Familias gallegas se querellan contra la residencia DomnusVi de Cangas por el trato a dos ancianas durante la pandemia

Dos familias gallegas han registrado este jueves una querella criminal conjunta contra la residencia DomusVi de Aldán (en Cangas, Pontevedra) y la consejera delegada de Geriatros S.A.U., Josefina Fernández, por homicidio, lesiones, abandono de incapaces y omisión del deber de socorro durante los meses de la pandemia.

La querella, que hacen extensible al director general de Mayores y Personas con Discapacidad de la Xunta, así como a la jefa del Servicio de Inspección de Mayores, recoge los desgarradores relatos de los familiares de dos mujeres residentes sobre el trato que aseguran que estas recibieron. Los demandantes incluyen una documentación que “ilustra una actuación absolutamente negligente, imprudente y errática”, según consta en el texto de la demanda.

Una de las familias que firma la querella explica cómo tuvo que “rescatar” de la residencia a su madre y trasladarla a su casa “tras sufrir 50 caídas” en sus ochos meses de ingreso en ese centro y la mayoría en el periodo de confinamiento.

La otra familia tuvo peor suerte: su madre murió en la residencia.

En el primero de los casos, la mujer ingresó con un peso de 70 kilos, caminando por su propio pie y autónoma en sus funciones de aseo y necesidades fisiológicas.

Cuando su hija se la llevó a su casa, había perdido 20 kilos y “su situación y grado de independencia empeoraron drásticamente al haberla postrado [en la residencia] en una silla de ruedas que no necesitaba durante más de dos meses y haberla incluso obligado a utilizar pañal”.

Las constantes caídas le provocaron “diversas lesiones entre ellas derrames en distintas partes del cuerpo y la rotura de la prótesis dental”.

Ante las dificultades para contactar con el centro y recibir información, remitió un burofax reclamando datos sobre el estado de su madre y que le entregasen un teléfono que le permitiese estar en contacto con ella. No le contestaron por lo que acudió al 061 para recibir información.

Cuando consiguió llevar a su madre a casa no le dieron el historial médico ni información sobre las medidas implementadas durante el estado de la pandemia.

La otra familia demandante enumera una situación de abandono de su madre (suciedad constante en la boca, en la ropa y en el calzado) durante el tiempo, anterior a la pandemia, en que la visitan.

Empezaron entonces a gestionar un traslado a otro centro que no consiguieron nunca. Mientras duró la crisis sanitaria por la covid-19 no lograron información del centro, que suspendió las videollamadas, ni respuesta a la oferta de la demandante para ejercer como voluntaria.

Ante la ausencia de noticias de su madre, hablaron con la Consellería de Asuntos Sociales, con Inspección, Guardia Civil, Policía y Fiscalía del Ayuntamiento de Cangas para que alguien acudiese a la residencia a comprobar la situación.

A finales de marzo, la Xunta intervino las residencias de Aldán y Barreiro convirtiéndolas en “integradas”, pero según los demandantes la ausencia de comunicación no mejoró.

Tras numerosas peticiones consiguieron que una animadora social les enviase pequeños vídeos de su madre, que aparece levantando el pulgar, aunque “en un estado deplorable, con suciedad, sin la dentadura, con la silla de ruedas bajo la cama…”. Su familia temía que pudiera estar deshidratada y reclamó constantemente que le diesen agua. Finalmente, la ingresaron afectada por coronavirus en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, donde falleció.

Los demandantes advierten de que hay otros familiares de residentes en esa misma residencia pendientes de ejercitar también acciones judiciales y que denuncian otros hechos graves. La cascada de acusaciones sobre la residencia DomusVi de Aldán incluye además de las bajadas de peso de hasta 17 kilos en solo unos meses, cuadros graves de deshidratación, falta de limpieza e higiene, sobremedicación y administración de medicamentos pautados para otros pacientes, entrega de pertenencia de otros residentes, faltas de medidas de prevención y seguridad, desinformación sobre la situación clínica del familiar, fallecimientos inesperados y previsiblemente en soledad, abandono absoluto por parte de la administración autonómica y respuestas evasivas por parte de los servicios de inspección, entre otras.

Los familiares aseguran que durante estos meses trataron de colaborar con el centro de forma reiterada y solo encontraron una “actitud de desidia, obviando ofrecimientos de entrega de material sanitario, de voluntariado”.

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