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Las grandes empresas empiezan a hacer test masivos a sus empleados

Sanidad defiende que se hagan exámenes solo a personas con síntomas compatibles con el virus

Una trabajadora sanitaria muestra un kit para tomar muestras y realizar una prueba PCR en un hospital belga.
Una trabajadora sanitaria muestra un kit para tomar muestras y realizar una prueba PCR en un hospital belga.YVES HERMAN (Reuters)
Elena G. Sevillano

El Ministerio de Sanidad se mantiene firme en su recomendación de hacer pruebas PCR de coronavirus solo a las personas con síntomas de padecer la enfermedad y a personal sanitario y esencial. Pero las empresas, especialmente las grandes, se han cansado de esperar y están actuando por su cuenta. Quieren volver a la actividad “con garantías”, aseguran fuentes de una gran constructora. Muchas ya están haciendo test masivos a todos sus trabajadores en laboratorios privados que les cobran entre 50 euros, si se trata de pruebas serológicas de anticuerpos, y 120 euros en el caso de PCR, la más fiable y que detecta la infección activa.

Mientras Sanidad y las comunidades aún están diseñando el plan para empezar a hacer pruebas a las personas sospechosas de padecer coronavirus y rastrear a todos sus contactos —una medida clave durante la desescalada—, hay empresas que ya han testado a miles de trabajadores asintomáticos. Los epidemiólogos no lo recomiendan. Aseguran que es caro, que funcionan mejor otras medidas y que puede generar una falsa sensación de seguridad.

“Las empresas están aterradas con reabrir y que un empleado asintomático o con síntomas leves contagie al resto de compañeros y tener que enviarlos a todos a casa en aislamiento preventivo”, dice Luis Reinoso, presidente de la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo. A mediados de abril, Sanidad publicó una orden para tomar el control de los laboratorios privados y ponerlos al servicio de la pública pero, en la práctica, estos siguen trabajando como antes.

Albert Sumarroca, consejero delegado de Synlab, una de las mayores empresas de análisis clínicos, califica la orden de “cortina de humo”: “Estamos bajo la supervisión y coordinación de las comunidades desde el primer día y siempre hemos reportado los casos positivos”. Lamenta que la sanidad no esté usando sus recursos: “Hay capacidad de sobra para hacer PCR. Se podrían hacer muchas más de las que se hacen”. No era así hace unas semanas, cuando fue “dramática” la falta de reactivos. “Las casas no tenían, los países acaparaban. Estuvimos bloqueados, pero ahora hay estabilidad en el suministro”, añade.

Las compañías de prevención de riesgos laborales inundan estos días las bandejas de correo electrónico de las empresas con ofertas. Unos ofrecen PCR, otros test serológicos… Hay clínicas que da cita para una extracción de sangre, como ha comprobado este diario, a pesar de reconocer el paciente que no tiene síntomas. Junto con el test serológico (50 euros), ofrecen la consulta con un médico que será el que lo prescriba. La orden de Sanidad deja muy claro que los laboratorios privados siempre necesitan una prescripción médica para hacer un test. Las empresas grandes solucionan ese requerimiento con sus propios servicios de prevención, donde trabajan médicos del trabajo o preventivistas. Las pequeñas recurren a empresas externas que dan ese servicio o a las mutuas.

La mayoría de compañías consultadas están optando por las pruebas de anticuerpos, que determinan si una persona ha pasado la enfermedad. Otras, como Seat, ha hecho ya 5.800 análisis PCR a los trabajadores que empezaron a trabajar hace unos días en las primeras líneas de producción abiertas tras el parón de actividad. Su objetivo, explica Patricia Buch, jefa del servicio de salud y seguridad de la empresa, es “hacer un testeo preventivo para poder aislar antes de que alguien tenga síntomas”. “Tenemos varios miles de personas en un espacio cerrado y queremos recuperar la actividad sin exponer a los trabajadores”, añade. Un solo trabajador afectado acarrearía cientos de contactos. El día 27, cuando atendió a EL PAÍS, llevaban 4.000 análisis hechos y habían encontrado nueve positivos, todos asintomáticos salvo por pequeñas molestias como la anosmia (pérdida del olfato). Iberdrola ha optado por test PCR además de pruebas de anticuerpos a todos los trabajadores antes de su reincorporación para obtener “un mapeo epidemiológico de la plantilla”. Endesa está haciendo pruebas de anticuerpos. El Corte Inglés, que cuenta con una plantilla de 280 profesionales sanitarios, está empezando a hacer test rápidos (no precisan laboratorio) de anticuerpos al personal que se vaya a incorporar a su puesto.

“Dispendio económico discutible”

Pere Godoy, presidente de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), considera las pruebas masivas en empresas “un dispendio económico que es discutible”. Asegura que el foco debería estar en otras medidas más efectivas y económicas para evitar la transmisión: garantizar la distancia entre los trabajadores, la facilidad para que se laven las manos con frecuencia (con toallas de papel para secarse), la limpieza de las superficies y el uso de mascarillas. Las PCR, añade, tienen una efectividad “muy limitada”: informan si ese día un trabajador tiene una infección activa, pero ese trabajador podría contagiarse al día siguiente en su casa o en cualquier otro sitio. Las de anticuerpos, añade Godoy, informan de una infección pasada, pero tampoco sirven para saber si ese empleado está enfermo ahora. Seat no se ha planteado repetir periódicamente las PCR, pero sí está controlando la temperatura a diario a todos los empleados y proveedores que entran y salen.

Los empresarios defienden que nadie les ha dicho que no puedan hacer test y adelantan que cada vez se van a hacer más. “Cada uno mira por sus intereses”, dice Miguel Garrido, vicepresidente de CEOE. “Nosotros tenemos que mirar por la seguridad de nuestros trabajadores y por la viabilidad de nuestro negocio. Desde el punto de vista sanitario que se establezca lo que sea, pero mientras sea legal procuraremos hacerlo”. La CEOE alertó hace más de un mes al Ministerio de Sanidad de que los empresarios querían hacer pruebas a sus trabajadores. “No se decidió esa estrategia”, resume Garrido, que recuerda algún caso de pruebas requisadas. Se conoció el caso de Siemens Gamesa, pero a otra gran constructora también le ha sucedido.

Alfonso Apellaniz, presidente de la Sociedad Española de Medicina y Seguridad en el Trabajo, apunta a la “falsa sensación de protección” que puede dar la realización de estas pruebas. “La enfermedad está con nosotros hace 150 días. Todavía no sabemos cuánto dura la defensa de los anticuerpos”, recuerda. “Es una enfermedad comunitaria, no laboral”, defiende, y asegura que habría que seguir la estrategia de la Administración. Las pruebas, añade, deberían hacerse en todo caso “en coordinación con las autoridades sanitarias y ser complementarias” de las que hagan los servicios de salud.

Reinoso reconoce que evidentemente cuando se hace el test a todos los empleados no hay una indicación clínica que lo justifique. Las pruebas no deberían ser “café para todos”, es decir, masivas a todos los trabajadores: “Tienen que ser con criterio médico, según síntomas, antecedentes de vulnerabilidad, factores de riesgo laboral, medidas preventivas, adoptadas, convivientes…” Reinoso también cree que se genera un problema de equidad entre trabajadores que dependen de servicios de protección ajenos y los que tienen su propio servicio de prevención de riesgos laborales. Estos últimos tienen ahora más herramientas, asegura, frente a la pandemia. Este experto afirma que el Ministerio de Sanidad solo precisa en su protocolo que la PCR debería hacerse a pacientes sintomáticos y personal crítico, pero no habla de los asintomáticos, que son la población diana de los médicos del trabajo. “No hay prohibición expresa”, añade, respecto a los test serológicos y pruebas rápidas.


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Sobre la firma

Elena G. Sevillano
Es corresponsal de EL PAÍS en Alemania. Antes se ocupó de la información judicial y económica y formó parte del equipo de Investigación. Como especialista en sanidad, siguió la crisis del coronavirus y coescribió el libro Estado de Alarma (Península, 2020). Es licenciada en Traducción y en Periodismo por la UPF y máster de Periodismo UAM/El País.

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