_
_
_
_
_

La veterinaria del Ayuntamiento de Sevilla imputada por el ‘caso Magrudis’ responsabiliza a la Junta

La inspectora admite que una compañera ordenó limpiar las naves de Magrudis al pensar que se trataba de un brote de salmonella

Eva Saiz
El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, y el consejero de Salud, Jesús Aguirre, visitan a afectados por la listeriosis en agosto de 2019.
El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, y el consejero de Salud, Jesús Aguirre, visitan a afectados por la listeriosis en agosto de 2019.ALEJANDRO RUESGA

La veterinaria del Ayuntamiento de Sevilla que realizó las dos únicas inspecciones a las que se sujetó la empresa Magrudis, responsable del mayor brote de listeriosis de España, ha trasladado la responsabilidad de las tareas de supervisión a la Junta de Andalucía. La técnico municipal ha declarado ante la juez que instruye la causa en calidad de investigada, lo que acerca la posibilidad, si se hayan indicios de culpabilidad, de que el Consistorio hispalense asuma el coste de las indemnizaciones de los afectados, entre ellos cuatro fallecidos —entre ellos un bebé que nació prematuramente en febrero de 2019— y siete abortos.

Más información
La juez del ‘caso Magrudis’ imputa a una veterinaria del Ayuntamiento de Sevilla
Los empleados de Magrudis confirman ante la juez irregularidades de los propietarios

La inspectora, que solo ha respondido a preguntas de la juez y la fiscal, ha señalado que a quien correspondía autorizar las inspecciones de Magrudis era a la Junta de Andalucía y que lo hizo en 2015 “comunicándole al Ayuntamiento que debe hacer esas inspecciones”, de acuerdo con su declaración, a la que ha tenido acceso este diario.

La veterinaria también ha asegurado que es la Junta de Andalucía quien elabora anualmente un plan de inspección y otro de supervisión. “A Magrudis se va porque hay que hacer una inspección oficial. La supervisión está toda programada y es diferente a una inspección”, ha señalado.

“La supervisión supone una inspección mucho más a fondo, se realiza por dos personas. Mientras que la inspección solo dura una mañana, en la supervisión el plan de autocontrol se estudia a fondo y tarda alrededor de una semana”, explica a este diario José Luis Carrillo, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Veterinarios de Huelva.

En función de la calificación de los riesgos, la frecuencia de inspección y de supervisión varía. En su primera visita a la cárnica de 24 de noviembre de 2016, la veterinaria calificó como tipo A, que obliga a una inspección cada seis meses y a una supervisión cada 12. La segunda inspección se realizó ocho meses después, el 18 de julio de 2017. Entonces rebajó el riesgo al C, que relaja los períodos a 18 meses y a dos años, respectivamente.

"Se pensó que más que listeria era salmonella"

La veterinaria no volvió a Magrudis hasta el 16 de agosto de 2019, un día después de que la Junta de Andalucía activara la alerta sanitaria por listeriosis sobre la carne mechada de la cárnica. Ella, sin embargo, se enteró por la prensa de esa decisión, ha reconocido a las preguntas de la Fiscalía. Fue una compañera quien acudió el día 14 de ese mes a tomar las muestras de ese producto y que resultaron positivas por listeria. También ha asegurado que fue esa inspectora quien “aconsejó” que se “limpiaran y desinfectaran” las naves ya que “se pensó que más que listeria era salmonella, que es lo lógico en verano”.

Esas tareas, sin embargo, comenzaron el 16, tal y como reconocieron varias de las empleadas de la cárnica. Una de ellas testificó que las muestras para el laboratorio se recogieron tras desinfectar la nave. Cuando la veterinaria llegó ya estaban en la empresa miembros de los laboratorios Biocontrol tomando aislados. Ella misma, según ha declarado, también los tomó del carro de horneado y del condensador de la sala de enfriar el producto. De los análisis de las muestras realizadas por el Ayuntamiento, solo dieron positivos por listeria los del carro de horneado.

La técnico municipal también ha sido interrogada por la ausencia de documentación en el sistema de autocontrol de Magrudis. Tal y como adelantó este diario, una de las veterinarias municipales, la misma que ordenó la limpieza de la cárnica el 14 de agosto, le reclamaba por teléfono a Sandro Marín —en prisión preventiva junto a su padre, José Antonio Marín Ponce, como responsables del brote de listeriosis— que faltaban planes esenciales como el de desinfección y limpieza de las instalaciones, el de mantenimiento de la cadena de frío o la trazabilidad. La inspectora investigada ha asegurado que cuando ella visitó la empresa en julio de 2017 todos estaban incluidos.

La veterinaria ha afirmado que Marín Ponce y su hijo les mintieron sobre la elaboración de chorizo en sus naves, asegurándoles que solo habían hecho pruebas. La Junta se vio obligada a ampliar la alerta sanitaria a todos los productos de Magrudis el 29 de agosto al comprobar que fabricaba dos variedades de ese embutido y morcilla.

Piden que el consejero de Salud declare como testigo

El testimonio de la funcionaria municipal no ha convencido a los abogados que representan a los grupos de afectados. El bufete Ateneo Abogados ha presentado esta misma mañana un escrito en el que pide nuevas imputaciones. Consideran que lejos de aclarar, aún ha dejado más patente el “descontrol que hubo por parte del Ayuntamiento de Sevilla en la supervisión” de empresas, en concreto Magrudis, por ello piden que se llame como investigada a la veterinaria compañera de la que ha declarado hoy y al consejero de Salud, Jesús Aguirre, en calidad de testigo para que aclare quién tiene las competencias en materia de supervisión.

Durante la crisis sanitaria surgió una controversia en el Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de Andalucía a cuenta de las competencias en materia sanitaria. El Ayuntamiento hispalense, junto con el de Granada y el de Málaga mantienen un régimen de excepción que determina que los inspectores veterinarios dependan de las corporaciones municipales y no de los Gobiernos autónomos. Eso conlleva a que las tareas de inspección sean de su competencia.

La asociación de consumidores Facua, que fue quien primero solicitó la imputación de la veterinaria municipal también ha anunciado que en los próximos días pedirá que se llame a más funcionarios del consistorio sevillano como investigados.

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
_

Sobre la firma

Eva Saiz
Redactora jefa en Andalucía. Ha desarrollado su carrera profesional en el diario como responsable de la edición impresa y de contenidos y producción digital. Formó parte de la corresponsalía en Washington y ha estado en las secciones de España y Deportes. Licenciada en Derecho por Universidad Pontificia Comillas ICAI- ICADE y Máster de EL PAÍS.

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_