El primer juez especializado en violencia contra la infancia: “La justicia no está preparada para el trabajo con víctimas”

El Juzgado de Instrucción 3 de Las Palmas de Gran Canaria será el primero especializado en violencia contra la infancia en España. Es un proyecto piloto que se pondrá en marcha en octubre y durará dos años. Está llamado a convertirse en el campo de pruebas de la extensión de estos órganos al resto del país. El juez Tomás Luis Martín dirigirá el proyecto, autorizado por el Consejo General del Poder Judicial. Empezó a darle vueltas cuando leyó que la ley de protección a los niños y adolescentes daba un mandato al Gobierno para regular en un año la creación de estos órganos. A sus 52 años, con más de dos décadas de experiencia en estos casos, define la oportunidad como el principal hito de su carrera: la posibilidad de transformar los procesos y adaptarlos a las necesidades de los menores. Incluso está trabajando para que puedan ir con su mascota a declarar si eso les hace más llevadero el proceso. “La justicia no está preparada para el trabajo con víctimas, le hace falta modernizarse”, explica.

Muchos niños y adolescentes viven como un calvario el proceso judicial. No hay datos que permitan hacer un diagnóstico exhaustivo, pero se sabe que muchos casos no se denuncian. Y de ellos, solo una pequeña parte llega a juicio. Martín dirige la parte previa, la etapa del procedimiento penal en la que se acredita si hay indicios de delitos. Recalca que es vital la formación y capacitación de los profesionales, que la intervención sea multidisciplinar. “Hay que saber ver a los niños, darles seguridad, adaptarnos a ellos. Si antes de empezar a tomarles declaración necesitan correr por el pasillo, que corran, no hay prisa. Tenemos que percatarnos de si tienen sed, ganas de ir al baño… si necesitan parar el interrogatorio, lo paramos”, sostiene en esta entrevista por videollamada.

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Martín ha seguido al dedillo la tramitación de la ley, que define como “buena” y “necesaria”. Está convencido de que ayudará a una transformación social, como ocurrió en su día con la ley de violencia de género, pero apostilla que una norma no cambia nada en sí misma y que para que se cumpla el mandato que da a la sociedad, “que todos somos responsables de prevenir y detectar precozmente estos casos”, hacen falta mecanismos fiscalizadores. “Ya decíamos en los noventa que debíamos escuchar a los menores. Hacen falta mecanismos que obliguen a que se cumplan los deberes que la ley establece, y financiación. Los más de 70 millones de euros de la memoria económica son insuficientes”. Le preocupa que la norma viene “con mucho papel en blanco, muchas cosas a desarrollar, como órganos o protocolos que deben crearse de cero”. Está convencido de que, salvo sorpresa, la legislatura acabará antes de que se creen juzgados especializados en todo el país.

Evitar un segundo trauma

Por ello ve ahora una oportunidad de innovar, de aportar su experiencia y su manera de trabajar, a través del proyecto piloto. “Hay que dar un buen trato al menor, reducir la revictimización”. Es decir, evitar que el proceso judicial cause un segundo trauma. Aquí la ley aporta un gran avance: instaura la prueba preconstituida para los menores de 14 años, es decir, que solo declararán en una ocasión ante el juez, que será grabada y reproducida posteriormente en el juicio —normalmente se celebra un par de años después—. “No hay ningún motivo para que tengan que declarar más de una vez”, defiende. Algo que, según lamenta, sucede. Por ello Martín celebra la reforma, aunque califica como “uno de los mayores errores” que no se haya extendido esta obligación a todos los menores de edad, “es discriminatorio y contrario a la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”. Él continuará trabajando como hasta ahora, “preconstituyendo siempre”, aunque tenga que justificarlo para la franja de edad de 14 a 18.

La toma de declaración, la exploración de los menores y las evaluaciones periciales son fundamentales en procesos en los que, en muchas ocasiones, la palabra del niño es la única prueba. “Si solo vamos a tener el testimonio de la víctima, debemos tener el mejor testimonio del que seamos capaces”, indica. “Debes llevar el procedimiento en la cabeza y seguir una entrevista estructurada, para que el menor no se retraiga, no se cierre. Si lo hace, significa que ha habido un error nuestro y le estamos haciendo sufrir. En ese caso hay que parar”, defiende.

Por ello, el protocolo en el que está trabajando empezará mucho antes, en el propio hospital. “Será nuestra trinchera”, expone. “Al llegar la víctima, se llamará al juzgado de guardia, al equipo forense de nuestra unidad de valoración integral, la primera especializada en violencia contra la infancia que habrá en España, y a las fuerzas de seguridad. Habrá una actuación conjunta, se podrá presentar la denuncia en el propio hospital. También podremos pedir información a los servicios sociales, ya estamos interconectados”. Su intención, salvo que el interés del menor sea otro, es poner en marcha “el ciclo de los tres días”, en los que la semana siguiente a conocer el delito se tome declaración a los testigos, a la víctima y al investigado.

Con unos juzgados y equipos de psicología forense sobrecargados, que no dan abasto, lo habitual es que los procesos duren mucho más. Sobre todo, cuando se exige “una prueba pericial sobre la credibilidad de los menores, que el propio Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses admitió en 2018 que, en su mayor parte, se realizan mal en España; sus resultados no son fiables”. Él solo las pide cuando, de acuerdo con la Fiscalía, las ve imprescindibles. En esos casos, prevé que su procedimiento de una semana se alargue hasta un máximo de “30 o 40 días”. En cualquier caso, menos que la duración habitual.

La arquitectura de la víctima

Martín explica que ahora mismo los menores se ven sometidos a situaciones “desbordantes, estresantes”: “es algo idóneo para que cuando comience el interrogatorio ante el juez de instrucción vaya todo mal”. Por ello propone que se respete “la arquitectura de la víctima”, con salas de espera adaptadas para niños. “En nuestro juzgado, desde hace tiempo, un policía de paisano recibe a la víctima. No espera, sino que es recibida, y al llegar a la sala yo estoy ya allí”.

“Mi experiencia es que los menores no mienten, solo sucede en situaciones excepcionales”

Reconoce que existe una disparidad entre los casos de violencia contra la infancia que se detectan y los que terminan en sentencia condenatoria. “Probablemente sea todo una condensación de errores en cadena. Si por falta de formación, de medios, de recursos, no aseguras el testimonio [del niño], haces que la víctima declare cinco veces, que vaya a un juicio tres años después, y por contradicciones de algo que ocurrió hace tanto tiempo y ha sido traumático llegas a una sentencia absolutoria, es que hemos sembrado todo un camino de desastres para que el resultado sea desastroso”. De ahí la importancia de adaptar los procesos.

Martín recalca el derecho de los niños a ser escuchados. “Casualmente, cuando un menor habla de maltrato físico, en muy pocas ocasiones se le pone en duda. Ocurre con los delitos contra la libertad sexual. Mi experiencia es que no mienten, solo sucede en situaciones excepcionales”.

Por su despacho pasan los delitos más atroces cometidos por el ser humano. Pero él, recalca, no puede hacer juicios de valor, “ni dictar sentencias absolutorias anticipadas en formas de auto de archivo”. Habla de la cantidad de procedimientos que no llegan siquiera a juicio porque se archivan durante la instrucción. “Cuando una víctima dice una cosa y el investigado, la contraria, eso tiene que ir a juicio. No tengo la posibilidad de decir cuál es la verdad”. Solo de recabar cuantas más pruebas y testimonios, mejor.