Kurdistán en guerra

En verano de 2015, tras el buen resultado electoral obtenido por los nacionalistas kurdos del partido HDP y la ruptura del proceso de paz que mantenían el grupo armado PKK y el Gobierno turco, los rebeldes kurdos optaron por abandonar su estrategia de guerra de guerrillas y llevar el conflicto a las ciudades. Barricadas y trincheras fueron levantadas en barrios de localidades como Varto, Nusaybin, Diyarbakir o Cizre para impedir a la policía entrar en ellos.

Los jóvenes que se hallaban a su cargo alegaban que se trataba de un movimiento popular y espontáneo para protegerse de las detenciones indiscriminadas que llevaban a cabo las fuerzas de seguridad y para reivindicar el autogobierno local, una de las demandas incluidas en el programa de los nacionalistas kurdos. El objetivo real, en cambio, era reproducir los cantones autónomos creados por los kurdos en Rojava (norte de Siria)  aprovechándose de la buena imagen internacional de que gozaba el PKK gracias a la lucha de sus milicias contra el Estado Islámico en Siria –con la heroica resistencia en Kobane- o en Irak –donde fueron cruciales para proteger a los yazidíes de ser completamente exterminados por los yihadistas.

Cuando este periodista visitó Nusaybin a inicios de febrero, varias personas reforzaban las trincheras y barricadas en cuatro barrios liberados y construían túneles con un martillo neumático y una excavadora. De vez en cuando pasaba en moto un hombre de unos 30 o 40 años –probablemente un representante de la guerrilla- dando instrucciones a adolescentes armados como Amara Sterk, que se encargaban de patrullar las calles (pese a que el PKK se ha comprometido a no utilizar menores de edad ante las denuncias de organizaciones contra el uso de niños soldado). Se preparaban para el inminente asalto final del Ejército turco, tras varias ofensivas anteriores que se habían cerrado en tablas. Y llegaría apenas un mes después.

La estrategia de barricadas y trincheras le supuso al PKK una serie de victorias militares en una primera fase del renovado conflicto. La experiencia adquirida en Siria e Irak, luchando contra el Estado Islámico –grupo del cual copiaron tácticas de guerra urbana y en el manejo de explosivos-, le permitía, con apenas un centenar de militantes atrincherados en cada localidad, mantener atareadas a numerosas unidades de las Fuerzas Armadas: en lo más duro del asedio a la Ciudad Vieja de Diyarbakir, el sonido de las ambulancias trasladando heridos y cadáveres de soldados y policías turcos desde la línea del frente a los hospitales era incesante. Pero el Gobierno islamista de Turquía terminó por dar carta blanca al Ejército y a las Fuerzas Especiales de la Policía y la Gendarmería, movilizando incluso a efectivos en la reserva que habían participado en la guerra sucia de la década de 1990. Y las revueltas fueron aplastadas sin misericordia.

En la autovía que se dirige hacia la frontera de Irak, se encuentra Cizre, una ciudad polvorienta, conservadora y pobre, a la que sólo un meandro del río Tigris separa de la vecina Siria. Es una localidad construida a retazos por los kurdos desplazados de las zonas rurales a raíz de la política de tierra quemada empleada por el Ejército turco en los noventa contra el PKK. De barrios de aluvión y casas levantadas deprisa con materiales baratos.

Malvive del comercio, de la agricultura, de un par de mustios talleres industriales. Y del contrabando. “Ahora el contrabando se ha vuelto imposible, no puedes meter ni tres cartones en la ciudad porque está rodeada de checkpoints de los militares y la policía”, lamenta un vecino. “Y no es que los destruyan… ¡se los fuman ellos!”, añade con rabia. En Cizre parecen fumar todos, hasta los niños, sin que a nadie le importe mucho. Fuman sin parar, como si no hubiera un mañana. Y quizás no lo haya.

Los combates se han detenido en Cizre, ya sólo hay atentados y escaramuzas en sus alrededores, pero a Ahmet le cuesta conciliar el sueño. Cuando cierra los ojos escucha todavía el sonido de la artillería y se le aparecen imágenes vividas meses atrás. “Por ejemplo la del imán caminando delante nuestro mientras íbamos a la mezquita y una bala que le alcanza en el hombro. O la de mi primo, sentado aquí junto a la ventana, frente a mí, cuando la bala de un francotirador turco le reventó la cabeza”, relata.

El Gobierno turco impuso en Cizre un toque de queda durante las 24 horas del día a mediados de diciembre y el Ejército sitió la ciudad para acabar con los insurgentes kurdos, que habían tomado varios barrios. “Durante los primeros dos meses de asedio, los tanques no entraron en la ciudad, sino que bombardeaban desde las colinas que la rodean. Luego descendieron y penetraron en Cizre”, señala Ahmet.

Mehmet presenció los tres meses de asedio desde el interior de Cizre, aunque envió a sus hijos y su mujer fuera de la ciudad y él se mudo a la casa de un amigo en otro barrio después de que su edificio fuese alcanzada por un obús.

“Durante todos estos meses sólo hubo un par de negocios abiertos unas horas al día, pero ir a comprar comida significaba arriesgarse a que te pegaran un tiro. Al levantarse el toque de queda regresé a ver mi casa, habían robado todo lo que pudieron y le habían prendido fuego”, asegura: “Pero esto son sólo los daños materiales, los psicológicos son peores.

Un primo mío murió calcinado en un sótano en el que se había refugiado y su padre se ha vuelto loco. Otro tío mío está desaparecido y ni su cadáver hemos hallado. Varios niños de trece y catorce años de mi barrio también han desaparecido”. Algunas familias, tras semanas preguntando por el paradero de sus allegados, han recibido simples bolsas llenas de huesos calcinados.

“Ni siquiera los médicos hemos podido recuperarnos de lo vivido”, asegura un empleado del Hospital de Cizre, que pide el anonimato. El edificio fue convertido en cuartel de las fuerzas especiales de la Gendarmería y no permitían a los doctores visitar los hogares dentro del cerco militar: “Durante meses no hemos podido vacunar a niños, ni atender a las embarazadas, muchas de las cuales han sufrido abortos causados por el pánico y el estrés. La gente ha sufrido traumas terribles, pero no hay psicólogos para atenderlos”.

Varios testigos consultados por este diario explicaron que al regresar a sus hogares los hallaron saqueados y cubiertos de pintadas racistas como “Pagaréis por venderos al PKK” o “Probaréis la fuerza de los turcos”. “En mi piso dejaron la ropa interior de mi mujer esparcida, un sujetador colgando de la estantería y condones usados por el suelo. ¿Qué hicieron allí?”, se pregunta otro vecino de Cizre mostrando las fotos de su hogar en el teléfono móvil.

En mi piso dejaron la ropa interior de mi mujer esparcida

La destrucción sufrida por Cizre durante las “operaciones antiterroristas” ordenadas por el Gobierno no tiene precedentes en la historia del conflicto kurdo y ha llevado a algunos a comparar esta localidad con la chechena Grozni o las ciudades sirias. Por ello, el Ejecutivo islamista se ha apresurado a enviar las excavadoras y los trabajos de reconstrucción avanzan rápidamente. “No quieren que queden pruebas de lo que ha ocurrido aquí”, opina Ahmet.

Pero el ambiente bélico sigue respirándose en una ciudad donde los combates aún se leen en las cicatrices de numerosas fachadas y que continúa tomada por policías y gendarmes fuertemente armados y cuyos blindados patrullan las calles continuamente. “Nos registran a cada paso y siguen yendo de casa en casa a detener a sospechosos. ¿Qué hemos hecho nosotros para merecer esto? Nuestra única culpa ha sido votar al HDP (Partido de la Democracia de los Pueblos)”, se queja Mehmet y recuerda que prácticamente todas las localidades que han sido sometidas a toque de queda en los últimos meses son aquellas donde esta formación kurda obtuvo entre el 70 y el 95 % de los votos: “Si no hubiésemos votado al HDP, no habrían enviado los tanques. Pero seguiremos votándolo”.

Para Raci Bilici, presidente de la Asociación de Derechos Humanos (IHD), todo esto forma parte de una “guerra psicológica” destinada a desmoralizar a la población y sembrar el miedo entre los kurdos. De los más de 2.000 muertos que ha provocado el conflicto en apenas 14 meses, entre 330 y 700 –según los diversos cálculos- son civiles. “Hemos recabado pruebas de numerosas ejecuciones extrajudiciales contra combatientes apresados y también contra civiles. Los detenidos han sido sometidos a torturas y al menos tres personas han muerto en las cárceles. Y también hemos registrado desapariciones forzadas”, explica. Bilici denuncia que los jueces y fiscales turcos se han negado a investigar las muertes pese a la petición de los familiares. También se queja de que el Gobierno hizo aprobar al hemiciclo una ley que dificulta procesar a los militares implicados en las operaciones en el sudeste. Incluso la Comisión de Venecia, vinculada al Consejo de Europa, ha declarado que los toques de queda impuestos durante meses sobre una treintena de localidades kurdas no se ajustan a la legislación turca ni a la europea.

¿Cómo reaccionaría Alemania si unos terroristas declarasen una zona autónoma en la Baja Sajonia?

“¿Cómo reaccionaría Alemania si unos terroristas declarasen una zona autónoma en la Baja Sajonia y dijesen a las autoridades que no pueden entrar? Francia ha tomado duras medidas contra los sospechosos de terrorismo y lo mismo ha hecho Bélgica. Cada país hace lo que debe en la lucha contra el terrorismo”, ha defendido el portavoz de la Presidencia de la República, Ibrahim Kalin.

En torno a medio millón de personas se han visto desplazadas en el último año por el conflicto. Si bien, al contrario de lo ocurrido en los años noventa, la mayoría de los que huyeron no han emigrado a las regiones occidentales de Turquía sino que han permanecido en las provincias kurdas. Poco a poco, han ido regresando a sus lugares de origen, pero en muchos casos sus hogares no eran sino escombros. Según datos del Gobierno turco, hasta mayo más de 6.500 edificios habían sido completamente destruidos, pero la cifra podría ser mayor ya que la prensa local cifra en 3.000 las casas que se encuentran en estado de ruina sólo en la localidad de Nusaybin.

A todos apena ver borrados los paisajes de la infancia y juventud. La plaza donde uno se sentaba a comer pipas que ha sido reformada, el descampado donde pegaba patadas a un balón que ahora ocupa un centro comercial. Se puede imaginar pues cuán hondo será el sentimiento de pérdida de los habitantes de la Ciudad Vieja de Diyarbakir. Sus casas de piedra negra o de ladrillo, con los amplios patios donde corretearon por primera vez, donde nacieron sus hijos y quizás también sus padres, han sido borradas de un plumazo. Primero por la artillería del Ejército y los explosivos del PKK, después por los buldócer del Gobierno.

A Leyla Astam ni siquiera le han permitido regresar a ver lo que queda de su casa, pero quienes sí han podido entrar a la zona de obras, cercada por policías fuertemente armados, afirman que “no queda piedra sobre piedra”. Los vecinos aseguran que, de vez en cuando, las excavadoras aún todavía hallan cadáveres mientras desescombran la zona.

El Ejecutivo turco anunció que reconstruirá el área arrasada por los combates –que incluye patrimonio de cientos de años de antigüedad- y que convertirá Diyarbakir en un “nuevo Toledo”. Para ello, ha expropiado por decreto la práctica totalidad de la Ciudad Vieja –un área de 1,6 kilómetros cuadrados en el que se aglomeran unas 50.000 personas- pero, por el momento, ningún plan ha sido compartido con los afectados ni con el Ayuntamiento. “Yo no quiero que me metan en un edificio de viviendas sociales, ni que me den otra casa, aunque sea con jardín. Yo lo que quiero es recuperar mi casa. ¡Mi tierra!”, se desgañita Astam.

“Como siempre, los más afectados son las mujeres y los niños, a los que se ha arrancado de su entorno social. Durante ochos meses no ha habido escuela ni han estado abiertos los centros médicos, que han sido convertidos en estaciones de policía”, recalca Azize Kaya, del centro de apoyo a mujeres AMIDA: “Esta zona tenía una arquitectura particular que llevaba aparejada un determinado modo de vida: casas unifamiliares con un patio donde se plantaban verduras y se criaban pequeños animales. El nuevo proyecto deshumanizará esta zona y destruirá su tejido social”. Por si fuera poco, la Ciudad Vieja de Diyarbakir era el mercado de la provincia y cada día acogía miles de personas que acudían a hacer la compra. Ahora, cientos de pequeños negocios han quebrado tras acumular meses sin ingresos, ya que las ayudas del Estado no son suficientes.

Con la llegada de la primavera, cuando la mayoría de las revueltas en las ciudades kurdas habían sido aplastadas por el Ejército, el PKK modificó su estrategia tras darse cuenta de que había sido un fracaso. “La táctica de la Guerra Revolucionaria Popular, que básicamente consiste en trasladar los combates a las ciudades, era algo que el PKK llevaba tiempo planeando. Cuando intervino en la resistencia de Kobane (Siria), el apoyo al PKK se incrementó y entonces la organización pensó que la gente de los barrios kurdos de Turquía podría levantarse contra el Gobierno de igual modo que los kurdos de Siria luchaban contra el Estado Islámico. Fue un error”, sostiene el periodista kurdo Mahmut Bozarslan.

“Esta estrategia aumenta las bajas de las fuerzas de seguridad, sí, pero también las propias y las de los civiles. Y la gente, al final, ha reprochado al PKK que les lleve el conflicto a sus calle. El apoyo al AKP (partido islamista en el gobierno) ha descendido entre los kurdos, pero también se ha visto dañada la imagen del HDP y del PKK, por eso la organización ha cambiado de estrategia”, opina Ilyas Akengin, director del diario Tigris Haber de Diyarbakir.

En su lugar, los militantes kurdos regresaron a la táctica de los atentados, contra objetivos militares y policiales, pero también civiles. Y ya sea directamente o a través de organizaciones afines: como los Halcones de la Libertad del Kurdistán (TAK), formalmente una escisión del PKK pero se sospecha que sigue controlado por el mando de la guerrilla kurda; y el Movimiento Revolucionario Unido de los Pueblos (HBDH), una alianza de grupos de extrema izquierda y el PKK activa en el noreste de Turquía.

Se trata de ataques cada vez más osados y letales, en gran medida gracias al creciente mercado negro de armamento que ha supuesto la guerra en Irak y Siria.  En los atentados de los últimos meses, el PKK ha utilizado inmensas cantidades de explosivo –en algunos más de una tonelada- y en mayo el grupo armado kurdo derribó un helicóptero turco con un misil guiado portátil tierra-aire (MANPAD), un arma que hasta ahora no se encontraba en sus arsenales. Los militantes kurdos aprovecharon la permisividad policial durante los años de negociaciones con el Gobierno para hacer acopio de armas. De hecho, el propio presidente Erdogan reconocía hace unos meses que, durante el proceso de paz, instruyó a los delegados del Gobierno a no actuar contra el PKK, y, por ejemplo, en 2014 sólo se autorizaron 8 operaciones contra la organización armada pese a que los mandos militares destacados en la región pidieron permiso para actuar en 290 ocasiones. “El PKK ha utilizado especialmente ciertas zonas de roca volcánica del este de Turquía para excavar túneles y crear depósitos donde esconder inmensas cantidades de explosivos”, afirma una fuente de seguridad: “Según mis estimaciones, tienen material suficiente para seguir atentando durante cuatro o cinco años más”.

El fracaso del golpe de Estado del pasado 15 de julio fue ampliamente celebrado por los kurdos pues parte de los militares sublevados eran los mismos que llevaban meses dirigiendo la represión en el sudeste de Turquía. Sin embargo, eso no significa que el conflicto en la región kurda haya remitido. El presidente Erdogan no sólo ha excluido al HDP kurdo de todas las iniciativas unitarias organizadas por los partidos turcos, sino que ha espoleado la persecución judicial contra los representantes políticos kurdos. Actualmente 181 alcaldes y concejales nacionalistas kurdos se encuentran en prisión, así como 301 dirigentes locales de partidos kurdos. Además, 56 de los 59 diputados del HDP se han visto despojados de su inmunidad parlamentaria y se enfrentan a un total de 510 procesos judiciales, que podrían llevarlos a la cárcel.

Por si fuera poco, 24 alcaldías kurdas han sido intervenidas, acusadas de prestar apoyo al PKK ya que automóviles de estos ayuntamientos han sido usados como coches bomba y maquinaria municipal utilizada para cavar trincheras (los alcaldes se defienden alegando que los militantes del PKK les roban los vehículos a punta de pistola). Uno de los municipios afectados es el de Cizre, cuya alcaldesa, Leyla Imret, ya fue apartada de sus funciones en septiembre de 2015. Su sustituto, Kadir Kunur, ejerció hasta el pasado 10 de septiembre, cuando al acudir al Ayuntamiento lo encontró rodeado por la policía y se le anunció que había sido sustituido por un interventor nombrado por el Ministerio de Interior. Ese día, internet y la telefonía móvil fueron interrumpidas en las 24 localidades afectadas, para evitar que los nacionalistas kurdos organizasen protestas. “Es un intento de criminalizar nuestro partido, tildándonos de terroristas. Pero ya enviaron inspectores a examinar los presupuestos municipales y vieron que las acusaciones de financiar el terrorismo que nos hacían eran infundadas”, esgrime Kunur: “La población está muy tensa, porque ven que no funciona el estado de derecho. Ahora ya no se nos puede engañar como en los noventa, ahora tenemos redes sociales y medios independientes”.

Ahora ya no se nos puede engañar como en los noventa, ahora tenemos redes sociales y medios independientes

“Hay un odio no visto en años. Tanto del HDP hacia el Gobierno, como de los turcos hacia los kurdos. Ha habido cientos de muertos en ambas partes lo que obstaculiza la reconciliación”, lamenta Bozarslan. Es un odio larvado que impide cualquier acercamiento, como reconoce uno de los damnificados en Cizre: “El padre al que la han matado al hijo, o el hijo al que le han matado al padre, ¿cómo va a olvidar?”. Sus palabras se entrecortan al paso de dos blindados que cruzan la calle. De uno sobresale un joven gendarme en uniforme de camuflaje, que se aferra a la ametralladora como a un seguro de vida.

La tregua anunciada por el PKK en 2013 llenó de esperanza a la región kurda de Turquía, empobrecida y crispada por años de violencia. El grupo armado se comprometía a retirarse del país hacia las montañas de Irak y luego deponer las armas, a cambio de reformas democráticas y más derechos para los kurdos. Y todo fue razonablemente bien hasta que las ambiciones del presidente Recep Tayyip Erdogan –que vio cómo el proceso de paz le restaba votos del nacionalismo turco- y el empeño del PKK en emular las revueltas de los kurdos de Siria dieron al traste con el proyecto.

No es la primera vez que fracasa un intento de poner fin al conflicto kurdo, ya lo hicieron los tímidos procesos iniciados en los noventa por el presidente Turgut Özal o la llamada “apertura kurda” de Erdogan en 2009, pero esta vez parecía que iba a ser diferente. Sin embargo, quince meses de renovado enfrentamiento han devuelto las posiciones a la casilla de salida, deshaciendo lo andado durante años de negociaciones.

Erdogan ha pasado de reconocer que “existe un problema kurdo” (2005) a decir que “no hay un problema kurdo sino de terrorismo” (2016). El nuevo plan del Ejecutivo, escribe el analista militar Metin Gürcan, es utilizar las prerrogativas que le confiere el estado de emergencia declarado tras el fallido golpe de Estado del 15 de julio para “erradicar al PKK y a sus aliados no sólo en la esfera militar, sino también de la arena política, sociocultural y económica”. Para ello ha incrementado el despliegue de policías, paramilitares kurdos leales a Ankara y tecnología militar, incluidos drones para llevar a cabo asesinatos selectivos como hace EEUU con la insurgencia yihadista. El objetivo, según Gürcan, es “marginar” al PKK y obligar a la principal formación política kurda, el Partido de la Democracia de los Pueblos (HDP) a romper con la guerrilla.

Pero eso demuestra un escaso conocimiento de cómo funcionan las cosas en el sureste de Turquía, donde los nacionalistas kurdos mantienen una hegemonía política incontestable. Si estableciésemos un paralelismo con la situación en Euskadi, el HDP kurdo aglutinaría a lo que son el PNV, Eusko Alkartasuna y la izquierda abertzale. Y aunque el HDP suele condenar los atentados del PKK, sigue habiendo una histórica imbricación entre ambos, cosa que sus simpatizantes ven normal pues son muchos los que tienen familia tanto en “la guerrilla” como en “el partido”.

El inspirador de todo ello es Abdullah Öcalan, fundador del PKK y encarcelado en la isla-prisión de Imrali desde 1999. Si bien ha sido el principal interlocutor del Gobierno, tras la ruptura del proceso de paz se le prohibió recibir visitas, incluso de sus abogados. Este régimen de aislamiento absoluto, prolongado durante más de un año, fue roto el pasado 11 de septiembre, cuando se concedió a su hermano Mehmet la posibilidad de verlo y transmitir así a los kurdos un mensaje tras casi dos años de silencio: “Esta es una guerra ciega, no es una guerra que una de las partes pueda ganar. La solución no puede ser unilateral (…) pero no fuimos nosotros quienes interrumpimos el proceso . Si el Estado está preparado (para negociar), podemos resolver la cuestión en 6 meses”.

El problema es que Öcalan, cuya palabra era considerada sagrada para todo el movimiento kurdo hasta hace un par de años, ha perdido parte de su influencia sobre el mando de la guerrilla, que hace sólo unas semanas llamaba a la guerra total contra Turquía. “Si ahora Öcalan ordenase al PKK retirarse de Turquía, habría un 50 % de posibilidades de que no se le escuchase”, sostiene el avezado periodista kurdo Mahmut Bozarslan, subrayando que la nueva generación de militantes del PKK es mucho más radical que la anterior: “Los nuevos militantes apenas tienen formación política, sólo militar”.

Según una encuesta, sólo un tercio de los turcos apoya que el Gobierno vuelva a sentarse junto al PKK en la mesa de negociaciones. Kadir Kunur, alcalde kurdo depuesto por una reciente normativa, reconoce la dificultad de la reconciliación tras la violencia sufrida en los últimos meses: “A las familias de las víctimas les pedimos paciencia, porque llevamos 40 años de muertes y no podemos obcecarnos en otra cosa que no sea el diálogo. No negociar significará más muertes”.

La realidad es que ninguna de las dos fuerzas puede derrotar completamente a la otra y que la prolongación de la guerra sólo lleva a profundizar las divisiones étnicas en Turquía. Pero la continuidad del conflicto favorece a los halcones de ambas partes. Al presidente Erdogan porque le permite justificar sus medidas cada vez más autoritarias y al PKK porque la represión le garantiza un flujo constante de nuevos jóvenes dispuestos a tomar las armas, así como una posición dominante sobre las voces del movimiento político kurdo que piden el fin de la violencia.