La crisis del coronavirus

La Fiscalía no aprecia “relevancia penal” en la gestión de las residencias en Madrid en la pandemia

El ministerio público archiva la primera denuncia que recibió y fija el camino a seguir con el resto

Varios operarios trasladan cadáveres desde una residencia de Madrid, en una imagen del pasado abril.
Varios operarios trasladan cadáveres desde una residencia de Madrid, en una imagen del pasado abril.Ángel Díaz Briñas / Europa Press

Decisión de calado en la crisis por la gestión de las residencias de la Comunidad de Madrid durante la primera oleada del coronavirus. La Fiscalía de Madrid ha archivado la primera denuncia que recibió sobre el tema al no apreciar “relevancia penal” tras recabar informes y documentación de la Administración. Según ha informado este jueves a través de un comunicado, el ministerio público descarta que se pueda imputar un delito de homicidio u omisión de socorro a los responsables y sanitarios de uno de estos centros, donde murieron 23 personas, por lo que ordena dar carpetazo al asunto. En ese escrito, además, marca su criterio general a seguir en el resto de casos abiertos en la región.

Aunque la Fiscalía admite que hubo una “una falta generalizada de cierto material sanitario y de equipos de protección” —así como “una saturación de los servicios médicos de asistencia primaria y hospitalaria”—, concluye que se actuó siempre conforme a la ley, teniendo en cuenta además “las especiales circunstancias en que se produjo el riesgo”. Señala también que las autoridades y los gestores de esta residencia tomaron medidas para tratar de combatir la situación excepcional a la que se enfrentaron. “Si bien es cierto que la actuación pudo haber sido diferente en caso de no habernos encontrado inmersos en una pandemia, en ese contexto se adecuó a lo que le era jurídicamente exigible”, puntualiza.

Esta decisión de la Fiscalía de Madrid, que rechaza la primera denuncia presentada por el Defensor del Paciente, sienta un importante precedente. El ministerio público tiene abiertas en la Comunidad cerca de 50 investigaciones por la gestión de las residencias y, con este archivo, se marca la línea a seguir. Según detallan fuentes jurídicas, aunque se estudia cada caso por separado, aquí se fijan los “criterios generales” a valorar. Y, de hecho, en los próximos días se prevé dar carpetazo a otros seis casos similares en la región. A los afectados les queda, eso sí, acudir personalmente a un juzgado a denunciar por lo penal o ir a la vía civil para reclamar una indemnización. Un grupo de familiares ya lo hizo y presentó una querella donde culpaba de las muertes a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y a otros miembros de su Gobierno. Pero un juzgado de Leganés desestimó sus pretensiones.

Informes de la Administración

Antes de posicionarse en el caso anunciado este jueves, la Fiscalía recabó documentación de la Consejería de Políticas Sociales y del centro, y solicitó un informe a la geriatra de referencia de las residencias de Madrid sobre los criterios de naturaleza médica, clínica o asistencial “que hubieran determinado la decisión sobre las derivaciones sanitarias en las fechas de los hechos”. La residencia y el Gobierno de Madrid, en manos de PP y Cs, explicaron entonces que se detectó el 8 de marzo el primer caso sospechoso de coronavirus y que, a partir de ese momento, se informó a los familiares y se activaron los mecanismos de actuación: primero se aislaron áreas específicas para más tarde suspender las actividades comunes y suprimir las visitas.

“A medida que la situación avanzaba, se dispusieron nuevas medidas: se realizaron desinfecciones, requiriendo la colaboración de la Unidad Militar de Emergencias (UME) cuando fue preciso, y se siguieron los protocolos sanitarios para los casos de fallecimiento en residencia”, subrayó la Consejería. El informe encargado también resaltaba que se facilitaron equipos de protección individual a los trabajadores a medida que estaban disponibles, según explica el ministerio público, que insiste en que a la residencia como tal tampoco se le pueden atribuir los delitos de homicidio imprudente, omisión del deber de socorro y denegación de asistencia médica. “No están contemplados entre los que puede cometer una persona jurídica [...], sin perjuicio de la posible responsabilidad civil que en su caso le pudiera corresponder”, remacha.

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