La Junta de Andalucía publicó datos clínicos y personales de los pacientes con demoras en el tratamiento de cáncer

La Junta de Andalucía ha tenido publicados en su página web durante varios meses datos personales y clínicos de los 23 enfermos de mieloma múltiple del Hospital Virgen del Rocío que estaban a la espera de recibir una innovadora terapia CAR-T —llamada Carvykti— y cuyo retraso en ser administrado ha tenido un impacto negativo en la expectativa de vida de los pacientes, según avanzó EL PAÍS este miércoles.

Los datos forman parte de tres informes del servicio de Hematología del hospital elaborados para poner en marcha un expediente de emergencia para comprar la terapia, algo que los profesionales argumentaron en todos los casos aludiendo a “la situación de grave peligro en [la] que se encuentra la vida del paciente”, según el documento.

Estos documentos fueron publicados en la web del Consejo de Gobierno regional tras las reuniones celebradas los días 18 de junio, 4 de agosto y 8 de octubre. Desde entonces, y hasta finales de la semana pasada —cuando toda la información sensible fue ocultada por la Junta con unas franjas negras—, los datos han estado al alcance de cualquier persona que consultara los acuerdos tomados por el Ejecutivo regional.

Según fuentes sanitarias, han sido las quejas de miembros del Servicio de Hematología del Hospital Virgen del Rocío las que han llevado a la Junta a tapar esta información. La petición se hizo cuando el personal sanitario descubrió que sus informes habían sido publicados íntegramente.

La información incluye la fecha de nacimiento o edad, sexo, mes de diagnóstico del mieloma, tratamientos previos recibidos, evolución y recaídas de los enfermos, y reacciones adversas sufridas, entre otros datos clínicos. Igualmente, los documentos hacían en algunos casos previsiones sobre la evolución de la enfermedad y la reducción de la expectativa de vida debida a las demoras en la administración de la terapia CAR-T.

La publicación de este tipo de datos no ha ocurrido hasta la fecha en otras comunidades autónomas y podría vulnerar la legislación europea y española de Protección de Datos. Esta contempla que toda la información referente a la salud de las personas merece una especial protección por parte de las administraciones públicas.

“Según la legislación y la jurisprudencia, la clave en estos casos es si el propio paciente puede reconocerse en la información divulgada y si pueden identificarlo terceras personas. Y en este caso parece claro que los datos hechos públicos sí lo permiten. No todo el mundo podrá hacerlo, pero sí los propios enfermos y personas que formen parte de su entorno familiar, social, profesional...”, sostiene Samuel Parra, abogado especializado en protección de datos.

Este experto ve otro problema en la información publicada. El informe médico incluía expresiones como que las “demoras” en recibir la terapia CAR-T suponían “una disminución de las expectativas de supervivencia libre de enfermedad de entorno al 20% en los primeros dos años” o “implica una disminución en sus expectativas de supervivencia libre de enfermedad de más de 40 meses a unos 34”.

“Son estimaciones y datos muy delicados manejados por los médicos que pueden no haber sido transmitidos de esta forma a los pacientes. O que, si lo han sido, estos no quieren que sean conocidos por otras personas, aunque sean de su entorno. Incluir toda esta información no era necesario para la tramitación de la compra del medicamento ni así lo exige la Ley de Transparencia”, añade Parra.

Román Salesio, responsable de la consultora especializada Sibprodasa, considera en cambio que no se habría vulnerado la protección de datos de los pacientes ya que “la información publicada no es suficiente para que los pacientes puedan ser efectivamente identificados, aunque podría haberse obviado la fecha de nacimiento en los que sí se ha divulgado”.

En todo caso, recuerda este experto, la legislación vigente establece, entre otras medidas de seguridad, “la anonimización de la información antes de publicar un expediente, lo que incluye nombres, edades...”; cumplir con el “principio de necesidad”, por el que solo deben tratarse los “datos estrictamente imprescindibles para llevar a cabo las finalidades del tratamiento y la transparencia, evitando detalles personales o clínicos”; y la aplicación de filtros que hagan que los expedientes que contengan información confidencial sean de “acceso restringido”.

Un portavoz de la Junta de Andalucía niega que “se hayan publicado datos personales” y defiende que “los documentos incluyen la valoración clínica de diversos pacientes realizada por especialistas en Hematología para activar la vía de apremio o urgencia, que permite acelerar el acceso al tratamiento de pacientes candidatos a terapia CAR-T”.

“Esta vía”, sigue esta portavoz, “se activa para agilizar la autorización de compra de esta terapia de forma extraordinaria, permitiendo de este modo iniciar el tratamiento”. La Junta defiende que “gracias a estos trámites, 15 pacientes con mieloma múltiple han recibido este tratamiento en lo que va de año 2025 y se han autorizado 14 pacientes más que están pendientes de completar el proceso de fabricación del CAR-T”.

Cláusulas confidenciales

Los expedientes publicados también revelan una información que las compañías farmacéuticas guardan con mucho celo: las cláusulas que rodean a los pagos que los gobiernos hacen por los medicamentos más innovadores. Una información que compañías y administraciones nunca hacen pública al considerarla confidencial.

El precio del Carvikty que paga la Junta de Andalucía asciende a 367.120 euros por paciente (IVA incluido), según los documentos publicados. Esta cifra se obtiene al dividir el total de los 4.038.320 euros previstos para comprar las terapias por los 11 pacientes incluidos en el tercer informe. La cantidad por enfermo supone un 16% de descuento respecto a los 436.800 euros (IVA incluido) del precio oficial hecho público por Janssen.

El importe final por paciente, sin embargo, está sujeto a un sistema llamado de “pago por resultados” por el que esta cantidad solo se abonará íntegramente en “aquellos pacientes que sobrevivan y estén libres de progresión” de la enfermedad a los 50 meses del inicio del tratamiento.

Según la información publicada por la Junta, el pago por el Carvykti se divide en cinco plazos. El primero de ellos se abona al inicio del tratamiento y es el más elevado, ya que asciende al 33% del precio total, mientras el quinto se abonaría transcurridos 50 meses y corresponde al 15%. Los otros tres plazos se pagan a los 12, 24 y 36 meses de la administración. La fórmula de pago por resultados prevé que los dos últimos plazos solo se paguen si el paciente evoluciona favorablemente y sin recaídas.

La compañía Janssen no ha ofrecido por ahora su posición sobre la publicación de las cláusulas de los contratos.