El Congreso impulsa penas de cárcel para quienes hostiguen a las mujeres que quieren abortar
El PP y Vox han rechazado la propuesta, respaldada por el resto de grupos. El pleno se ha suspendido 10 minutos después de que un diputado de ultraderecha llamara “bruja” a una parlamentaria del PSOE
El pleno del Congreso ha comenzado este martes con las palabras de una mujer anónima: “He llegado a la clínica muy nerviosa porque abortar no es fácil, pero lo peor ha sido el acoso que he sufrido por parte de unos hombres. No sé quienes son los que me han sermoneado, me han enseñado fotos y me han dicho que aquí dentro mueren mujeres”, ha leído en el estrado la diputada socialista Laura Berja. Así arrancaba un debate que ha concluido con el Congreso reclamando un cambio en el Código Penal que incluya hasta un año de cárcel a quienes “hostiguen o coarten la libertad de una mujer que pretenda ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo” en las clínicas. Todos los partidos, salvo PP y Vox, se han mostrado a favor de reformar el Código Penal. Un diputado de la formación de ultraderecha ha insultado a Berja desde las gradas: “Bruja”. La negativa a retirar el insulto primero y a abandonar el hemiciclo después han provocado que el pleno se suspendiera durante 10 minutos.
El vicepresidente primero del Congreso, Alfonso Rodríguez, ha ordenado ese receso tras escuchar el insulto de boca del diputado de Vox José María Sánchez García. Le ha pedido hasta en cuatro ocasiones que lo retirara y ,“en base al Reglamento de la Cámara”, le ha pedido que abandonase el pleno. El diputado ha hecho el amago de marcharse y ha vuelto. “Está usted obstruyendo el debate”, ha dicho el vicepresidente de la Cámara, que finalmente ha ordenado un receso.
“Recen ustedes cuanto quieran, pero dejen a las mujeres ejercer sus derechos”, ha pedido la socialista Berja, que ha sido apoyada por representantes de otros partidos tras el insulto. “Que un inquisidor te llame bruja es un orgullo, compañera”, le ha dicho Íñigo Errejón, de Más País. El debate, ha añadido Errejón, no es “sobre rezar o no rezar”, sino sobre “hacerle más difícil” la decisión a las mujeres que abortan, “aumentar un poquito su dolor”. “Somos las hijas y las nietas de las brujas que no pudieron quemar en las hogueras”, ha añadido la diputada del grupo republicano Pilar Vallugera.
La diputada de Vox María de la Cabeza Ruiz ha acusado al PSOE de “inventar un nuevo delito” con esta propuesta. De la Cabeza se ha referido también a la actual la ley del aborto, “esa ley que el PP pudo derogar y nunca derogó”. María Teresa Angulo, del PP, también cree que el PSOE “penaliza” derechos fundamentales como los de libertad de expresión o de reunión. La diputada popular ha subido al estrado a defender la posición de su partido, muy criticado en la cámara porque la semana pasada votó en contra en el Europarlamento de que la violencia machista se persiga como un delito transfronterizo en toda la Unión, como ya ocurre con el terrorismo o la corrupción.
En la senda de Francia, Reino Unido y Alemania
La iniciativa aprobada en el Congreso supone la toma en consideración del cambio en el Código Penal, en la senda de países como Francia, Austria, Reino Unido, Irlanda o Alemania, que aplican o estudian medidas similares, como establecer perímetros de seguridad en torno a los centros de salud para evitar concentraciones que puedan perturbar a las mujeres.
El Ministerio de Igualdad ha previsto una reforma de la ley del aborto “mucho más profunda que algo que únicamente afecte al Código Penal”, ha recordado la diputada de Unidas Podemos Sofía Castañón. Entre otras medidas, regular la objeción de conciencia que dificulta practicar abortos en la sanidad pública (más del 80% se realizan en clínicas concertadas) y favorece que una mujer tenga una atención diferente según la comunidad en la que vive.
La proposición impulsada por el PSOE plantea añadir un nuevo artículo que castigue con la pena de prisión de tres meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad a quienes “hostiguen o coarten la libertad de una mujer que pretenda ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo”.
Un informe elaborado en 2018 por la Asociación de clínicas acreditadas para la interrupción del embarazo (Acai), con entrevistas a 300 mujeres que acudieron a abortar a varias clínicas de toda España, mostraba que un 89% se habían sentido acosadas y un 66% amenazadas. “Miles de mujeres, se han visto increpadas, insultadas, coaccionadas o amenazadas de algún modo”, explica Acai en su informe, recogido por el PSOE en su propuesta.
En el punto de mira de esta reforma están las autodenominadas asociaciones “próvida”, que promueven y participan en concentraciones en las proximidades de lugares habilitados para interrumpir embarazos. Este miércoles arranca en ocho ciudades de España la campaña 40 días por la vida, inspirada en una movilización iniciada en Texas (EE UU), el Estado que acaba de aprobar la prohibición del aborto a partir de la sexta semana de gestación. La campaña por “el principio del fin del aborto” se inició en España en 2016 y cuenta con la bendición del Vaticano. Distintos voluntarios acudirán entre las 9.00 y las 20.00 a las clínicas hasta el 31 de octubre.
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