Brasil cierra su frontera con Venezuela para contener el coronavirus
La medida será por 15 días y pone en riesgo la política de recepción de emigrados venezolanos
Brasil es uno de los últimos países en América Latina en anunciar el cierre de sus fronteras, a pesar de estar al frente en número de infectados por el Covid-19. Aun así, lo ha hecho solo parcialmente. El Gobierno de Jair Bolsonaro ha publicado este miércoles en un decreto que restringe “excepcional y temporalmente” la entrada al país durante 15 días a los extranjeros que llegan por tierra desde Venezuela. “Cerramos fronteras, pero especialmente allí donde está nuestra gran preocupación, que es Venezuela”, ha dicho Bolsonaro este miércoles en una rueda de prensa, sentado junto a sus principales ministros. Según el balance de los Estados brasileños, se estiman en alrededor de 400 brasileños infectados este miércoles – incluidos dos ministros de primera línea de Bolsonaro —, y cuatro muertos. El Gobierno nacional no ha actualizado este miércoles las cifras, pero más temprano declaró el “estado de calamidad” en todo el país.
La medida para frenar la entrada de extranjeros por su frontera llega tarde en comparación con otros países del continente, y con un cierto matiz ideológico. Pero está en consonancia con la tendencia global y la de los países vecinos, que, en alerta por la rápida proliferación del coronavirus en Latinoamérica, han empezado a restringir la circulación en las fronteras. Colombia, Perú, Argentina y Chile anunciaron el cierre de sus fronteras el domingo, y más tarde lo hicieron Bolivia y Paraguay. Brasil todavía prepara la reciprocidad de la medida para los países vecinos. Según el ministro de Justicia, Sergio Moro, “se está analizando la posibilidad de cerrar temporal y, exclusivamente por razones sanitarias, la frontera de Brasil con otros países”.
La decisión brasileña está respaldada por la Ley N° 13.979, del 6 de febrero de 2020, que determina las acciones que se tomarán para enfrentar la emergencia de salud pública resultante del coronavirus. La medida se basa en la dificultad del Sistema Único de Salud (SUS), la sanidad pública brasileña, para “tratar a los extranjeros infectados con el SARS-CoV-2”. Sin embargo, el tráfico de mercancías por carreteras estará permitido.
Venezuela era el candidato ideal para la medida: vive un serio conflicto diplomático, no solo con Brasil, sino también con Estados Unidos, país con el que el Gobierno de Bolsonaro está extremadamente alineado, además de ser el origen del flujo migratorio más reciente al país. El gobernador de Roraima, que hace frontera con Venezuela, ya había solicitado que se revisara la libre circulación. La pregunta es en qué medida esta acción es efectiva para contener la epidemia en Brasil, ya que el país vecino todavía tiene pocos casos diagnosticados, solo 33. Y también en qué medida el cierre de la frontera a la población más vulnerable de América del Sur afectará los derechos básicos garantizados por ley, que chocan con algunas disposiciones del decreto.
Brasil, refugio de miles de venezolanos
Entre 2013 y 2019, 264.000 venezolanos registraron algún intento de regularización migratoria. En junio de 2018, en una iniciativa sin precedentes desde el inicio de la crisis en el país vecino, el Comité de Refugiados (Conare) comenzó a clasificar a Venezuela como un “país en una situación de grave violación de los derechos humanos”, lo que permitió que los inmigrantes pudieran pedir asilo: hasta entonces, solo se les concedía a los venezolanos el visado humanitario, que permitía la residencia en el país. Desde que se lanzó la medida, más de 70.000 venezolanos han solicitado refugio, según datos del Observatorio de Migraciones Internacionales (OBMigra).
El coronavirus es un elemento nuevo que pone en peligro esta política nacional de migración. “Hemos tenido varias otras amenazas de cierre de fronteras en Roraima e intentos de restringir el acceso de los venezolanos a los servicios públicos, que han culminado en violaciones sistemáticas de los derechos de estos ciudadanos”, dice dice Karina Quintanilha, abogada especializada en migración y organizadora del Foro Internacional Fontié ki Kwaze – Fronteras Cruzadas. “La medida alaba los intereses políticos del gobernador del Estado de Roraima, que utiliza un contexto de crisis global para justificar una medida aparentemente arbitraria”, añade.
La abogada advierte que aún no existen políticas claras para la prevención del coronavirus para las personas que circulan entre fronteras, ya sean terrestres o marítimas, ni la “preocupación con la prevención de las personas que regresan de los principales países de Europa y Estados Unidos, lugares muy afectado por el virus”.
Quintanilha también recuerda que, debido a una política reciente del Gobierno de Bolsonaro, el principio de reciprocidad en la entrada de inmigrantes ya no se utiliza, lo cual facilitó la entrada de personas de Estados Unidos, Canadá, Japón y Australia. Esto plantea nuevas dudas: ¿volverá a utilizar Brasil el principio para cerrar fronteras con países que, unilateralmente, deciden impedir la entrada de brasileños?
La situación fronteriza preocupa al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que publicó un documento en el que advierte que, aunque los países puedan implementar medidas que incluyan la clasificación de personas dependiendo de su estado de salud, la realización de pruebas médicas a personas que buscan protección internacional no puede motivar el rechazo de una solicitud de asilo.
“En el decreto del Gobierno, tenemos dos puntos que chocan con las garantías previstas en la ley: la no criminalización de la migración y el principio de no retorno de los solicitantes de asilo, y que no las puede suspender un decreto”, dice Quintanilha, refiriéndose al artículo 6 del documento, que establece que podrá “responsabilizarse civil, administrativa y penalmente al agente infractor [el inmigrante]”. Se permite, aún, la “deportación inmediata del agente infractor y el rechazo de la solicitud de asilo”.
