La Fiscalía pide seis meses de prisión para el hombre que ayudó a morir a su mujer, enferma de esclerosis múltiple
El Ministerio Fiscal notifica que no se opondrá al indulto de Ángel Hernández si resulta condenado
La Fiscalía Provincial de Madrid solo pedirá seis meses de prisión para Ángel Hernández, el hombre que el 3 de abril de 2019 ayudó a suicidarse a su mujer, María José Carrasco, casi inmovilizada por la esclerosis múltiple que padecía. En una nota emitida por la institución, el representante del Ministerio Público le imputa un delito de cooperación al suicidio, pero, a la vez, anuncia que “para el supuesto de que se dictase sentencia condenatoria y se tramitase expediente de indulto, el Ministerio Fiscal, atendidas las circunstancias concurrente en el presente caso, emitirá informe favorable”. La Fiscalía precisa que en este caso “concurren las atenuantes de confesión y parentesco”.
En su escrito, el Ministerio Fiscal detalla todo el proceso desde que a Carrasco se le diagnosticó la esclerosis múltiple en 1989, siete años después de que iniciara su relación con Hernández, y cómo este fue centrándose en su cuidado, hasta que “en 1999, el acusado se acogió a una excedencia laboral y, a partir de ese momento, se dedicó en exclusiva al cuidado de su mujer”.
También se relata cómo, a partir de 2007, la pareja solicitó plaza en una residencia a la Comunidad de Madrid, “denegándosela la Consejería de Familia y Asuntos Sociales”. Fuentes de este departamento declararon cuando se supieron las circunstancias del caso que en el plazo entre la primera solicitud y el suicidio de la mujer se les ofreció en una ocasión una plaza, pero que la rechazaron porque no la consideraron adecuada a las características de la mujer. También dijeron que las condiciones socioeconómicas de la pareja dificultaban su acceso al servicio.
El Ministerio Fiscal relata asimismo cómo la voluntad de la mujer de poner fin a su vida antes de verse completamente impedida para ello era manifiesta desde hacía años, y que al menos a partir de 2018, “las peticiones de María José de poner fin a su vida dignamente fueron constantes. Hizo un testamento de últimas voluntades y manifestó de forma expresa que rechazaba su alimentación por vía artificial (sonda nasogástrica o gastrostomía percutánea)”.
La pareja dio una entrevista a este periódico en octubre de 2018, seis meses antes del suicidio, donde ella reiteró su voluntad de quitarse la vida. Con la voz forzada y un poco gutural, porque ya tenía bastante paralizada la garganta y los músculos abdominales, Carrasco fue concluyente. Ante la pregunta de si no quería esperar a que su situación fuera a peor para recibir cuidados paliativos dijo claro a cámara: “No quiero dormirme, quiero morirme”.
También se ve claramente en el vídeo que grabó Hernández, que fue cámara de televisión en la Asamblea de Madrid, la voluntad de ella por ingerir el medicamento con el que iba a quitarse la vida, y cómo él le pregunta varias veces si está decidida a suicidarse, y ella contesta que sí. La pareja difundió esa grabación a varios medios, ya que ambos tenían claro su intención de que su caso fuera una llamada para que el Parlamento español tramitara una ley de eutanasia. Si esa norma estuviera en vigor no habrían tenido que recurrir al suicidio, manifestaron a este periódico. La ley se encuentra en fase de tramitación después de que en septiembre el Congreso rechazara las enmiendas a la totalidad propuestas por PP y Vox.
El escrito de la acusación recoge así esos últimos momentos: “Tal y como había acordado la pareja, sobre las 10.00 del día 3 de abril del 2019, estando solos en su domicilio, Ángel, con la intención de cumplir el deseo de María José, que estaba inmovilizada en su cama”, vertió el medicamento que habían comprado por Internet “en un vaso con una pajita y se lo acercó a la boca, siendo la señora Carrasco la que lo ingirió con la pajita. A los 10 minutos”, la sustancia "provocó la muerte de María José por una intoxicación aguda que provocó una depresión respiratoria y neurológica en ella”. “Acto seguido, el acusado llamó a emergencias para contar lo que había ocurrido. Y esperó en el domicilio a la llegada de una dotación Cuerpo Nacional de Policía”.
En un giro insólito, el caso de Hernández acabó en un tribunal de violencia de género, que es el que ha llevado las diligencias hasta ahora. Según la abogada del hombre, que se enteró por la prensa del escrito de la Fiscalía, este es muy favorable –incluso si le condenaran a los seis meses no tendría que entrar en prisión–, pero dependerá de él lo que vayan a hacer, ya que para el acusado su caso no es solo algo personal, sino que se ha esforzado en hacerlo público para impulsar la legalización de la muerte digna.
