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El alcalde de Dolores dimite y abandona el PP, pero no renuncia a su acta de concejal

Antonio Ruiz Meroño anunció ayer la "renuncia irrevocable" a su cargo de alcalde de Dolores (La Vega Baja) horas después de que la dirección regional del PP decidiera abrirle un expediente disciplinario. Ruiz Meroño cargó a las arcas públicas dos cuentas en un prostíbulo, que saldó utilizando la tarjeta Visa del Ayuntamiento. La dimisión del munícipe se hará efectiva ante el pleno municipal que él mismo convocará "a la mayor brevedad". Ruiz aseguró que abandona el cargo, pero mantendrá su acta de concejal con la intención de retomar algún día el poder.

El alcalde de Dolores planta al PP, que vuelve a citarlo para hoy

Antonio Ruiz Meroño, alcalde de Dolores, dejó ayer plantados a los instructores del expediente informativo abierto contra él por la dirección regional del PP para aclarar si pagó con la Visa del Ayuntamiento dos cuentas en un prostíbulo. A la hora de la comparecencia, prevista a las 17.30 horas en la sede del PP de Alicante, Ruiz Meroño comunicó al partido que viajaba hacia Palma de Mallorca.

El PSPV pide que el alcalde de Dolores cancele la Visa municipal

El Grupo Socialista del Ayuntamiento de Dolores (La Vega Baja) ha pedido al alcalde, Antonio Ruiz Meroño, del PP, que cancele "hoy mismo" la tarjeta Visa municipal por los usos "inadecuados e indiscriminados" que hace de ella el regidor, entre otros, el pago con fondos públicos de dos cuentas en un prostíbulo por importe de 99.400 pesetas. En una moción al pleno, el portavoz socialista, Agustín Ródenas, afirma que Ruiz Meroño emplea "a su antojo" la tarjeta Visa del Ayuntamiento.

El alcalde de Dolores, del PP, ordenó pagos a pesar del informe en contra del interventor

Antonio Ruiz Meroño, alcalde del PP de Dolores (La Vega Baja), ordenó en 1998, por decreto, que se abonara una obra a una mercantil propiedad de Ángel Fenoll, empresario estrechamente vinculado a su partido, a pesar de que el interventor municipal le advirtió de que no existía crédito presupuestario para acometer la inversión y de que no se habían cumplido los principios de igualdad y libre concurrencia en las adjudicaciones. Es decir, que el alcalde contrató la obra a dedo. Pese a esta advertencia, el primer edil autorizó, dispuso el gasto y ordenó el pago.