Forestalia ficha a José Manuel Soria, el ministro que recortó las primas de las renovables

Forestalia, la compañía aragonesa promotora de proyectos de energías renovables, ha fichado como consultor al que fuera ministro de Industria durante el primer Gobierno de Mariano Rajoy, José Manuel Soria, según confirman fuentes del sector y reconocen en la compañía. Se da la circunstancia de que el exministro canario fue el artífice, en julio de 2013, de la polémica reforma eléctrica cuyo objetivo era poner fin al déficit de tarifa, con el que el sistema eléctrico había acumulado una deuda de casi 30.000 millones de euros. La reforma supuso la desaparición del sistema de primas a las renovables (se sustituyó el incentivo a la producción por una compensación mediante subasta que garantizaba un precio de mercado), lo que se tradujo en un recorte de 2.700 millones de euros a las empresas que habían disfrutado de ellas.

También durante el mandato de Soria, en 2015, se aprobó el polémico real decreto sobre autoconsumo eléctrico, que en el sector de las renovables se dio en llamar el impuesto al sol. En abril de 2016, estando en funciones, el ministro canario se vio forzado a dimitir salpicado por el caso de los Papeles de Panamá, tras descubrirse que empresas familiares en las que participaba estaban radicadas en paraísos fiscales.

El recorte de las primas arrastró duras consecuencias que se prolongan hasta nuestros días, después de que los inversores extranjeros instaran una avalancha de arbitrajes contra el Reino de España, que se han saldado, en su mayoría, con laudos condenatorios por el carácter retroactivo del recorte. Se presentaron un total de 51 denuncias (amparadas en la llamada Carta de la Energía), de las cuales, 28 han resultado favorables a los inversores y de las que 15 siguen pendientes. Según los laudos, España tendría que pagar 1.258 millones de euros a los afectados, algo que no ha hecho, lo que ha llevado a tribunales de Estados Unidos y Londres a pedir la ejecución de los laudos y el embargo de propiedades del Estado.

Desde la compañía se asegura que la relación con Soria se remonta a 2018 y que se trata de trabajos de consultoría “puntuales” relacionados con las renovables. Pero Forestalia no sería la única compañía del sector para la que trabaja José Manuel Soria. En 2021 fue nombrado presidente de la filial española del grupo británico Island Green Power, que promueve proyectos en Reino Unido, España Italia, Australia y Nueva Zelanda, y tiene una planta fotovoltaica en Baleares. En estos momentos, Soria es director no ejecutivo de la empresa, según figura en su página web. En 2017, tras su abandono de la política, el exministro fundó Sorben Partners, de la que es consejero delegado. Es también miembro del consejo del grupo canario de automoción Domingo Alonso y de Servatur Hotels & Resorts; asesor de la inmobiliaria Newry Global Media y de otras compañías de telecos, industrias, finanzas corporativas, consultoría estratégica, energía e infraestructuras.

‍La irrupción de Forestalia

Tras el fin de la moratoria verde incluida en la reforma eléctrica, en enero de 2016, se celebró la primera subasta de renovables organizada por el Ministerio de Industria. En ella irrumpió, para sorpresa del sector eléctrico, el grupo Forestalia. Propiedad del empresario aragonés Fernando Samper, quien en 2011 había abandonado la empresa cárnica familiar, Grupo Jorge, Forestalia se adjudicó el grueso de la puja a cero euros. Concretamente, se llevó 400 MW de los 700 MW eólicos y de biomasa subastados. Un año después, ya con Álvaro Nadal en el nuevo Ministerio de Energía, volvió a repetir la jugada al lograr 1.200 MW de los 3.000 MW subastados (casi todos eólicos), de nuevo, con un descuento del 100%.

Desde entonces la polémica ha acompañado a la compañía aragonesa, que prácticamente se limita a promover proyectos y traspasarlos (no siempre con todos los trámites administrativos) a terceros, que luego los construyen. En esta línea vendió a Repsol 850 MW por 900 millones de euros en diciembre de 2019; 300 MW a Bruc Management, fondo de Juan Béjar, por 225 millones de euros y otros 300 MW a BP España con una inversión da casi 300 millones. En algún caso, el círculo se cerró, y ya en noviembre de 2021, Repsol traspasó a Pontegadea, sociedad patrimonial de Amancio Ortega, el 49% del parque eólico Delta por 245 millones, uno de los adquiridos en su día por la petrolera a Forestalia. Según sus propios datos, tiene en distintos grados de tramitación o desarrollo 10.000 MW para lo que cuenta con socios financieros.

Con sus inversiones concentradas en Aragón (un centenar de proyectos), especialmente en la provincia de Teruel (donde prevé levantar 27 parques eólicos), la empresa no es ajena a la investigación que el pasado noviembre abrieron las Cortes de Aragón sobre la implantación de renovables en la región durante el Gobierno socialista de Javier Lambán y sus predecesores. Tras los resultados electorales de julio, el PP lograba gobernar con el apoyo de Vox, y ambos partidos, con el apoyo del resto de grupos políticos, excepto el PSOE, lograron que se abriera una Comisión de Investigación. La empresa aragonesa ha sido acusada de tener “en nómina” a varios directivos de anteriores gobiernos regionales, como el de Marcelino Iglesias o Luisa Fernanda Rudi. Tal es el caso de Carlos Ontañón o Luis Marruedo, ex altos cargos políticos y actuales directivos de la compañía. Precisamente, este último representó a Forestalia en la citada comisión de investigación.

Pero, si cabe, las inversiones más polémicas del grupo de Fernando Samper son las seis redes de alta tensión que, de forma privada (al margen de REE), proyecta entre Aragón, La Rioja, Castilla y León, País Vasco, Cataluña y la Comunidad Valenciana para evacuar la energía de sus plantas, lo que ha encendido los ánimos de ecologistas y gobiernos autónomos. De hecho, la línea de 150 kilómetros entre Tauste (Zaragoza) y Júndiz (Álava) que atraviesa territorio riojano ha provocado que la Asamblea de la Rioja haya decretado una moratoria a cualquier instalación eléctrica. Una de las afectadas es Aena, que puede ver paralizada su planta solar en el aeropuerto de Logroño. Aunque en el caso de esta línea, el Ministerio para la Transición Ecológica, ha otorgado la declaración de impacto ambiental (DIA), las condiciones que le imponen (especialmente, de soterramiento) ponen en riesgo el proyecto, según distintas fuentes.

Sigue toda la información de Cinco Días en Facebook, X y Linkedin, o en nuestra newsletter Agenda de Cinco Días