Al menos 3.600 personas han muerto en residencias de mayores por el coronavirus

Al menos 3.600 personas han muerto en residencias de mayores durante la crisis del coronavirus. Otras 6.600 se han contagiado. El Gobierno no informa de la cifra oficial, remite a las comunidades. Pero cada autonomía decide cómo presenta los datos, así que los más de 3.600 fallecidos son el resultado de recopilar la información que facilita cada región. La cifra incluye una aproximación para Madrid (2.000), que no da estadísticas oficiales pese a ser la más golpeada por la pandemia, y no tiene en cuenta Castilla y León, que no especifica los afectados en residencias de mayores. No obstante, aunque los datos sean imperfectos, por las diferencias metodológicas y la falta de test que el sector lleva semanas reclamando, permiten dimensionar el problema. Son uno de los focos de contagio durante esta pandemia. Estos centros son el hogar de personas especialmente vulnerable, por su edad y porque presentan patologías previas. En España hay más de 5.400 residencias con cerca de 381.000 plazas, según datos del Imserso en 2018.

La situación empeora a medida que avanza el virus. Los sindicatos, patronales y asociaciones profesionales llevan semanas reclamando equipos de protección para frenar los contagios, pruebas que permitan afinar los diagnósticos y una atención sanitaria para los residentes. Aseguran que el material sigue sin llegar de manera generalizada, igual que los test, especialmente en las comunidades con mayor número de casos, Madrid y Cataluña. En los centros se trabaja al límite, dicen.

“Las residencias de mayores no estaban preparadas, como no lo estaba nadie, para una crisis de este calibre. No son servicios sanitarios, sino centros de servicios sociales, un lugar para convivir. En ningún caso pueden ser responsables de la atención sanitaria ni de las limitaciones y dificultades que actualmente tiene un sistema de salud que está desbordado”, expone José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Explica que los médicos de las residencias no pueden prescribir recetas como los de atención primaria y reclama apoyos que, asegura, siguen sin llegar.

Pese a las dimensiones de la pandemia, Madrid ni siquiera ofrece datos concretos en residencias. La primera aproximación la dio este jueves la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, al reconocer que este mes se ha triplicado la cifra de fallecidos, al pasar de un millar a unos 3.000, por cualquier causa (este jueves, Europa Press ha informado de 3.383, citando datos oficiales). Ella reconoció que se trataba de una aproximación, pero su afirmación refleja que hay una diferencia de 2.000 entre el millar de muertes que se registra de media y la que se registra estos días. “Es insuficiente el apoyo que se está dando a los mayores. Hay que reclamarlo a las consejerías. Necesitamos apoyo médico. En Madrid hay un geriatra que supervisa la situación en los centros, pero sigue sin haber derivaciones. Llamas y te dicen que no lo pueden atender”, se queja Jesús Cubero, secretario general de la patronal Aeste. “Tenemos una sensación de impotencia, de angustia, de desolación por todo lo que está pasando”, explica Miguel Vázquez, presidente de la plataforma Pladigmare, que agrupa a familiares de residencias en Madrid. “La Comunidad lo está haciendo muy mal. Avisamos la semana pasada de que hay centros que no están aislando correctamente a los residentes, ¿así cómo se va a parar el virus?”.

Tampoco especifica una cifra en residencias de mayores Castilla y León, que la semana pasada daba datos de 810 centros de mayores y personas con discapacidad y esta semana ha ampliado la red de centros hasta juntar la información de 1.214. En ellos han muerto 332 personas a las que se les había realizado el test y otras 461 con síntomas compatibles. Imposible saber, sin embargo, cuántas de ellas vivían en las 698 residencias de mayores de la comunidad.

Así que, obviando los datos de Castilla y León, la siguiente comunidad con mayor número de fallecidos es Cataluña. La pandemia no solo ha dejado 571 fallecidos, sino también plantillas diezmadas: hay más de 3.000 trabajadores contagiados y la Generalitat solo ha cubierto el 4% de las bajas. Pese a las quejas del president Quim Torra (JxCat) por la gestión de Asuntos Sociales (en manos de ERC, sus socios de Gobierno), el secretario de Asuntos Sociales, Francesc Iglesias, ha insistido este viernes en que “no ha habido errores”.

“Necesitamos pruebas”

Sin embargo, Cinta Pascual, presidenta de la patronal Ceaps, califica de “infierno” la situación para los centros. ”Los test no llegan a las residencias. Si un mayor se pone enfermo y tiene síntomas y va al hospital, le hacen las pruebas. Si se queda en la residencia, no se las hacen. Está siendo un infierno esto. Si no hay PCR [la prueba que se usa para diagnosticar la Covid-19] no solucionaremos el problema. Necesitamos pruebas, equipos de protección individual. Están muy bien las desinfecciones, pero nos faltan médicos", reclama en un vídeo. En él, asegura que trataron de comprar 5.000 test. “Esta tarde nos han avisado de que no nos llega, se ha requisado. No podemos ni comprar”.

A la situación desesperada en muchos centros se añade que las comunidades ni siquiera se ponen de acuerdo en sus propios datos. En Cataluña y Castilla y León, por ejemplo, la consejería de salud informa sobre fallecidos en el hospital, donde se incluye también a los ancianos ingresados tras haber sido derivados desde residencias. Pero luego otros departamentos encargados de las políticas sociales recopilan datos de los usuarios de residencias, independientemente de si mueren en el hospital o en el centro. Es decir, que una misma persona puede ser contabilizada dos veces. El Ministerio de Sanidad no aclara qué directrices se ha pedido a las comunidades que sigan para recopilar sus datos.

Con información de Virginia Vadillo, Jessica Mouzo y Cristina Huete.

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