¿Echarán de menos las eléctricas a Teresa Ribera?

El 16 de junio de 2018, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, que formaba parte de una delegación de empresarios que acompañaba a los Reyes de España en un viaje oficial a Estados Unidos, aplaudió sin disimulo la llegada del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, tras una convulsa moción de censura que tumbó al de Mariano Rajoy. Según declaró el ejecutivo en San Antonio (Texas), el relevo se había producido con “total normalidad democrática” y añadió que “es para sentirnos orgullosos del país que tenemos”. Sus loas se extendieron a la vicepresidenta (entonces cuarta) y ministra de Transición Ecológica (cartera de nueva creación que fusionaba por primera vez energía y medio ambiente), Teresa Ribera, a la que calificó como “una persona muy capaz, que ha demostrado a lo largo de su trayectoria un gran compromiso con los problemas medioambientales”. Y defendió la primera decisión de la ministra de asumir los objetivos de renovables que la UE había fijado en un 32% para 3030, una medida que el Gobierno anterior tenía empantanada.

Pero a nadie se le escapaba por entonces que tras los halagos del presidente de Iberdrola se ocultaba en realidad su gran satisfacción por el cese del antecesor de Ribera, Álvaro Nadal, con quien había mantenido agrios y sonoros enfrentamientos. Entre otros, por el empecinamiento del entonces ministro de Energía del último Gobierno del PP de prohibir el cierre de las dos pequeñas centrales de carbón de Iberdrola; por la guerra de años sobre la clausura de la central nuclear de Santa María de Garoña (cuyo capital compartía con Endesa); por el recorte por decreto de las primas de las renovables, medida de infaustas consecuencias; o la implantación del impuesto del 7% a todo tipo de generación eléctrica (estas dos últimas medidas como solución al déficit de tarifa).

Con el listón tan bajo -reflexionan fuentes políticas-, Ribera partía con ventaja en su nueva trayectoria. En el caso de Iberdrola, por las hostilidades entre Sánchez Galán y Nadal y, en el de Endesa, porque, tras la salida del entonces presidente, Borja Prado (no precisamente amigo de Ribera), continuó al frente de la compañía el número dos, José Bogas, cuyas buenas relaciones con Teresa Ribera, que venían de lejos, nunca se disimularon. Educado en la cultura de la empresa pública, el histórico consejero delegado de Endesa es más proclive a entender las intervenciones del Gobierno.

Si bien el mandato de Ribera no ha estado ni mucho menos libre de conflictos con el sector eléctrico, especialmente por las medidas que su departamento tuvo que adoptar durante la crisis energética derivada de la invasión rusa de Ucrania, que se tradujeron en intervenciones de los precios del mercado, eléctricas y ministerio han mantenido una relación de respeto y no se han tenido que enfrentar a decisiones arbitrarias o producto de la ignorancia, como ocurrió en el pasado con ministros de distinto signo político. Todo ello, a pesar de la dureza de algunas medidas y a no compartir ideología. Queda pendiente el polémico impuesto energético, que las compañías han recurrido en los tribunales, y que confían en que desaparezca en 2025.

Aunque, en general, las empresas de este y otros sectores siempre prefieren Gobiernos liberal-conservadores, también son conscientes de que ello no les garantiza (salvo contadas excepciones) unas buenas relaciones con el ministro de turno. Sirva como ejemplo el caso antes citado de Álvaro Nadal. En cualquier caso, el pragmatismo empresarial siempre se impone y el balance que hacen las empresas eléctricas del mandato de Ribera, que encabezará las listas del PSOE a las elecciones europeas del 9 de junio, es positivo.

De hecho, en privado, el máximo ejecutivo de Endesa ha venido a reconocer que se la echará de menos, en tanto, el consejero delegado para España de Iberdrola, el chileno Mario Ruiz-Tagle, tampoco ha escatimado comentarios positivos para quien ha considerado un gran activo del Gobierno. En general, entre las empresas de Aelec, se valora que, pese al duro carácter que se atribuye a la ministra, esta “siempre ha ido de frente”.

El caso Naturgy

Mención aparte merece la tercera eléctrica del sector, Naturgy, que ha vivido en los últimos años su particular vía crucis accionarial, con dos fondos con el ciclo inversor caducado (CVC y GIP) intentando vender sus participaciones, un 20% cada uno. Una primera solución planteada en 2022, que se traducía en la segregación de la compañía, se topó con la oposición de Teresa Ribera, aunque también las circunstancias del mercado impidieron que siguiera adelante. Las tornas han cambiado pues la opción ahora en ciernes, una opa por el 100% por parte de la emiratí Taqa, ha encontrado el beneplácito de Transición Ecológica, y de Moncloa en particular, que, en cualquier caso, impondrá condiciones al inversor en el marco de la autorización que debe solicitar al Consejo de Ministros por el llamado escudo antiopas.

Sea como fuere, superada la crisis energética y cerradas las heridas de las intervenciones del mercado (minoración de beneficios y excepción ibérica) y neutralizada la propuesta radical de Ribera para una reforma del mercado mayorista europeo, las empresas eléctricas comparten los objetivos de su ministerio, que apuesta fuerte por la descarbonización y la electrificación, palabra mágica para unas compañías, que quieren ampliar su negocio de generación renovable y, muy especialmente, el de las redes, la gran batalla a la que se enfrentará su sustituto en el cargo. En cualquier caso, más allá de la persona que vaya a ocupar la cartera (quizás ya en noviembre), esta deberá acatar las políticas de transición energética de la Unión Europea.

De todas estas reflexiones queda excluida Repsol, cuyas relaciones con la ministra se han ido deteriorando a medida que ha avanzado la legislatura. Aunque en esta compañía puedan estar brindando por su marcha, como se malician fuentes del sector, hay quien recuerda que se la podrían encontrar de nuevo como comisaria en Bruselas.

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