Calvo critica que el proyecto de la ‘ley trans’ prevea que “el género se elija sin más que la voluntad”

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha pedido este jueves “seguridad jurídica” en la futura ley trans cuyo borrador ha creado nuevas fricciones entre los socios de Gobierno, PSOE y Unidas Podemos. El proyecto prevé que los mayores de 16 años puedan cambiar el nombre y el sexo en el DNI sin más requisitos que la “declaración expresa” de la persona, la llamada libre autodeterminación de género. “A mí me preocupa fundamentalmente la idea de pensar que el género se elige sin más que la mera voluntad o el deseo, poniendo en riesgo, evidentemente, los criterios de identidad del resto de los 47 millones de españoles”, ha dicho Calvo en la cadena SER.

Desde el Ministerio de Igualdad, que encabeza la número dos de Unidas Podemos, Irene Montero, han guardado silencio. Pero el portavoz de su partido en el Congreso, Pablo Echenique, ha hablado para reprochar los argumentos “crueles y agresivos” contra el colectivo trans que a su juicio ha vertido la vicepresidenta. “Esto es sin duda sorprendente y nos lleva a preguntarnos si este debate no tiene que ver con que Unidas Podemos esté en el Gobierno y, en concreto, en el Ministerio de Igualdad”, ha cuestionado Echenique.

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) lamenta las “palabras desafortunadas” de la vicepresidenta. “La identidad de género no se elige sin más, no es un capricho, no es voluntad, ni es deseo. Las personas trans somos trans”, ha recalcado su presidenta, Uge Sangil. La federación plataforma Trans va más allá y pide “la dimisión” de Calvo: “Nos parece inaceptable y una frivolidad que la identidad de las personas trans se sitúe en el derecho o capricho”. Ambas organizaciones han colaborado con Igualdad en la elaboración del borrador.

Fuentes del Ministerio de Igualdad recordaban el miércoles que “apenas hay diferencias” entre el borrador que han elaborado con una veintena de organizaciones LGTBI y trans y una proposición de ley impulsada por el PSOE en 2019 en la Comisión de Justicia. Aquella propuesta, respaldada por unanimidad en el Parlamento (se votó antes de que Vox entrara en la Cámara), ya contemplaba la posibilidad de un cambio legal del sexo y el nombre en el DNI sin necesidad de informes médicos ni de hormonación, como se precisa ahora en virtud de la ley previa sobre los derechos trans, aprobada por el PSOE en 2007. El cambio en el registro “no precisa de más requisitos que la declaración expresa de la persona interesada”, recogía la reforma propuesta hace dos años por el PSOE.

“El problema no es solamente la edad”, ha señalado la vicepresidenta respecto a que el borrador incluya cambiar el nombre y el sexo en el DNI con un mínimo de 16 años sin que haga falta el permiso familiar en el caso de los menores de edad, como ya incluía la propuesta socialista de 2019. “El problema es que tenemos que generar nuevos derechos que tienen que entrar a funcionar con otros derechos que ya existen. Los derechos nunca son absolutos en democracia, siempre tienen límites que ponen otros derechos”, según Calvo. Parte del movimiento feminista, entre las que se encuentran algunas feministas históricas del PSOE, llevan meses denunciando que la libre autodeterminación de género puede tener consecuencias nefastas para las mujeres en el abordaje de la violencia de género o la paridad, un aspecto que ha calado dentro del PSOE. La propia Calvo firmó en verano un argumentario de su partido sobre este asunto en calidad de secretaria de Igualdad del PSOE. El argumentario, que la plataforma Trans tilda de “documento transfóbico”, se preguntaba “cómo se traslada un sentimiento y su expresión —especialmente cuando no se mantiene estable en el tiempo—, al ordenamiento jurídico”.

Calvo critica que el proyecto de la ‘ley trans’ prevea que “el género se elija sin más que la voluntad”

Calvo ha reivindicado que “todas las leyes de igualdad entre hombres y mujeres que se han hecho en este país las ha hecho el PSOE”, y ha recordado que todas han sido recurridas “por la derecha española” pero todas pasaron “la prueba del Tribunal Constitucional”. “El movimiento feminista, de donde yo provengo”, añade la vicepresidenta primera del Gobierno, “es el gran paraguas que ha protegido a estos colectivos siempre y lo va a volver a hacer, pero tenemos que seguir trabajando en la seguridad jurídica”.