para apoyar la iniciativa. Se obtuvieron 1.402.854 rúbricas. Para entonces, la propuesta ya se conocía como ILP, las siglas de la Iniciativa Popular Legislativa.
El nombre de un procedimiento general para activar la democracia participativa acabó vinculado así una propuesta concreta, la del movimiento contra los desahucios. El Partido Popular, que se había opuesto radicalmente a su tramitación acabó cediendo el 12 de febrero de 2013.
La imagen que queda de ese día, sin embargo, es la de los activistas de la Plataforma siendo desalojados del Congreso al grito de ¡Sí se puede!
Mientras todo eso ocurría, los jueces, sin hacer mucho ruido, habían ido tomando decisiones en favor de los ciudadanos que habían sido desalojados de sus casas, convirtiéndose en la gran esperanza del movimiento.
Durante las últimas décadas, el colectivo no había quedado demasiado bien parado en las encuestas de los ciudadanos. A los jueces se les veía como seres endiosados y alejados de la realidad pero en este tema se convirtieron en el único de los tres poderes del Estado que comenzó a tomar medidas para paliar las consecuencias que la crisis económica, el paro y el estallido de la burbuja inmobiliaria estaban teniendo en las familias.
ALVARO GARCÍA
HEINO KALIS (REUTERS)
MÓNICA TORRES
CLAUDIO ÁLVAREZ
GORKA LEJARCEGI