Stefano Liberti
Fotografía y vídeo: Mario Poeta
Mapa e infografía: Jacopo Ottaviani
Diseño y desarrollo: Isacco Chiaf
Issa Fall tiene el rostro lúgubre. “Hoy también hemos pescado poquísimo, lo justo para pagar el combustible”. El hombre, pescador de nacimiento y desde hace “cinco generaciones”, sale al mar todas las mañanas a las nueve, y regresa a media tarde para vender el pescado en el mercado informal de la playa de Soumbedioune, situada en la costa de Dakar. Una pequeña bahía somnolienta que cada día, pasadas las cuatro, se anima con hombres que descargan cajas, mujeres que gritan precios entre puestos improvisados y decenas de clientes que eligen, sopesan, negocian y compran entre el barullo. Sin embargo, la atmósfera no es en absoluto festiva: entre las decenas de pescadores que amarran sus canoas se deja notar el calado de la crisis que desde hace un tiempo asuela el sector. Las cestas están semivacías, las caras largas. Atrás queda el boato del pasado: el mar ya no es generoso como antes, “cuando casi se podía pescar con las manos”.
Fall, que es el portavoz de su comunidad, no tiene ninguna duda: la culpa es de los barcos extranjeros, que vienen a pescar en aguas senegalesas con el beneplácito del Gobierno central. “Primero llegaron los rusos y los asiáticos a saquearnos. Ahora han vuelto a abrir el mar a los europeos”.
El hombre está furioso por el nuevo acuerdo que Dakar firmó en noviembre del 2014 con la Unión Europea, que prevé la emisión de 36 permisos a ocho pesqueros con sedal de caña (cañeros) y 28 pesqueros con redes de cerco (cerqueros) que capturan principalmente atún. A estos barcos se añaden dos grandes buques de arrastre para la pesca de altura, que tienen como objetivo la merluza negra. A cambio, Senegal obtiene una “compensación económica” de 13,9 millones de euros totales en los cinco años que dura el acuerdo, a pagar entre la Unión Europea (63%) y los armadores (37%).
Estos acuerdos, negociados durante varios meses en un clima que muchos definen como de escasa transparencia, centran el debate en un país donde el 17% de la población activa trabaja en el sector pesquero. Los armadores europeos responden a las críticas de los pequeños pescadores afirmando que, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, actualmente no hay ningún tipo de competencia entre los dos tipos de pesca. “Este acuerdo no está mal. Atañe principalmente al atún, que las canoas no pescan prácticamente nunca”, sostiene David Rigat, director general de la empresa CMNP, que gestiona los intereses de varios armadores europeos en el puerto de Dakar.
El acuerdo, suspendido en 2006 a raíz precisamente de la explotación excesiva de los recursos pesqueros, se ha vuelto a poner en marcha con una fórmula distinta: si el anterior permitía el acceso a todas las especies, el que ahora hay en vigor atañe sobre todo a los atunes, y forma parte de una serie de pactos bilaterales que permiten a los pesqueros europeos seguir al atún tropical durante su recorrido migratorio por el golfo de Guinea, desde Angola hasta Mauritania.
En el muelle 10 del puerto de Dakar, en la sede de Sopasen, la empresa conjunta franco-senegalesa que lo administra, Adama Lam estalla: “El Gobierno se ha plegado a los intereses extranjeros”. El hombre, vicepresidente del Grupo de armadores y empresas pesqueras senegalesas (GAIPES), habla sin pelos en la lengua de “neocolonialismo”. “Nosotros habíamos pedido la reemisión de permisos para el atún y se nos denegó con el pretexto de que las reservas estaban sobreexplotadas. Justo después vimos que el Gobierno firmaba un acuerdo con los europeos. Es un escándalo. Sopasen, como las otras empresas conjuntas que operan en el puerto de Dakar, pesca principalmente para la exportación: quisquillas, pescado azul, pulpos y otras especies destinadas al mercado europeo, pero también a Asia y a los países africanos con mayor poder adquisitivo, como Costa de Marfil. “Pero el atún es lo que permitiría a las empresas ganar mayores beneficios”, subraya Lam.
Desde la Dirección General de Recursos Marítimos devuelven las acusaciones al remitente. “El acuerdo de pesca se ciñe al atún”, repite el director Mamadou Goudiaby. “Dado que Senegal tiene potencial para unas 14.000 toneladas y nuestros armadores no están capacitados para pescar esas cantidades, decidimos firmar también el acuerdo con Bruselas”. Efectivamente, en dicho acuerdo entre la UE y Senegal se habla de 14.000 toneladas, pero solo es una cifra de referencia: en el caso de superarse, el texto estipula el pago de una cantidad que oscila entre los 50 y los 70 euros por tonelada. “Es una cantidad irrisoria”, subraya Lam. “Es lo que los cerqueros pueden pescar en tres semanas. Los armadores europeos han recibido una autorización de facto para saquear nuestro mar sin límites”.
La comparación de cifras parece darle la razón: si se suman los tonelajes pescados por los ocho cañeros europeos activos en los últimos años en Senegal, gracias a acuerdos particulares con el Gobierno, y por los seis cañeros senegaleses, ya se alcanza el umbral de las 14.000 toneladas. La llegada de otros 28 pesqueros con redes de cerco supondrá sin duda superar dicho umbral. “Estamos malvendiendo un recurso valiosísimo a cambio de una nimiedad”, explica, ahondando en la herida, Fatou Niang, directora de Senevisa, una de las principales empresas pesqueras senegalesas con capital conjunto activas en el puerto de Dakar.
Durante los años en que el acuerdo entre la UE y Senegal no estaba activo, los pocos barcos con sedal de caña que operaban en aguas senegalesas ya pescaban la cantidad de atún indicada en el acuerdo. La llegada de 28 grandes pesqueros europeos con redes de cerca aumentará notablemente esa cantidad, según empresarios y activistas medioambientales.
Pero los que se unen a las barricadas contra el acuerdo no son solo los empresarios y los pescadores. Las organizaciones medioambientales también expresan una profunda preocupación. “La pesca con redes de cerco no es selectiva; conducirá inevitablemente a la captura de otros tipos de pescado y al empobrecimiento del ecosistema”, explica, inquieto, Ahmed Diami, responsable de la campaña para los océanos de Greenpeace África. “Eso sin contar que las especies de atún en el punto de mira corren el riesgo de caer en la sobreexplotación”.
El estudio de las reservas de atún está garantizado por la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT por sus siglas en inglés), que tiene que hacer los cálculos y valoraciones necesarias y definir si es preciso imponer cuotas máximas o parones en la pesca, como ya sucedió, por ejemplo, con el atún rojo en el Mediterráneo. Sin embargo, por el momento la ICCAT no ha puesto límites a las principales especies de atún tropical capturadas en las costas de África Occidental: el atún de aleta amarilla y el atún listado. Así las cosas, los europeos pueden pescar sin ningún freno. “¿Y quién nos garantiza que el Gobierno no firmará acuerdos con otros países?”, se pregunta Diami. “¿Acaso podrá decir que no a los rusos o chinos si piden permisos análogos?”. Al planteársela al director del departamento de pesca, la pregunta recibe una respuesta que no tranquilizaría al responsable de Greenpeace: “No lo excluimos. Estudiaremos caso por caso. Tenemos el deber de valorizar nuestros recursos”, explica Goudiaby.
Y es precisamente al tocar la cuestión de valorizar los recursos cuando se caldean los ánimos. Muchos consideran que la compensación económica es demasiado baja, y que su impacto en el sector local es mínimo. Greenpeace se pregunta por qué había tanta prisa en firmar los acuerdos mientras se estaba debatiendo un nuevo código pesquero, que debía tener en cuenta las dificultades de los pescadores locales. Y por qué en el texto se prevé, además de la pesca del atún, la posibilidad de pescar merluza negra con los dos pesqueros de arrastre. “La introducción de estos dos buques en el acuerdo entra en absoluta contradicción con el mandato de la política común de pesca, según el cual solo deben alcanzarse acuerdos en caso de superávit, y ante la incapacidad manifiesta de los pescadores locales para capturar el recurso”, subraya Béatrice Gorez, que coordina desde Bruselas la Coalición para Acuerdos Pesqueros Justos.
Pero, ¿dónde acaba todo el atún que se pesca en las aguas de África Occidental? La mayor parte se carga en barcos congeladores y pone rumbo a Galicia, la principal región productora de atún en conserva del mundo, junto con Tailandia. Cada día, en los puertos de Ribeira y Puebla se descargan toneladas de atún que luego se trasladan a las diferentes fábricas diseminadas por la región, desde el grupo Jealsa-Rianxeira a Calvo, pasando por Garavilla, que finalmente las distribuyen por todo el mercado europeo. Y es que desde 1953, cuando varios pescadores vascos a bordo de barcos de madera se aventuraron hasta las aguas frente a las costas africanas, los españoles pescan atunes tropicales. Tienen experiencia, conocimientos y una industria muy bien estructurada, que en los últimos años se ha desarrollado aún más gracias a los acuerdos pesqueros comunitarios. Desde su despacho de Madrid, Julio Morón, director gerente de OPAGAC, grupo que reúne a varios de los armadores de los cerqueros favorecidos por el acuerdo, reconstruye la historia de las campañas en África de los pesqueros españoles y enumera los diferentes acuerdos alcanzados, además de calificar de ficticias las críticas de los empresarios senegaleses. “El atún es una especie migratoria, no vive en aguas senegalesas. Pasa por ahí y punto. Ellos podrían pescarlo, como nosotros, pero durante todos estos años sin acuerdo no han sido capaces de desarrollar una industria pesquera”.
Resulta difícil determinar si no lo han logrado por la falta de apoyo por parte del Estado, por la competencia de los extranjeros o por simple incapacidad emprendedora. Lo cierto es que la presencia de la flota europea hoy en día no facilita dicho desarrollo. Una buena parte de ella está constituida por barcos de grandes grupos, que en los últimos años han obtenido diferentes tipos de subsidios, desde la construcción de los cascos al carburante. Aunque el sistema de subvenciones haya cambiado con la nueva Política Pesquera Común, que prevé una ligera reducción y una limitación de los abusos más graves, no cabe duda de que en los últimos años los armadores europeos recibieron una ayuda que marca las diferencias. Sin ir más lejos, el actual pago por parte de Bruselas de los permisos de acceso a aguas senegalesas es un subsidio público a favor de intereses privados. “Con los impuestos de los ciudadanos europeos se fomenta el saqueo de los recursos africanos”, resume Adama Lam.
Los pequeños pescadores observan este enfrentamiento entre los empresarios senegaleses y europeos desde las orillas de las playas donde están amarradas sus canoas. Y es que el atún no se encuentra entre las principales especies que capturan. Pero se preguntan: ¿qué beneficios obtenemos nosotros? ¿qué parte de este acuerdo nos atañe? Según el texto, una parte del dinero pagado por la Unión Europea debería servir para “fomentar el desarrollo sostenible de la pesca local a través del apoyo al sector”. Por el momento, ellos no han visto nada.
Issa Fall, que solo puede contar con sus propias fuerzas, vuelve a salir al mar cada mañana, junto con las aproximadamente 21.600 canoas registradas en Senegal. Al ver los grandes buques extranjeros a lo lejos, él y todos los pescadores no pueden evitar preguntarse por qué los europeos van a pescar justo ahí, y por qué en sus redes hay cada vez menos peces.
