La crisis del coronavirus

El Supremo critica el decreto del Gobierno que deja en sus manos las restricciones tras el estado de alarma

Un informe ve “problemas de constitucionalidad” y cuestiona que se sitúe a los tribunales como “copartícipes” de decisiones políticas

Dos trabajadores del Ayuntamiento de Barcelona controlan el aforo de la playa del Bogotell, este jueves.
Dos trabajadores del Ayuntamiento de Barcelona controlan el aforo de la playa del Bogotell, este jueves.David Zorrakino / Europa Press

El gabinete técnico de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo critica en un informe el decreto aprobado por el Gobierno que da a esta sala la última palabra sobre las restricciones que puedan adoptar las comunidades para combatir el virus una vez finalice el estado de alarma. El escrito, de 12 páginas, desgrana dudas no solo procedimentales y de aplicación de la reforma, sino también legales e incluso “problemas de constitucionalidad” porque endosa a los tribunales decisiones políticas. El texto advierte también de que si se multiplican los casos que lleguen al Supremo, “será muy difícil cumplir” el plazo de cinco días que establece la norma aprobada por el Consejo de Ministros.

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El informe elaborado por el gabinete técnico responde a la petición que le formuló este miércoles el presidente de la Sala Tercera (de lo Contencioso-Administrativo), César Tolosa, tras reunirse con los presidentes de las cuatro secciones de la sala. En el encuentro acordaron encargar un informe para disipar algunas dudas de aplicación de la norma aprobada por el Consejo de Ministros y que entra en vigor el domingo. El gabinete técnico ha remitido este jueves a los magistrados de la sala un texto que presenta como una “primera nota de urgencia” que podrá ser “completada o rectificada” en los próximos días, cuando se haga una reflexión más sosegada.

El documento se centra en cuestiones de carácter puramente procesal, pero no esconde una crítica de fondo al decreto del Gobierno. Entre otros aspectos, sugiere que la norma presenta “problemas de constitucionalidad” al situar a los tribunales “como una suerte de copartícipes ejecutivos en el proceso de adopción de medidas administrativas, al modo de competencias administrativas compartidas”. El texto advierte también de la “posible insuficiencia o inadecuación del rango de la norma empleada”, el real decreto-ley, para regular una cuestión que, advierte el texto, “incide en derechos fundamentales”. Con todo, no entra en más detalles sobre los supuestos problemas de legalidad del decreto. “Ambas cuestiones requieren de un estudio profundo que ahora no puede abordarse”, explica el gabinete técnico en el informe.

En lo que sí se explaya es en el análisis sobre las dudas técnicas para aplicar la reforma legal. El texto señala que no queda claro si desaparece el trámite del recurso de reposición ante los tribunales superiores de justicia, un paso que ahora existe en los litigios contenciosos. El decreto estatal establece que este trámite “no es requisito necesario”, pero no dice —“y podría haberlo dicho”, apunta el gabinete técnico— que “no procederá” este tipo de recurso. “El problema es que la norma, tan preocupada por establecer unos plazos procesales perentorios para este peculiar cauce procedimental, no fija un plazo específico ni para interponer ni para resolver ese posible recurso de reposición que, se insiste, no excluye”, señala el informe.

El gabinete técnico se muestra escéptico sobre la posibilidad de que se puedan respetar los plazos fijados por el Ejecutivo para garantizar la agilidad del proceso, que reducen a dos semanas el tiempo máximo que puede transcurrir entre que el tribunal superior autonómico responda a la petición de una comunidad y que el Supremo dé una respuesta definitiva. El itinerario marcado por el decreto da cinco días al Supremo para resolver el recurso de casación, pero el gabinete técnico de la Sala Tercera considera que si se multiplican los casos, “como es de temer”, será “muy difícil” cumplir con este plazo.

Después de que trascendiera el escrito del gabinete técnico, el presidente de la Sala Tercera difundió un comunicado a través de la oficina de prensa del Supremo en el que deja constancia de que se trata de un informe “interno, provisional y no vinculante” y que “no anticipa la postura del tribunal”. Tolosa añade que el documento es solo “un punto de partida para el estudio por parte de los magistrados del nuevo recurso de casación y de los problemas que su aplicación pudiera plantear” y que los magistrados podrán incorporar al texto “las modificaciones que estimen pertinentes”. “No vincula en modo alguno a los miembros de la Sección Cuarta, que serán los encargados del conocimiento de este tipo de recursos”, concluye el presidente de la sala.

Tolosa se desvincula así de las críticas del informe elaborado por el gabinete técnico. No obstante, el propio presidente de la sala cuestionó también el real decreto-ley el pasado miércoles, horas después de que lo aprobara el Consejo de Gobierno. “Los jueces no estamos para gobernar, esas decisiones corresponden a los poderes públicos”, señaló en una entrevista a la agencia Efe, en la que lamentó que el Congreso no haya aprobado una “legislación sanitaria de emergencia” aplicable tras el estado de alarma.

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