El obispo Carrasco Rouco, al frente de la Comisión de Educación que negociará con el Gobierno

El papa Francisco se ha negado a venir a España en viaje oficial con el argumento de las disputas internas en la Conferencia Episcopal y entre los obispos en activo, buena parte opuestos al estilo eclesial del Pontífice argentino. “Iré cuando haya paz”, ha dicho el Papa en al menos tres ocasiones. ¿Hay paz ya en la Conferencia Episcopal Española (CEE)? No lo parece. Hay vencedores y vencidos, pero los derrotados en las votaciones han demostrado la fuerza que se les suponía. Un ejemplo es la elección, en la noche de este martes, del obispo de Lugo, Alfonso Carrasco Rouco, para presidir la Comisión Episcopal de Educación y Cultura, encargada de negociar o combatir las propuestas legislativas del Gobierno de turno. Carrasco Rouco es sobrino del cardenal Antonio María Rouco y se formó en las universidades de Teología de Friburgo (Suiza) y Múnich (Alemania).

En la cúpula, la CEE está gobernada por dos cardenales a punto de jubilarse, elegidos este martes: Juan José Omella, presidente, cumple 74 años el próximo abril; Carlos Osoro, vicepresidente, 75 en mayo. Pero la Comisión Ejecutiva, cerrada ya de noche tras decenas de votaciones para decidir a sus nueve componentes, señala a los prelados del futuro, salvo que el Papa acierte en la elección de eclesiásticos distintos cuando decida sustituir al grupo de arzobispos que ya le han presentado la renuncia. El arzobispo de Oviedo, el más votado, es el madrileño Jesús Sanz Montes, de 65 años; el murciano Ginés García Beltrán, obispo de Getafe, tiene 59; Mario Iceta, obispo de Bilbao, nació en Guernica hace casi 55 años; el extremeño José María Gil Tamayo, prelado de Ávila, cumplirá en junio 63; el manchego José Ángel Saiz Meneses, obispo de Terrassa, no ha cumplido los 64, y el valenciano Jesús Catalá Ibáñez, prelado de Málaga, tiene 70 años. Como se ve, ninguno es catalán, aunque Saiz Meneses es pontífice en una diócesis de esa comunidad. La ausencia de prelados catalanes subraya hasta qué punto ha penetrado en el resto del episcopado el discurso de que la unidad de España es un bien moral que no debe discutirse (tesis, entre otros, del cardenal Antonio Cañizares y del arzobispo Sanz Montes, que han pedido oraciones por esa unidad).

Subrayar la edad de la comisión que va a gobernar la CEE (los estatutos señalan que se ha acabado el presidencialismo vigente) no es suficiente para constatar la proclamada derrota del sector conservador. Varios han estudiado en el seminario de Toledo, el vivero hace años de los nuevos sacerdotes, todos en la estela de Juan Pablo II, nada amigo de las reformas del Concilio Vaticano; y casi todos completaron estudios en Roma, en las universidades Pontificia Gregoriana, de los jesuitas; en el Pontificio Ateneo Antonianum, de los franciscanos, o en la Pontificia Universidad Salesiana.

Hay una excepción. Este martes ya había anochecido cuando se iniciaron las votaciones para elegir a los presidentes de las 10 comisiones episcopales, que, por serlo, formarán parte de la Comisión Permanente de la CEE junto con los arzobispos en activo. El primero de los elegidos fue Alfonso Carrasco Rouco. Es obispo de Lugo y presidirá la comisión episcopal para la Educación y Cultura. Suele señalarse, además, que es sobrino del cardenal Rouco, pero sería injusto suponer que le debe el cargo.

Carrasco Rouco nació, como su famoso tío, en Villalba (Lugo), hace 63 años, y estudió Filosofía en la Pontificia Universidad de Salamanca (1973-1975) y Teología en las universidades de Friburgo (Suiza) y de Múnich (Alemania). En 1992 regresó a Madrid como profesor de Teología Sistemática del Instituto Teológico San Dámaso. También ha sido consiliario de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) y decano de la Facultad de Teología San Dámaso. Benedicto XVI le nombró obispo de Lugo en noviembre de 2007.

En la Conferencia Episcopal ha pertenecido a la Comisión para la Doctrina de la Fe y ahora dirige la de Educación, un campo donde los obispos se confrontan siempre con los Gobiernos de izquierdas por dos motivos trascendentales para ellos: la financiación de los centros concertados católicos, en los que el Estado gasta cada año casi 5.000 millones de euros, y por el estatus, siempre en discusión, de la enseñanza del catolicismo en las escuelas públicas y concertadas, con profesorado pagado por las Administraciones educativas (unos 700 millones cada curso), pero seleccionado por los obispos para cada curso escolar.

Distinto estilo, el mismo programa

Si se acepta la idea de que en la Conferencia Episcopal conviven dos sectores, uno moderado y otro conservador, en función, ahora, del entusiasmo que hayan expresado respecto a la gestión y el discurso del papa Francisco, no hay duda de que los conservadores han sufrido una sonora derrota. Poniendo nombres, han ganado los prelados que Francisco señaló aupándolos a las sedes episcopales principales y con el capelo cardenalicio, los arzobispos Omella (Barcelona) y Osoro (Madrid), y ha perdido la generación anclada en el estilo de los papas anteriores, en concreto, los prelados cercanos al poderoso cardenal Rouco, durante muchos años miembro de la pontificia congregación que nombraba a los obispos.

No todo es tan simple. Suele decirse que no hay cosa que se parezca más a un obispo que otro obispo. Omella no es más prudente ni suave en los modos que el presidente saliente, Ricardo Blázquez, y Osoro fue hecho obispo por Juan Pablo II y ascendido al arzobispado por Benedicto XVI, es decir, con el apoyo de Rouco. No les diferencia la doctrina ni sus posiciones ante las reformas que han ido tomando los Gobierno de izquierdas, sino el tono, los discursos. Entrevistado en la noche del martes en la cadena Trece, la televisión de la CEE, Omella lo dejó claro: no a la eutanasia, no a pagar el IBI, no a la reforma de la ley educativa si afecta a los centros católicos, no a tocar el privilegiado estatus de la asignatura de religión… ¿Que se expresó pacíficamente, sin escatimar sonrisas y matices? Rouco, sabio y paciente, nunca levantó la voz, si se exceptúa su participación en manifestaciones en la calle contra el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.