Los abogados fichan a la expresidenta del Constitucional para que les ayude a tener pensiones dignas

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha encargado a la expresidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, para que formule una propuesta legislativa que permita al colectivo acceder a pensiones dignas. En concreto, buscan la formulación de una pasarela voluntaria que permita trasladar el dinero ahorrado a través de la mutualidad de gremio a la Seguridad Social, en su régimen especial para trabajadores autónomos (RETA).

El conflicto de los abogados abocados a cobrar pensiones bajas ha estallado en los últimos meses. El sábado vuelven a manifestarse para pedir al Gobierno una solución. Durante años aportaron dinero para su jubilación en la Mutualidad de la Abogacía y ahora algunos ven que el dinero que van a percibir cuando se jubilen no es suficiente. Algunos aseguran que les corresponden pensiones de entre 300 y 400 euros. Lo mismo ocurre con los procuradores y su respectiva mutualidad, o con los arquitectos y la Hermandad Nacional de la Arquitectura.

Hasta 1996, este tipo de profesionales autónomos no podían cotizar a la Seguridad Social. Su protección de cara a la jubilación, al paro o a la incapacidad, debía articularse por medio de las mutualidades de previsión social. Desde esa fecha, sí que pueden elegir, pero la mayoría de los profesionales del Derecho siguieron aportando a su mutualidad. Por inercia, y porque se pagaba menos.

Hacia 2005, las mutualidades cambiaron su modelo. Ya no habría un fondo solidario, donde las pensiones actuales se pagan con las aportaciones (como en la Seguridad Social), sino que se convirtieron en un sistema de capitalización individual. Tanto ahorras, tanto cobras, y que cada palo aguante su vela.

Muchos abogados y procuradores denuncian que nunca fueron bien informados de este cambio del modelo, mientras que las mutualidades argumentan que todo se aprobó en asambleas generales de mutualistas y que se han mandado desde hace 20 años cartas individuales explicando el dinero que iba ahorrando cada cual.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se abrió hace un mes a crear la mencionada pasarela, para poder convertir el dinero de la Mutualidad en años cotizados a la Seguridad Social. ¿El problema? Que ha puesto dos condiciones que no gustan en el sector: solo se aplicará a quienes fueran mutualistas antes de 1996, y solo si se encuentran en una situación de vulnerabilidad. “Esto deja fuera a la inmensa mayoría del colectivo”, se queja Nuria Cachafeiro, presidenta de la Asociación Nacional de Afectados por la Mutualidad de la Abogacía (ANAMA).

Especialización

La elección de María Emilia Casas para que represente al Colegio Madrileño (el más grande del país) en el diseño de la pasarela no es casual. Se trata de una de las juristas más prestigiosas de España y es catedrática de Derecho del Trabajo y Seguridad Social.

Para Eugenio Ribón, decano del ICAM, María Emilia Casas “es una figura indiscutida por su rigor técnico e independencia”. Con este encargo, el Colegio de la Abogacía de Madrid pretende ofrecer “una solución legislativa concreta, que ampare a todos los mutualistas y no deje a nadie atrás”.

El ICAM ha sido el colegio de abogados más beligerante a la hora de reclamar una solución para este conflicto. Ha promovido proposiciones no de ley en diferentes parlamentos autonómicos y en el Senado reclamando una pasarela. De acuerdo con fuentes del ICAM, todos los grupos políticos se han mostrado favorables a encontrar un encaje a este rompecabezas.

Aunque la voluntad política existe, la definición de esa pasarela va a ser conflictiva. Desde la Mutualidad de la Abogacía, su presidente, Enrique Sanz Fernández-Lomana, defiende que “su constitución, que a nosotros nos parece muy bien, no puede suponer un perjuicio o un agravio para los abogados que quieren seguir haciendo sus aportaciones a la Mutualidad”.

Mientras tanto, la entidad tiene previsto aprobar en asamblea una serie de mejoras de coberturas para los abogados que decidan quedarse en la Mutualidad. Una de las cuestiones más controvertidas de la propuesta de Seguridad Social es que quiere las mutualidades no puedan seguir siendo una alternativa al RETA.

La fórmula más lógica es que el capital acumulado en la mutualidad se convierta en años de cotización a la Seguridad Social. El problema es que, en algunos casos, esos importes son muy bajos, y aún quedaría mucho dinero para cotizar para alcanzar unas pensiones decentes. Parte del gremio jurídico se queja de que los que ahora piden la pasarela “cotizaron muy poco y ahora quieren tener una buena pensión, lo que tampoco es justo”.

De momento, el colectivo de abogados y procuradores volverá a tomar las calles de Madrid el sábado, protagonizando unas propuestas a las que no está habituada la opinión pública.

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