habitantes del mundo abandona su hogar contra su voluntad
millones de desplazados forzosos en 2019
el porcentaje que España registra de los nuevos solicitantes de asilo
34 años | Caracas, Venezuela
Residente en España por razones humanitarias
Dos delincuentes le pegaron un tiro al jugador profesional de tenis de mesa Efraín Cañizales a la salida de un banco en Caracas (Venezuela) en 2015. Querían el dinero que acababa de sacar y la moto que tenía aparcada. Y las dos cosas se llevaron.
Uno de los choros (ladrones) temió que les identificaran y, alterado, disparó a los pies de este venezolano de 34 años, que se revolvía en el suelo junto a su bastón. La bala no le alcanzó.
El atraco y un robo posterior de 400 euros en su casa aceleraron la huida a España de este deportista que aspira a competir en los Juegos Paralímpicos de Tokio en 2021. Paralímpicos porque un accidente de coche en 2007 le inutilizó la pierna izquierda. “Vendimos el carro de mi mujer y mi camioneta y nos fuimos a España. Creíamos que el dinero que habíamos reunido [4.000 euros] era mucho y resultó no ser nada”, cuenta Cañizales en el colegio Batalla de Brunete, en Brunete (a 35 kilómetros al oeste de Madrid), donde enseña tenis de mesa a niños y adultos del pueblo.
Fuente: 'Tendencias globales. Desplazamiento forzado en 2019', Acnur.
La experiencia de Cañizales como deportista de élite le acredita para dar clases. Amante de la competición, encontró dificultades en Venezuela en algunas ocasiones. “Tuve problemas con la Federación Venezolana de Tenis de Mesa. Me apartaban de los torneos a pesar de ser yo el campeón. Cuestiones políticas. Corrupción”, relata vestido con ropa de marcas específicas del deporte que practica. Cañizales llegó a Madrid junto a su mujer embarazada y su hijo de 11 años en julio de 2016. Venezuela ha perdido el 65% de su riqueza entre 2014 y 2019, según el Fondo Monetario Internacional. Este país caribeño que entre 1920 y 1980 experimentó la mayor tasa de crecimiento de Latinoamérica cuenta con 4,5 millones de desplazados (refugiados, solicitantes de asilo o en situación irregular), de acuerdo al informe 'Tendencias globales. Desplazamiento forzado en 2019' que Acnur publica todos los años. “Me llamaron para extorsionarme. Como era deportista profesional salía en los medios de comunicación. Pensaban que tenía dinero”, narra.
Una prima de su esposa instalada en el pueblo de al lado, Villanueva de la Cañada, les ayudó a asentarse en la zona. A los seis meses consiguió el trabajo que aún conserva en la lavandería de una residencia con 80 discapacitados. Al poco tiempo pasó de ayudar a recoger las mesas de pimpón del colegio a convertirse en entrenador de los chavales. No sin antes haber vendido arepas y empanadas a sus futuros alumnos y a los padres de estos. “Todo lo he conseguido gracias al deporte”, cuenta. Cañizales, que recibió el permiso de residencia por razones humanitarias en agosto de 2019, ha formado en Madrid un equipo de sóftbol (un deporte popular venezolano parecido al béisbol pero que se juega con una pelota más grande y ligera).
Sophie Muller es la representante de Acnur en España. Criada en Montpelier (Francia), ocupa el máximo cargo de la agencia para los refugiados desde el pasado octubre. Muller, que atiende por teléfono, explica por qué España otorga permisos de residencia por razones humanitarias a los venezolanos. “Fue una decisión pragmática. El volumen de llegada de solicitantes de asilo de este país era tan grande que era la manera más rápida de garantizar su protección y de no ser devueltos”. El permiso de residencia y trabajo tiene un año de duración y es renovable.
A Efraín Cañizales le habría gustado competir como refugiado bajo la bandera de Acnur en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2021. Al conseguir el permiso de residencia no le va a ser posible. “Es decisión del Comité Olímpico Internacional. Hay que entender que España ha decidido otorgar esta categoría a los venezolanos para agilizar su protección”.
A Cañizales le llaman profesor por la calle, los niños y los paisanos. “Me gusta. Eso no se gana de la noche a la mañana”. Una señal de respeto que a veces tiene que recordar a su hijo adolescente Breiner, cuando se comporta como lo que es. Al españolete, como le llama con cariño por el acento local que adoptó a los pocos día de instalarse en Brunete, le compara la vida de antes en el complicado barrio caraqueño de Artigas con la de ahora. “Allá en Venezuela los barrios son fuertes y peligrosos. Son barrios, barrios. Tú no sabes lo que es la calle”, cuenta que le dice a su hijo. “Me he codeado con gente muy mala”, explica este venezolano que cursó la carrera de Educación Física y la de Administración, si bien no las terminó. “No veas cómo la gente del pueblo me respeta. Soy reconocible por cómo camino y por lo que he logrado en el deporte”.
La familia de Efraín Cañizales al completo.
Efraín con la moto que le robaron.
El equipo de sóftbol que lidera Cañizales.
En el patio del colegio Batalla de Brunete (Brunete, Madrid).
Breiner es buen estudiante y su padre, como todos los del mundo, solo quiere lo mejor para él. “Le gusta la educación física y la computación. Querría mandarle a EE UU con una beca”, añade Cañizales, que antes del accidente tenía un acuerdo con una universidad de Iowa (EE UU) para progresar en su carrera de jugador profesional de béisbol y jugar algún día en la Major Baseball League (MBL). Su hijo practica este mismo deporte en Madrid. Los fines de semana Cañizales entrena a un equipo de kicking ball (como el béisbol pero se juega con los pies) formado por mujeres. “Mi esposa se viene conmigo a los partidos. Brenda estuvo conmigo cuatro meses a mi lado en el hospital tras el accidente de coche de 2007. Es la mujer que no me ha dejado nunca”, afirma este obstinado deportista, que ha habilitado una bici con un solo pedal para dar vueltas por Brunete.
Cañizales no quiere volver a su país. Está a gusto en “su pueblo”. “Claro que me gustaría ir a Venezuela. Pero una semana a la playa o a la casa del pueblo”, cuenta. “Nos iba bien allí. Habíamos alcanzado el nivel de vida que queríamos. Pero la situación es difícil. Algunos chicos de mi barrio a los que entrené se convirtieron en delincuentes. Esos mismos que robaron en mi casa”, describe este aficionado del Barça —por Messi— y del Atleti —por ser rival del Madrid—.
Fuente: 'Tendencias globales. Desplazamiento forzado en 2019', Acnur.
27 años | Ibb, Yemen
Refugiado que huyó de la guerra
El vuelo que tomó el refugiado yemení Ghazi Naser para abandonar su país hace dos años le costó 700 dólares, un 75% de la renta per cápita anual de este Estado de 29 millones de habitantes ubicado en el sur de la península Arábiga. La tierra fértil de Yemen es el lugar donde se libra desde 2015 una guerra subsidiaria (dos o más potencias utilizan a un tercero en vez de enfrentarse directamente) entre Arabia Saudí, que impulsó la llegada de un nuevo mandatario tras la deposición de Ali Abdalá Saleh en la Primavera Árabe de 2011, e Irán, que está del lado de los rebeldes huthis, una minoría de origen chií. “El problema no es la religión, sino el petróleo, el dinero”, explica Naser, que no se posiciona ni con unos ni con otros y se limita a contar que “de un día para otro comenzaron los bombardeos, incluso en el estadio de fútbol”. Cinco años después la cuenta asciende a 24,4 millones de yemenís que necesitan ayuda humanitaria, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) para el Yemen.
Fuente: 'Tendencias globales. Desplazamiento forzado en 2019', Acnur.
Naser reside en Jerez de la Frontera (Cádiz) desde principios de 2019. El viaje comenzó hace dos años en su ciudad natal Ibb, donde cogió un autobús hasta la oriental Seiyun con el pretexto de ir a renovar el pasaporte. Tras 24 horas de camino y de riesgo se subió a un avión con destino Jartum (Sudán), la primera de la decena de paradas que tenía por delante. Hoy vive en Jerez con el estatus de refugiado a la espera de reunir a su mujer e hijo de siete años, que aguardan para acudir desde Malasia.
El concepto técnico se conoce como extensión familiar del derecho de asilo. Sophie Muller, representante de Acnur en España, señala la importancia de indicar con rigurosidad desde que una persona llega a España y pide asilo, quienes son sus familiares para facilitar los trámites de reunificación en el futuro. La protección del asilo se puede hacer extensible al cónyuge, a los hijos menores de edad y a dependientes. Cuando los hijos cumplen los 18 años, se valora la dependencia económica para decidir sobre la reagrupación, pero Acnur considera fundamental que se valore también la dependencia afectiva.
Amparados por la ley, aún enfrentan muchas dificultades burocráticas porque intervienen distintas autoridades en un proceso que puede alargarse más de un año. A esto se suma la dificultad de los refugiados para demostrar el parentesco cuando no cuentan con toda la documentación que se requiere. “En ocasiones se pide a los refugiados que presenten pruebas de ADN para demostrar los vínculos biológicos”, comenta Muller. Aprobada la solicitud, como en el caso de Naser, los costes del traslado los asumen los propios refugiados o las ONG con fondos gubernamentales.
Este activista por los Derechos Humanos cursaba Tercero de Derecho en la capital, Saná, cuando comenzó el conflicto. En los años anteriores había gestionado una web en la que denunciaba la corrupción del país y participado en varias manifestaciones en contra de la excesiva presencia de militares. “Las milicias armadas me arrestaron. Dejé de pronunciarme por mi familia. Tenía miedo de que les pasara algo”, relata por teléfono Naser, ahora convertido en una especie de youtuber al montar un pequeño estudio en su casa para grabar vídeos en los que explica la situación de Yemen a la comunidad árabe.
Un selfi con su padre.
Con su madre, que vive en Malasia.
Con su hijo de siete años.
Ghazi Naser con uno de sus mejores amigos, que murio asesinado en Yemen.
El estudio que ha montado en su casa.
En una protesta en Yemen.
“Todo el mundo tiene allí un arma ahora. Puedes ir a la tienda a comprar y no volver. No hay Gobierno”, afirma Naser, que antes de huir perdió a un amigo que salió a hacer un recado. Según la OCHA, 20.000 civiles han muerto en esta guerra. 3,6 millones han abandonado sus casas, según Acnur.
Yemen, territorio donde se ubicaba el preislámico reino de Saba, casi toca con el cuerno de África: 28,5 kilómetros de mar Rojo lo separan de Yibuti. En esa misma región, golpeada por el hambre y la guerra, se encuentran Etiopía, Eritrea y Somalia. Paradójicamente, Yemen cuenta con 255.343 refugiados y solicitantes de asilo somalís (el 90,5% del total). “Se trata de una región que sufre inestabilidad desde hace 20 años”, afirma Muller, que ha trabajado en contextos complicados también como en Burundi, un Estado que iniciaba el retorno de sus desplazados por la guerra desde Tanzania y que aun así acogía a refugiados del Congo. Muller habla con frecuencia de regiones en lugar de Estados y advierte: “Cuando un país está desbordado se debilita la región entera, en ocasiones hasta el punto de afectar al propio sistema de protección y de derechos sociales que tiene ese Estado con sus ciudadanos”. Un ejemplo: Líbano cuenta con un refugiado por cada siete libaneses.
Fuente: 'Tendencias globales. Desplazamiento forzado en 2019', Acnur.
El padre de Naser, hoy exiliado con su mujer, su nuera y su nieto en Malasia, era un hombre de negocios en Ibb. Tenía una inmobiliaria y una agencia de viajes, que vendió cuando el aeropuerto se cerró por la guerra. Para costear la salida de sus hijos, este yemení de 55 años vendió una de las cuatro viviendas que poseía. El hermano mediano de Naser es el que más lejos está. Trabaja en el manejo de una grúa en Michigan (EE UU). El menor de los tres, que llegó a España seis meses después de Naser, vive en Murcia. “Todavía tengo algún problema con el idioma pero me siento como en mi país. La gente es amable”, afirma Naser, que habla un inglés salpicado de expresiones en español de las que está cansado de usar, como estado de alarma o petróleo. La primera explica casi todo en el último trimestre; la segunda, en el último siglo.
Antioquia, Colombia
Desplazada interna en Colombia/Refugiada en España
El Ejército colombiano, al que Luisa María –nombre ficticio– había denunciado por raptos y asesinatos, era el que irónicamente le brindaba protección en la puerta de su casa para evitar represalias. Esta campesina próxima a cumplir 60 años nacida en la zona boscosa de Antioquia (noroeste de Colombia) acusaba a algunos miembros de las fuerzas estatales de reclutar a gente pobre y desvalida para ejecutarlos y hacerlos pasar por bajas en combate de miembros de grupos ilegales, lo que se conoce como falsos positivos. Una manera que tenía el Ejército de conseguir gratificaciones en el conflicto armado contra la guerrilla que comenzó en 1960 y que ahora llega a su fin con los Acuerdos de Paz entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Amenazada por denunciar la instalación de minas antipersona o la introducción de material de guerra en la zona, esta líder social sufrió un intento de asesinato en 2011. Los militares que la tenían que proteger se habían marchado sospechosamente del lugar ese mediodía. “Casi siempre pasa lo mismo. Se retira el Ejército y atacan los paramilitares”, narra. El caso lo lleva la fiscalía de Medellín. Los hechos no se han esclarecido.
Luisa María huyó con su marido y sus tres hijos a la mañana siguiente. Un mes antes habían asesinado al vicepresidente de la Junta de Acción Comunal, una organización democrática que promueve el desarrollo económico y social en estas zonas rurales a las que no llega el Estado. Luisa María era la presidenta de esta Junta, afanada en mejorar las condiciones de vida de la zona para que no se fuera “más gente a las ciudades a vivir en la miseria”. Desde principios de 2010, un año antes del asesinato todavía impune del vicepresidente, esta mujer que llegó a liderar a 2.500 vecinos cambiaba con frecuencia de ubicación. “Me iba al pueblo de al lado, a otras casas”, cuenta. El conflicto armado colombiano ha causado 262.197 muertes, según un informe del Centro Nacional de Memoria Histórica colombiano. El caso del vicepresidente de la Junta está en manos de la fiscalía especializada en Derechos Humanos de Bogotá.
El Estado colombiano se encargó de su cuidado a través de la Unidad Nacional de Protección y la trasladó a Medellín, la capital de Antioquia, y más tarde a Bogotá. Ella y su familia se habían convertido en lo que se conoce como desplazados internos. Los movimientos forzosos dentro de Colombia por conflictos o violencia ascendieron a 139.000 en 2019, según el informe de Acnur. “No podíamos aparecer en ningún registro público para que no nos encontraran. Nuestros tres hijos estaban sin escolarizar, teníamos que recurrir a médicos privados”, explica por teléfono esta ingeniera forestal. Buscados aún en Bogotá, deciden salir.
Fuente: 'Tendencias globales. Desplazamiento forzado en 2019', Acnur.
Luisa María y su familia abandonaron Colombia en 2013 gracias a un programa de protección de Amnistía Internacional. Recalaron en Valencia y después se asentaron en un pueblo pequeño en otro lugar de la geografía española. Al poco de llegar accedió a un puesto en el castillo del municipio, que dejó por una lesión en la rodilla, y desde hace dos años regenta un colmado. Su marido cuida de un rebaño de vacas en una finca y sus dos hijas mayores, ya en la veintena, estudian en la capital de la provincia.
Luisa Maria oculta su identidad porque sigue amenazada.
Una lesión de rodilla le obligo a abandonar su puesto de administrativa.
Tras su accidente, Luisa María regenta una tienda de comestibles.
La colombiana, en el interior de su colmado.
La representante de Acnur en España, Sophie Muller, explica por qué los desplazados internos se mantienen en un segundo plano o trascienden menos que los refugiados. “Al no tener consecuencias inmediatas en los países de la región se quedan un poco en el olvido de la atención internacional”. Y añade: “Algunos reciben protección nacional y se mueven de un lado para otro. Es un problema de derechos humanos, con vínculos políticos y económicos importantes. Las consecuencias para el sistema de protección del Estado hacia sus ciudadanos hacen que personas necesitan moverse de un lado para otro”. Colombia, con un problema de desplazados internos acuciante, es sin embargo el segundo país del mundo que más refugiados acoge: 1,8 millones, en su mayoría procedentes de la vecina Venezuela, según el último informe de Acnur.
Fuente: 'Tendencias globales. Desplazamiento forzado en 2019', Acnur.
Algunos de los desplazados forzosos como Luisa María se instalan en España, que aglutinó el 6% de las nuevas solicitudes de asilo el año pasado. “Amnistía Internacional nos ofreció trasladarnos a Países Bajos o Canadá. Pero preferimos España por el idioma y la cultura”, cuenta esta colombiana. Luisa María solicitó la nacionalidad española en marzo de 2018, pero aún está en trámite.
“Una vez acá nuestra intención era no perder la identidad campesina”, añade esta ingeniera forestal, que estudió a distancia en la Universidad de Medellín. Un día entero le llevaba cada vez que tenía que asistir a una clase presencial. La carretera más cercana en la que tomar un transporte motorizado se encontraba a tres horas a caballo de su casa. Entusiasta al teléfono, Luisa María extraña su tierra, a sus vecinos. “A lo mejor éramos 40 o 50 apellidos diferentes pero nos comportábamos como una familia. Resistimos mucho porque somos muy comunitarios”, afirma. En esa zona de clima húmedo tropical cultivaban maíz, yuca, café, frijol… Todo para todos. En el pueblo de España en el que residen siembran lechugas, tomates, cebollas... Por suerte le encanta el gazpacho, o esa “sopa fría” como le gusta decir por lo inusual que le resultaba al principio.
Acnur cuenta con programas de acompañamiento a refugiados que quieren retornar a sus países de origen y brinda protección a apátridas, que no tienen acceso a una nacionalidad por ley
La vuelta de refugiados a sus países que abandonaron de manera forzosa es complicada. 317.200 retornaron el año pasado, según el informe de Acnur. Sophie Muller, representante de la Agencia en España, apunta la falta de estabilidad de los países de origen. “Primero se necesita seguridad física. Pero luego es necesaria una seguridad económica y que se cumplan los derechos sociales”. Y hace un llamamiento. “El sector privado se tiene que involucrar. Cuanto más apoye las causas humanitarias más paz habrá y por lo tanto será más beneficioso económicamente para ellos”.
Muller trabajó en Burundi durante tres años en un programa para ayudar a retornar a refugiados que se habían exiliado en Tanzania por la guerra. La problemática de la zona, con muchos desplazados congoleños que recalaban precisamente en Burundi, complicó el retorno de los burundianos. “Acompañar y guiar ha sido una función tradicional de Acnur. Algunos no pudieron integrarse por el debilitamiento del país”.
Sophie Muller, representante de Acnur en España.
La nacionalidad otorga protección. Justo lo que los apátridas no tienen. “Esta situación a veces acarrea la falta de acceso a otros derechos como la educación, la protección o una seguridad económica. Frecuentemente hay cierta persecución”, afirma Muller. Según el informe de Acnur de 2019, 754.500 apátridas consiguieron una nacionalidad en la última década.
Acnur describe la razones por las que se puede ser apátrida: discriminación contra determinados grupos étnicos o religiosos (algunas minorías encuentran problemas para demostrar su vinculación con el país, como en el caso de los albaneses residentes en Macedonia del Norte); motivos de género (las leyes de ciudadanía en algunos países discriminan a la mujer por lo que presentan un mayor riesgo de resultar apátridas); aparición de nuevos Estados y transferencias de territorio entre los Estados existentes. La apátridia debido a la disolución de Estados afecta en Europa a 600.000 personas. Los Estados con más apátridas son Bangladés, Myanmar, Tailandia y Costa de Marfil. Este último registró 955.400 el año pasado.
Fuente: 'Tendencias globales. Desplazamiento forzado en 2019', Acnur.