Las comunidades de vecinos que no hayan adaptado sus antenas el 31 de marzo se quedarán sin ver los canales afectados por el llamado apagón digital. El secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Víctor Calvo-Sotelo, ha descartado este lunes que el Gobierno vaya a aceptar una nueva prórroga en el apagón de canales por el denominado dividendo digital,.
En un encuentro con la prensa en el marco del Mobile World Congress (MWC), Calvo-Sotelo restó importancia a los datos aportados por las asociaciones de instaladores que han alertado que en torno a 800.000 edificios podrían quedarse sin ver esos canales, cuyas frecuencias pasarán a ser utilizadas por las operadoras de telefonía móvil. También las empresas de televisión indicaron a finales de febrero que aún quedaban un 40% de viviendas pendiente de adaptar sus antenas a las nuevas frecuencias de la TDT.
Industria ya decidió una prórroga de tres meses del plazo original que vencía el pasado 31 de diciembre atendiendo las demandas de las cadenas de televisión. Para ello, se vio obligado a firmar un acuerdo con las operadoras de telecomunicaciones para compensarles el retraso alargando el plazo de concesión de las frecuencias en la banda de 800 Mghz.
Calvo Sotelo confirmó que este mes el Ministerio de Industria llevará a cabo una potente campaña de publicidad institucional en todos los medios de comunicación para que se acelere el ritmo de antenización. El secretario de Estado también apuntó que ya se han apagado las frecuencias en ciertas zonas del país, fronterizas con Portugal y Francia, para no interferir con las emisiones de esas regiones.
Calvo-Sotelo no quiso decantarse entre el conflicto que mantienen por la regulación de las redes de fibra entre Telefónica y la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), y expresó su confianza que la nueva regulación conjugará inversión con competencia para que España continúe liderando el despliegue de redes de nueva generación en Europa.
La CNMC ha propuesto obligar a Telefónica a abrir su red de fibra a cambio de un precio regulado, salvo en nueve ciudades. Mientras Vodafone y Orange se han posicionado a favor de la propuesta porque les permitirá competir, Telefónica la ha criticado por entender que supondrá un freno a la inversión y ha condicionado 3.500 millones de euros de inversión a una regulación "adecuada".
"Todos somos conscientes de la importancia de la expansión de las nuevas redes, tanto de telefonía móvil como de fibra, y estoy convencido de que llegaremos a un resultado que conjugue la alta inversión que hay en España, muy superior al resto de Europa, con un buen nivel de competencia", ha afirmado el secretario de Estado de Telecomunicaciones.